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Pdvsa acusa en España a exdirectivos por fraude de $500 millones

Petróleos de Venezuela aseguró que descubrió un fraude contra la compañía por al menos $500 millones organizado por nueve exdirectivos y otras cuatro personas a las que demandó ante la justicia española donde habrían lavado el dinero obtenido.

De 48.000 contratos examinados en el periodo comprendido entre 2009 y 2015, un total de 2.562 fueron a empresas de Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera, señala el diario El País de España que conoció detalles del proceso judicial, difundió Banca y Negocios.

La investigación interna de Pdvsa reveló que los acusados concedieron contratos de compra de material a sus propias empresas, amañando las licitaciones en su propio beneficio y blanqueando su botín en España.

“Los presuntos amaños tuvieron lugar en Bariven S. A., una de las filiales de PDVSA, y se han descubierto, según afirma la compañía, tras revisar de forma aleatoria 79 expedientes con un valor aproximado de 591 millones de dólares (519 millones de euros). El resultado es que un 25 por ciento de los contratos que obtuvieron empresas vinculadas a ambos exdirectivos arrojan indicios “sólidos” de corrupción”, dice el periódico español.

La demanda penal presentada por Pdvsa es contra Roberto Rincón, Abraham Shiera, Rafael Reiter, Javier Alvarado y otras nueve personas, varios de los cuales residen en España donde han adquirido propiedades millonarias.

La compañía afirma que los presuntos defraudadores han invertido su botín en fincas y casas de lujo en España.

Según Pdvsa, la investigación interna se inició después de que la petrolera venezolana conociera el proceso penal iniciado en 2015 Texas ( EEUU) contra Rincón y Shiera, en el que ambos reconocieron haber pagado sobornos.

La esposa de Rincón y tres de sus hijos residen en España, José Roberto, de 33 años, uno de ellos, fue detenido el pasado mes de junio en Madrid acusado de blanqueo de capitales. Rafael Reiter y su familia viven en San Cugat del Vallés ( Barcelona). Fue detenido en octubre de 2017 por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por una orden de arresto de EEUU.