ONU: Más del 50% de la inseguridad alimentaria se concentra en Venezuela, México y Haití

De acuerdo con el informe de Naciones Unidas, Panorama de seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe 2020, 75% de la población que padece hambre en la región se concentra en ocho países, entre ellos Venezuela.

La situación se agravó por la pandemia de COVID-19. Más del 50% de la inseguridad alimentaria de la región se concentra en Venezuela (9,1 millones de personas), México (9 millones) y Haití (5,4 millones).

En estos países de América Latina y el Caribe (ALC) aumentó la prevalencia de la subalimentación en los últimos cinco años. Uno de los mayores aumentos lo sufre Venezuela. De acuerdo con la ONU, hoy el país suma 6,5 millones de personas subalimentadas, lo que significa que en cinco años se ha triplicado la población malnutrida.

La cifra es preocupante porque las proyecciones apuntan a la mayor caída del producto interno bruto (PIB) después de la segunda guerra mundial y con este un incremento de la pobreza en la región de 45 millones de personas. Esto impacta directamente en los ingresos de las familias, y repercute en la alimentación y nutrición de la población.

En un comunicado conjunto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sostuvieron que la recuperación económica de la región en un escenario post pandémico será lenta, y que tomará mucho tiempo para que los indicadores del mundo del trabajo regresen a niveles previos a la COVID-19, que dejó a 44 millones de personas desempleadas y sumergió a otras en la informalidad para sobrevivir a la inseguridad alimentaria y la inflación de países como Venezuela, con indicadores de desarrollo propios de un país en guerra, sin estarlo.  La organización explica que el saldo que ha dejado la pandemia en ALC es alarmante porque, aunque sus efectos no han sido medidos en su totalidad, tendrá consecuencias inmediatas y duraderas sobre la calidad de vida de una población que antes de la pandemia ya registraba retrocesos en los progresos en materia de alimentación y nutrición: en 2019, el 7,4% de los habitantes de ALC sufría de hambre y más de 190 millones de personas enfrentaba inseguridad alimentaria moderada y severa.

Las organizaciones sostienen que es necesario que los Estados promuevan políticas macro activas junto a políticas sectoriales que promuevan el desarrollo sostenible con empleo, y para ello se necesita la voluntad de los sistemas de gobierno.

En Venezuela, instancias como el Foro Interreligioso Social de Venezuela (FISV) y defensores de derechos humanos como Feliciano Reyna resaltan la vital importancia de que se acelere el proceso de entrada del Programa Mundial de Alimentos (PMA) al país para auxiliar a familias bajo inseguridad alimentaria y reactivar el sector agroalimentario en medio de la pandemia por COVID -19, pero hasta ahora, el Estado no lo ha permitido.

En abril de 2020, Venezuela alcanzó un déficit alimentario de 62% que ni el CLAP puede subsanar mientras que el informe 2019 – 2020 de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), reveló que casi un 80% de los venezolanos vive en pobreza extrema y con índices de desnutrición infantil similar a la de países africanos.

Las distintas organizaciones adjuntas a Naciones Unidas estiman que para 2030 el hambre afectará a 67 millones de personas en América Latina y el Caribe, y lo preocupante del caso es que esta proyección no contempla los efectos de la COVID-19.

Solo el año pasado, 10% de la región sufrió inseguridad alimentaria grave, eso quiere decir que hubo un porcentaje poblacional considerable que estuvo más de un día sin comer, o se quedó sin alimentos durante la semana.

ONU define la prevalencia de la subalimentación como la proporción de personas del total de la población que carece de alimentos suficientes para satisfacer las necesidades energéticas para llevar una vida sana y activa durante un año. Es el indicador principal para medir los progresos de la erradicación del hambre, para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), Hambre cero.

“El desarrollo pleno y sostenible de los territorios que se están quedando atrás no solo constituye una obligación en cuanto al ejercicio de los derechos de las personas que los habitan, sino que permitiría a su vez detonar su potencial social, económico, ambiental y cultural, en beneficio de todas las sociedades y el planeta”, versó el documento.

ONU alertó que países como Venezuela, El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua -que tenían cifras elevadas de inseguridad alimentaria y pobreza antes de la pandemia por sus brechas económicas, sociales y políticas-, afrontan un mayor riesgo de que el atraso en materia de seguridad alimentaria empeore como consecuencia de factores agravados por la emergencia sanitaria que trajo consigo la propagación del SARS- Cov- 2.

“La inseguridad alimentaria aguda en estas zonas podría llegar a afectar a 16 millones de personas (incluidos los migrantes venezolanos en Colombia, Ecuador y el Perú)”, recalcó.

Correo del Caroní