Venezuela precisará entre 60.000 y 70.000 millones de dólares de inyección financiera para echar a andar el país sumido en una de las peores crisis de su historia, calcula la oposición.

Bajo la égida del economista Ricardo Hausmann, representante ante el Banco Interamericano de Desarrollo de Juan Guaidó, el líder opositor reconocido como presidente interino por más de 50 países, la oposición ha pergeñado un plan para “generar un círculo virtuoso, que permita restablecer el funcionamiento de la economía (…) y empezar a crecer”, dijo a la AFP el venezolano Miguel Angel Santos, director de investigación aplicada del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard.

Santos, que participó en Santiago en un debate sobre el futuro de Venezuela organizado por la Universidad Andrés Bello, desgranó que el plan de la oposición, de cuatro pilares, pasa por solicitar “asistencia masiva” a la comunidad internacional entre donaciones y préstamos, restablecer los mecanismos de mercado, abrir Petróleos de Venezuela a la inversión extranjera y reestructurar de manera “agresiva” la deuda con los acreedores.

El equipo de Guaidó espera recurrir a un fondo extraordinario del Fondo Monetario Internacional (FMI) para catástrofes y situaciones bélicas que podría ascender a entre “60.000-70.000” millones de dólares, así como a donaciones de países amigos para echar a andar la economía que ha perdido casi la mitad del PIB en los últimos cinco años, explicó Santos, que fue jefe del equipo macroeconómico del opositor Henrique Capriles en 2012 y que trabaja actualmente con Hausmann.

Además de fomentar las importaciones de materias primas y repuestos y de bienes terminados para reactivar la producción -prácticamente paralizada-, el equipo económico de Guaidó contempla un “programa de transferencias en efectivo para las familias”.

Santos afirma que llevan tiempo trabajando en un plan para salvar a Venezuela. “Gracias a eso la oposición venezolana tiene un plan”, que es mérito, dice, de Ricardo Hausmann, que ya trabaja con las agencias multilaterales y hace gestiones con los eventuales donantes y controles sobre los activos y las cuentas bancarias del gobierno en el extranjero, a raíz de las sanciones impuestas por la comunidad internacional a los representantes del gobierno de Maduro.