lunes 6 diciembre, 2021
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ONG rebasan su capacidad de atender a mujeres víctimas de violencia ante inacción del Estado

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Las casas de abrigo en el país han sido desmanteladas con el pasar de los años. Pese a que en las leyes venezolanas se establece que en cada municipio debe haber al menos una, los cuatro sitios oficiales para el refugio de una mujer víctima de violencia ya no están operativos. Ahora, algunos de ellos funcionan como sede de reuniones del PSUV 


En Venezuela, cada 18 horas ocurre una acción violenta contra la mujer. Impartir justicia y protegerlas, así como elaborar políticas o planes nacionales con un enfoque multidimensional que contribuyan a eliminar la violencia de género, son obligaciones atribuidas al Estado venezolano. Sin embargo, ante su evidente inacción respecto al agravamiento de la agresión a la mujer y al aumento de femicidios en el país —con el confinamiento por la pandemia por coronavirus como factor agravante—, las ONG han asumido más responsabilidades de las correspondientes y han sobrepasado sus capacidades para asistir a las víctimas.

Los operadores de justicia, que deberían garantizar los derechos de protección de la mujer y el debido proceso, en la mayoría de los casos no están prestos a atender denuncias contra agresores, por lo que las mujeres —ya con temor a denunciar y vulnerables ante un aumento de riesgos para sus vidas y las de sus hijos— terminan no denunciando para evitar ser revictimizadas y sufrir violencia institucional, denunciada ya por asociaciones como Tinta Violeta. Así, la escasa formación de funcionarios sobre el abordaje institucional de la violencia contra la mujer alimenta la cultura de la no denuncia.

Si bien existe una Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en los entes judiciales venezolanos las credenciales policiales y  militares están por encima de cualquier precepto constitucional.

Griselda Barroso, abogada de Fundamujer, denunció que en 2021 han atendido al menos cinco casos en los que los agresores a mujeres son policías o militares, por lo que cuando estas esposas o concubinas intentan hacer justicia, las denuncias quedan sin efecto.

«En primer lugar, tenemos ciudadanas parejas de militares o policías que han acudido para pedir apoyo psicosocial y jurídico porque son víctimas de violencia. En esos casos el arma debe ser retenida  y no lo están haciendo. Una vez estas mujeres intentan denunciar y se sabe quién es el agresor, se conoce el rango y el cargo dentro de la fuerza pública, ellos  entorpecen el procedimiento y violentan el debido proceso. No conforme con violar las convenciones, estos hombres, una vez que se enteran de que han ido a denunciarlos,  comienzan a amedrentarlas y amenazarlas con que las van a llevar a la jurisdicción militar para ser acusadas de traición a la patria», explicó Barroso.

En ese sentido, la directora de la Clínica Jurídica de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), Aura Janesky Lehmann, comentó también que, en los órganos receptores de denuncias, quienes las reciben a veces son vecinos y amigos de los agresores por lo que, según las condiciones de las víctimas —si  tienen o no un lugar en donde refugiarse—, se antepone su seguridad y no se denuncia, pues al acusarlo, la agresión podría ser mucho peor.

Lehmann, abogada egresada de esa misma casa de estudios, comentó que desde el inicio de la pandemia se dispararon los casos de divorcio. Cuando analizaba las razones de ellos,  el trasfondo predominante era violencia contra la mujer.

«Ahora estamos atendiendo por lo menos el doble de casos de violencia que atendíamos antes de la pandemia. La gente tuvo mucho tiempo encerrada con el victimario. El servicio de atención psicológica de la universidad está abarrotado, no tengo más psicólogos. Nos dicen ‘tienen que bajar la remisión o los vamos a tener que poner en una lista de espera, porque sobrepasamos la capacidad para atenderlos. Estamos acéfalos en muchas cosas (…) hay  miles de casos escondidos dentro de otros, casos de los que no te enteras, porque no los quieren reportar. Son unas cifras negras», indicó.

