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Nacional
ONU apoya reconocimiento del “ecocidio” como un crimen internacional
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El alto comisionado de la ONU, Volker Türk, aseguró que apoya la discusión para incorporar el «ecocidio» -entendido a grandes líneas como la destrucción del medio ambiente- como un crimen internacional y que pueda ser juzgado por la Corte Penal Internacional (CPI).
«Apoyo la discusión de ésta y otras medidas para expandir la rendición de cuentas por los daños medioambientales, tanto a nivel nacional como internacional», sostuvo Türk, en su discurso de inauguración de la 54º sesión del Consejo de Derechos Humanos, que ha iniciado un periodo de cuatro semanas de reuniones.
El alto comisionado afirmó que se debe hacer algo para contrarrestar la «impunidad» de la que actualmente se aprovechan personas y empresas que expolian el medio ambiente.
Por otra parte, el alto comisionado felicitó a Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela por las conversaciones que mantuvieron recientemente para establecer «una visión común» sobre el futuro de la Amazonía, que todos estos países comparten.
En esas mismas discusiones se habló de reconocer el derecho de los pueblos indígenas que había en esa región natural a participar en la toma de decisiones.
Türk saludó como «un respiro de aire fresco» el anuncio de Brasil de poner fin a la deforestación ilegal de la selva amazónica en el año 2030, así como el voto de los ecuatorianos para que se detenga la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní y la minera en la reserva natural del Chocó Andino.
La fosa de la devastación
Bosques talados, ríos contaminados, invasiones de territorios indígenas, instalación de plantas industriales y aparición de viviendas y comercios precarios a la orilla de la carretera conforman el nuevo paisaje que atraviesa la Troncal 10, la principal arteria vial que comunica los municipios mineros al sur del estado Bolívar.
En un recorrido de 850 kilómetros por cuatro municipios mineros del estado Bolívar, el equipo de Runrunes y el Correo del Caroní constató en directo el impacto ambiental, social y cultural de la actividad aurífera en la región. La señal más visible del avance del megaproyecto de minería decretado por Nicolás Maduro en 2016 y que ocupa casi 12% del territorio nacional, es la aparición de misteriosas empresas, molinos artesanales y plantas industriales de cianuración para el procesamiento de oro cuyo desempeño productivo se mantiene bajo secreto oficial.
De las 41 empresas que participan en la explotación del oro en el Arco Minero identificadas durante el recorrido, la dirección de los dos mayores complejos industriales ha sido vinculada con la familia presidencial o funcionarios públicos; de 75% se desconoce el proceso de contratación pública, apenas seis aparecen inscritas y habilitadas para contratar con el Estado. No hay certeza de cuántas se mantienen operativas y ninguna rinde cuenta pública de su desempeño productivo.
El conflicto entre las comunidades indígenas dentro del Arco Minero y las bandas criminales llamadas colectivos, sindicatos mineros o “el sistema” liderados por pranes, que han consolidado el control territorial de las minas con anuencia del Estado, es un estallido social latente.
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