Nacional
Relacionan con delincuentes al alcalde de Las Tejerías

Pedro Hernández, alcalde del municipio Santos Michelena del estado Aragua (Las Tejerías), es uno de los, al menos, cuatro funcionarios detenidos por la Policía Nacional Anticorrupción

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que el alcalde del municipio Santos Michelena del estado Aragua (Las Tejerías), Pedro Hernández, detenido recientemente por presuntos hechos de corrupción, tenía vínculos con banda de alias “El Conejo”.

“Está comprobado plenamente en las investigaciones sus vínculos directos con la banda del criminal, del asesino alias El Conejo, sus vínculos múltiples, sus negocios, (es) una cosa increíble”, dijo durante una reunión con la dirección nacional del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), transmitida por el canal estatal VTV.

Sostuvo que Hernández coordinaba “con uno de los criminales más buscados, enemigo público número uno de la paz y la estabilidad del pueblo aragüeño, criminal, narcotraficante, asesino alias El Conejo”.

El pasado febrero, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) anunció una recompensa de un millón de dólares a cambio de información sobre El Conejo, cuya banda “realizó ataques a comandos” policiales y militares en el sector de Las Tejerías, municipio Santos Michelena.

El alcalde es uno de los, al menos, cuatro funcionarios detenidos por la Policía Nacional Anticorrupción, además del ahora exjefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), Joselit Ramírez; el presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Cristóbal Cornieles; y el juez de control en delitos asociados al terrorismo José Mascimino Márquez, según informó este lunes VTV.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) señaló este domingo que investigará a un grupo de funcionarios públicos, detenidos por la Policía Anticorrupción, que “aparecen incursos, presuntamente, en graves hechos de corrupción”.

La Policía Anticorrupción, creada en 2014, solicitó el viernes al MP procesar judicialmente a un grupo de ciudadanos que “ejercían funciones” en el poder público y que “podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos”. (Cortesía/Globovisión)