Aura Janesky Lehmann es directora de la Clínica Jurídica de la UCAB

Dijo que no hay órganos «serios» a donde remitir a las víctimas porque no le hacen un seguimiento «idóneo» a sus casos y cuestionó que en las mismas instituciones gubernamentales sea «un drama tramitarlos», y puso como ejemplo la Oficina Nacional para la Atención Integral de las Víctimas (Onaivv). «Si eso es así para ellos, ¿qué queda para nosotros?», se preguntó.

La impunidad como factor agravante de la violencia

603 mujeres han muerto a manos de femicidas en Venezuela en los últimos tres años, siendo 2020 uno de los más letales, tras acumular 256 feminicidios, que superaron en 53% los 163 registrados en 2019. Para ese entonces, Tarek William Saab, fiscal designado por la extinta Constituyente, informó que desde agosto de 2017 —fecha desde la cual el Ministerio Público (MP) no publica cifras oficiales y, por tanto, se desconoce la magnitud real de los femicidios en el país — se procesaron 554 causas de asesinatos a mujeres por razones de género.

En febrero de 2021, Saab aseguró que desde su llegada al ente judicial y hasta mayo de 2020, se dio acto conclusivo al 50% de los 610 casos de feminicidios ocurridos en ese período, y que también se realizaron 170.789 actuaciones y 13.508 acusaciones en casos de violencia contra la mujer.

Datos del Monitor Utopix  — una ONG que recopila estos datos debido a que ni el MP ni el Ministerio para la Mujer y la Igualdad de Género (MinMujer) llevan un sistema de registro de casos— del  total de 212 femicidas reportados para 2019, apenas siete habían sido condenados y 52 tenían un estatus «indeterminado».

De hecho, 32 de ellos, que representan un 15%, se habían dado a la fuga tras cometer el crimen, un patrón que ha ido en aumento en los últimos dos años, demostrando la imposibilidad del Estado venezolano de procurar e impartir justicia a las víctimas, una obligación establecida en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará); ambos tratados a los que el país está suscrito.

Aún en septiembre de este año, 86 de los 548 responsables de los 439 asesinatos a venezolanas registrados entre 2020 y 2021 se mantenían fugados. Tampoco se había reportado ningún tipo de condena, hecho que, para Griselda Barroso, exdefensora delegada del Instituto Metropolitano de la Mujer (Inmemujer), órgano adscrito a la antigua Alcaldía Metropolitana de Caracas, ratifica que la impunidad proviene del operador de justicia, el cual incumple la tutela judicial efectiva hacia la mujer y da cancha libre al agresor para que cometa crímenes sin temor a ser juzgado.

«La impunidad del gobierno incide en el incremento de violencia contra la mujer. Al sentirse que no va a ir privado de libertad —el agresor— ni tener una sanción mínima, encuentra un estimulante. Siente que no van a ser castigado y, entonces, retrocedemos, volvemos al viejo paradigma que tanto ha costado luchar para que la sociedad entienda que estos casos no son un tema de pareja, algo privado, sino de orden público», dijo.

Denuncia previas, perdidas por la inacción de Estado

Desde 2014, Venezuela no envía al Cedaw el Informe Nacional con el que el órgano de tratado de Naciones Unidas evalúa periódicamente el cumplimento y desempeño que tienen sus Estados partes en la adopción de medidas que hacen efectiva la  eliminación de todo tipo de violencia y la protección  de derechos amparados por la Convención. Para ese entonces, ya había solicitado al sistema judicial venezolano «priorizar la aplicación efectiva del marco legal en materia de protección de la mujer, cumplir con la construcción de las casas de abrigo, garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y adoptar e implementar sistemas de apoyo y capacitación».

A siete años de esa recomendación, la gestión de los tribunales venezolanos especializados en violencia contra la mujer siguen siendo deficientes, con una profundización de los procesos judiciales largos, las dilaciones indebidas y la revictimización en los últimos 19 meses de pandemia.

Ofelia Álvarez, directora de la Fundación para la Prevención de la Violencia Doméstica hacia la Mujer (Fundamujer), denunció que en las defensorías se está supeditando la prestación de asistencia psicológica a las víctimas a la presentación de una denuncia. Señaló que ello es un retroceso, al igual que lo es que no acepten las denuncias de terceros, a pesar de que la ley así lo establece.

