Nacional

Operación contra sublevados sigue con lagunas y detiene diálogo en Venezuela

19 de enero de 2018

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Las autoridades venezolanas siguen sin despejar las dudas sobre la acción policial que acabó el lunes con la vida del inspector Óscar Pérez y otros 6 integrantes del grupo de sublevados que lideraba, cuyas familias siguen reclamando los cuerpos y los resultados de las autopsias.

La forma en que el Gobierno ha actuado después de este operativo calificado de «ejecución extrajudicial» por grupos pro derechos humanos ha llevado a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a no acudir a la ronda de diálogo con emisarios del presidente Nicolás Maduro programada para hoy en República Dominicana.

La primera de las razones invocadas por la MUD para no participar en este nuevo encuentro son las declaraciones con las que el ministro del Interior, Néstor Reverol, aseguró el martes haber obtenido de los negociadores opositores información que llevó a dar con el paradero de Pérez.

Mientras el Gobierno anunciaba que sus representantes sí se desplazarían a República Dominicana para participar, según lo «pautado», en la reunión programada para este jueves, familiares de Pérez y de otras personas abatidas en la operación acudían a la principal morgue de Caracas pidiendo poder dar sepultura a sus muertos.

Leidy Ramírez, hermana de Andreína, a su llegada a la morgue de Bello Monte.

«No voy a firmar nada hasta no ver que es mi hermana esa que está ahí», dijo antes de pasar uno de los cordones de agentes antidisturbios que custodian desde hace 4 días la morgue Leidy Ramírez, hermana de Lisbeth Andreína Ramírez, que según medios locales es el nombre de la única mujer muerta durante la acción policial.

En la jornada de ayer, diputados de oposición y abogados pro derechos humanos dijeron a los medios que la tía del inspector de la Policía científica que encabezaba el grupo de rebeldes firmó un acta que podría ser de reconocimiento del cuerpo pese a no haber podido ver los restos de Pérez, algo que confirmó la propia señora.

Entre lágrimas, Leidy Ramírez contó hoy a la prensa que su hermana tenía 30 años, era enfermera y estudiante de odontología y mantenía una relación con Jairo Lugo, uno de los muertos en el operativo, en el que se lanzó un gran número de disparos y se llegó a utilizar contra quienes según el Gobierno eran «terroristas» un lanzagranadas.

«Quiero limpiar el nombre de mi hermana. Porque mi hermana no era ninguna terrorista, era una mujer luchadora, sépanlo, cristiana como nos enseñó nuestra familia, hacía labores sociales para ayudar a los niños», afirmó Leidy Ramírez, quien dijo no haber recibido de las autoridades ninguna comunicación cuatro días después de los hechos.

Mientras tanto, la Conferencia Episcopal venezolana -muy crítica con el chavismo, y a cuyos dirigentes llamó recientemente Maduro «diablos con sotana»- denunció «la horrible masacre evidenciada en las ejecuciones extrajudiciales y muertes de civiles en acciones perpetradas por fuerzas militares».

Los obispos cuestionaron en el texto «la falta de resolución pacífica de conflicto frente a un caso de solicitud de entrega, la ausencia de fiscales en el procedimiento y la utilización de grupos civiles armados» en el operativo, defendido por el Ejecutivo.

Durante la acción policial el lunes Óscar Pérez difundió en las redes sociales una serie de vídeos en los que se le veía pidiendo a las fuerzas de seguridad garantías para entregarse y evitar la muerte de los «civiles inocentes» que, según dijo, había en la casa en la que le encontraron.

Asimismo, más de veinte expresidentes y antiguos jefes de Gobierno de España y de países de América Latina condenaron hoy «las ejecuciones sumarias y extrajudiciales» en Venezuela y pidieron a los organismos internacionales que levanten su voz contra lo que llamaron «crímenes de Estado». EFE