Nacional

Sebin allanó viviendas de varios magistrados del TSJ en el exilio

30 de abril de 2018

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Un grupo de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, designados por la Asamblea Nacional y ahora en el exilio, denunció el allanamiento de sus viviendas y oficinas por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

El magistrado Pedro Troconis denunció que agentes del Sebin ingresaron al edificio donde se encuentran sus oficinas sin orden de allanamiento, y forzaron la puerta para entrar al local, difundió Tal Cual.

Por su parte, la abogada Elenis Rodríguez (exiliada en Chile) denunció a través de Twitter  que el organismo de inteligencia allanó la casa de su madre, ubicada en Maturín (estado Monagas).

“Mi madre tiene principios de Alzheimer, hago responsable al Gobierno por lo que pueda sucederle a ella y a mi familia”, dijo la magistrada.

La diputada María Gabriela Hernández informó que la hermana de la abogada fue citada en calidad de testigo por el Sebin, y se incautó un equipo de computación que estaba en la vivienda.

Además, se informó sobre el allanamiento de las oficinas y viviendas de los magistrados Antonio Marval y Miguel Ángel Martín en Valencia, estado Carabobo; además de una posada propiedad de la magistrada Cioly Zambrano en Mérida.

El fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, insistió en que los actos que lleven a cabo los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio son nulos, ya que a su juicio, los abogados que conforman esa instancia cometen el delito de usurpación de funciones, pues existe en el país un TSJ, el cual fue designado en diciembre de 2015.

En julio de 2017, el Parlamento venezolano nombró a trece magistrados principales y veinte suplentes, en sustitución de los denominados “magistrados exprés” designados de manera irregular en diciembre de 2015 por la Asamblea saliente.

Sin embargo, la Sala Constitucional mediante sentencia n.° 545 del 20 de julio de 2017 declaró nula esta decisión de la AN y advirtió que los magistrados incurrían en el delito de “usurpación de funciones” previsto en el artículo 213 del Código Penal, por lo que debían ser apresados.

Esta medida llevó a los cuerpos de inteligencia del Estado a detener a varios de estos jueces (Ángel Zerpa, Jesús Rojas y Zuleima González); el primero de ellos fue incluso procesado por la justicia militar, mientras que el resto logró exiliarse o solicitar asilo en países como Estados Unidos, Chile o Colombia.

Pasada esta etapa, los magistrados que salieron del país se instalaron como el TSJ en el exilio en una ceremonia realizada en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en octubre de 2017.

Los suplentes fueron elevados a principales a fin de poder conformar el número completo de magistrados para formar una sala o, incluso, la Sala Plena.

 

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