«Les dicen: Sí, la puedo seguir tratando, pero tiene que hacer la denuncia (…) No aceptan que las ONG, testigos o familiares presenten la denuncia, aun cuando en muchos casos ella —la víctima— está en cama por la paliza que le dio el agresor. Eso significa el resquebrajamiento del sistema de justicia y sus operadores», detalló en entrevista con TalCual.

Solo la organización que preside Álvarez atendió a 171 mujeres violentadas en Venezuela entre el 15 de marzo, cuando inició el confinamiento, y septiembre de 2020. 44 de ellas fueron agredidas psicológicamente, 29 de forma física, 27 de forma verbal y una sufrió violencia física severa.

De las casi 200 mujeres que buscaron ayuda, 50 —es decir, un 34% de ellas— ya habían presentado una denuncia previa. Sin embargo, apenas tres recibieron medidas de protección. El resto de las denuncias no fue registrado, fue rechazado o se remitió a la víctima a otro organismo, según datos reseñados en el estudio «La denuncia previa en violencia contra las mujeres por razón de género vs el femicidio en cuarentena».

Pero esto no es algo nuevo. Cifras emitidas por el Ministerio Público en 2014 indicaban que de las más de 70.000 denuncias de violencia de género recibidas ese año, menos del 1% había llegado a juicio. En 2017, Amnistía Internacional y organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, recordaron que el 96% de los casos que llegó a los tribunales en esa fecha no acabaron en condena.

La mujer sin casas de abrigo

En Venezuela, existen 72 oficinas fiscales de Atención a la Investigación Penal a los Delitos de Violencia contra la Mujer. Pero, mientras Saab insta a las venezolanas a denunciar a sus agresores, las casas de abrigo que podrían acogerlas están desmanteladas.

De acuerdo con el Centro de Justicia y Paz, a partir del año 2014 se habían creado cuatro de estos refugios en Aragua, Cojedes, Sucre y Trujillo. Sin embargo, según información extraoficial que obtuvo la organización,  las que estaban ubicadas en los dos primeros estados funcionaron hasta el primer trimestre de 2019, mientras que las otras  hasta el primer semestre de 2018.

El 8 de marzo de 2021, el presidente Nicolás Maduro anunció la aprobación de 92.450 petros destinados, entre otras cosas, para la remodelación, adaptación y reacondicionamiento de estos cuatro refugios. Hasta la fecha, el órgano que las rige, el Ministerio para Igualdad de Género y el Instituto Nacional de la Mujer, no han dado información al respecto.

Según Barroso, también existía una casa de abrigo en Los Teques, que dependía del Instituto Regional de las Mujeres de Miranda (Iremujer). Sin embargo, ahora solo quedan opciones privadas, como Fundana, una organización que abriga no solo a víctimas de violencia intrafamiliar, tanto mujeres como niños.

«Las casas públicas están inoperativas e inexistentes y esa es una deuda social y supraconstitucional que tiene el Estado venezolano con las víctimas de violencia de género. La que estaba en Maracay ya no existe. Ahora es utilizada para reuniones del partido oficial del gobierno, como un punto de encuentro de mujeres de ese grupo político», señaló la exdefensora delegada de Inmemujer.

Esta demanda de casas de abrigo o de mejoras en sus infraestructuras no es reciente. Desde el año 2000,  según la Base Global de Datos sobre Violencia contra la mujer de Naciones Unidas, en Venezuela se pedía una ampliación de la cobertura de los servicios que se prestaban en estos albergues que, para ese entonces, se quedaron pequeños para la cantidad de venezolanas que necesitaban salir de sus casas para salvar sus vidas, amenazadas de muerte por violencia de género.

Al menos 50 mujeres junto con sus hijos eran alojadas anualmente en estas casas de Inamujer, que prometió construir 10 de ellas en los estados en donde se presentaban los mayores índices de violencia.

Tal Cual

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