Dirigentes que se identificaron como del Partido Comunista de Venezuela (PCV) denunciaron este martes “despidos ilegales” y “renuncias forzosas” en instituciones y empresas del Estado, entre las que -aseguró- se encuentran Petróleos de Venezuela (PDVSA) o la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

“Tenemos noticias de despidos ilegales y renuncias forzosas en PDVSA, Corpoelec y el sector de la salud”, dijo la integrante de la formación Jaqueline López, citada en una nota de prensa del PCV, actualmente intervenido judicialmente por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Asimismo, aseguró que los empleados, sin especificar de qué sector, “son amenazados y perseguidos en sus centros de trabajo”, tras haber declarado abiertamente “su rechazo” a “la gestión” del Gobierno, así como expresar sus “dudas” sobre el resultado oficial de las presidenciales, que otorgó la reelección a Nicolás Maduro, una victoria considerada fraudulenta por la oposición y cuestionada por varios gobiernos extranjeros.

Además, López aseguró que trabajadores del canal estatal VTV “fueron despedidos por razones políticas”, algo que denunció el pasado jueves el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela a través de X, donde aseguró que estos empleados fueron retirados de su cargo por darle ‘me gusta’ a “cualquier publicación” de la líder opositora María Corina Machado o “por escribir ‘fraude’ es sus estados de WhatsApp”, en referencia al resultado electoral.

López, que no facilitó más datos de los presuntamente despedidos, también alertó sobre “prácticas de acoso laboral” que se “han acentuado en espacios de trabajo vinculados al sector (de) educación”, así como en “gobernaciones y alcaldías” cuyas localizaciones no precisó.

Esta “escalada del Gobierno”, prosiguió, “agrava la arremetida represiva contra los sectores populares registrada los primeros días tras las elecciones”, cuando se desencadenaron en el país protestas contra el resultado oficial de las elecciones, que dejaron más de 2.400 detenidos y 25 muertes, según las autoridades venezolanas.

Ante esta situación, López alertó sobre una “represión masiva” contra “sectores vulnerables”, mientras “se mantiene también la persecución contra dirigentes y activistas de organizaciones políticas, sociales y sindicales”. EFE