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Nacional
Pronunciamiento de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y particulares sobre la intervención judicial de la Cruz Roja
9 de agosto de 2023
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El documento, que manifiesta rechazo ante la actuación de intervención, recoge más de 550 firmas de adhesión, que se suman a la solicitud de que se respete la voluntad y capacidad de decisión de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja, para que sus órganos naturales decidan los cambios que deban hacerse en la misma.
Organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, y particulares rechazan a la intervención judicial de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja (en adelante Cruz Roja), ordenada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
A través de un comunicado, de fecha 8 de agosto de 2023, que logró recoger 577 firmas de adhesión en 48 horas, se fija posición sobre los hechos ocurridos el viernes pasado y numera seis solicitudes tanto al Estado venezolano, como a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y a la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU
El manifiesto define la actuación como una decisión contraria a los más elementales principios del Estado de Derecho y el debido proceso. “Además, viola el derecho a la libertad de asociación en Venezuela, establecido como derecho civil y político, reconocido en los pactos internacionales de DDHH y cuya garantía es una de las bases fundamentales de las libertades democráticas”.
“Partiendo de presuntas irregularidades en la Cruz Roja, no gestionadas previamente ante un tribunal, y con base en denuncias y testimonios anónimos, el TSJ dictó ha una medida cautelar que, en realidad, constituye una sentencia de fondo anticipada, y que genera cambios irreversibles en la Cruz Roja, en vulneración del derecho a la defensa, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la libertad de asociación”.
«Este hecho, ejecutado por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, agrava las ya severas privaciones que sufre la población por la emergencia humanitaria compleja, ratificando la ausencia de un sistema de administración de justicia independiente, y lesionando el derecho a la libertad de asociación de carácter esencial para brindar ayuda humanitaria, basada en los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia» y por tanto solicitan:
- Que el Tribunal Supremo de Justicia cese el patrón de intervención de las diferentes expresiones de la sociedad civil en Venezuela y haga valer su libre desarrollo dentro de los principios del estado de derecho y de las normas del derecho internacional de protección del espacio cívico.
- Que se respete la voluntad y capacidad de decisión de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja, para que sus órganos naturales decidan los cambios que deban hacerse en la misma, garantizando la continuidad de sus labores con base en los principios humanitarios de Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Voluntariado, Unidad y Universalidad.
- Que cesen las medidas o acciones legislativas, administrativas y judiciales desde el Estado Venezolano dirigidas al cierre del espacio cívico en el país, así como los discursos y campañas de criminalización, estigmatización y persecución de las organizaciones no gubernamentales.
- Que se abra el espacio cívico para con ello aumentar las labores que la sociedad civil realiza con los fines de llevar ayuda humanitaria a los sectores más afectados por la emergencia humanitaria compleja, la defensa de sus derechos humanos y las posibilidades de desarrollo.
- Que el Estado Venezolano garantice el ejercicio del derecho a la asociación tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los pactos internacionales sobre Derechos Humanos firmados por la República, garantía que es fundamental para fortalecer una ruta democrática en Venezuela.
- Que tanto la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas como a la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU registren y hagan seguimiento de este ataque al espacio cívico en Venezuela. Su documentación sobre el proceder del TSJ en otros casos de judicialización ha recogido el patrón de intervención estatal, que no ha cesado.
El documento está refrendado por representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil.
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