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26 de noviembre de 2024
Nacional
Una travesía por un anticonceptivo: venezolanas deben enfrentar un camino de retos si desean elegir
5 de enero de 2024
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En Táchira las mujeres lidian con un sistema de salud deteriorado, los anticonceptivos escasean en los centros sanitarios estatales y solo están disponibles en las farmacias privadas. Acceder a operativos “gratuitos” para adquirir un implante puede ser un martirio
Por Génesis Daniela Prada
Un implante vencido, un corte de electricidad y una pinza fantasma son los desafíos en la odisea de Lilibeth* por acceder a un método anticonceptivo en San Cristóbal, capital del fronterizo Táchira. Su travesía retrata el dramático camino de las mujeres por gozar de salud sexual y reproductiva en el país.
Si bien la Constitución venezolana establece que “las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos o hijas que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios que les aseguren el ejercicio de este derecho”, la realidad fuera de las páginas de la Carta Magna impide que así sea, pues los costos de la contracepción, la penalización del aborto y la crisis humanitaria compleja atentan contra la planificación familiar.
En Táchira, un paquete de preservativos cuesta casi 4 dólares, es decir, más de un salario mínimo. Los precios de la píldora anticonceptiva pueden llegar hasta los 20 dólares, y el dispositivo intrauterino (DIU) oscila entre 6 y 16 dólares, siendo necesarios cerca de cinco salarios mínimos para costearlo, sin contemplar los honorarios médicos por la implantación.
La criminalización del aborto en Venezuela abulta el problema. El Código Penal castiga todas las formas del acto abortivo, excepto si el embarazo amenaza la salud de la mujer. De acuerdo a las circunstancias y consecuencias en las cuales ocurra el aborto, la legislación estipula meses o años de prisión para la mujer y la persona o profesional que practique el procedimiento.
Tales represalias conducen a las venezolanas a abortar de manera clandestina, sin garantías y bajo el riesgo de complicaciones, infecciones o perder la vida.
Un proceso gratuito en el ambulatorio de Palo Gordo, municipio Cárdenas, en septiembre de 2020 le permitió a Lilibeth colocarse por primera vez el implanon o implante subdérmico. Fue una enfermera, vecina de la joven, quien le comentó de la colocación sin costo del dispositivo en el lugar.
El precio del implante en Venezuela puede alcanzar los 125 dólares (más de 4.500 bolívares). Mientras, el procedimiento de inserción del mismo oscila entre los 40 y 60 dólares en el sector privado de la salud.
La ONG Convite A.C registró una escasez de anticonceptivos del 48 % en farmacias venezolanas. El implante es el método con mayores fallas de distribución: 79 % de desabastecimiento.
El informe “La más jóvenes, las más vulneradas”, elaborado por la Red de Mujeres Constructoras de Paz, concluyó que 40 % de las mujeres consultadas en el estudio (1.112) no utiliza ningún contraceptivo debido a sus precios y escasez, entre otros motivos.
En aquel momento, el centro de salud al norte de la ciudad estaba llevando a cabo jornadas gratuitas para instalar el implanon, recuerda Lilibeth. Sin embargo, su informante le advirtió que solo las mujeres de 15 a 20 años podían acceder al método. Lilibeth tenía 27. El DIU era el anticonceptivo asignado a las pacientes que superasen el rango de edad.
“Ya me había informado de las facilidades del implante, por ello no quería utilizar la T de cobre (DIU); así que, cuando solicitaron mi número de documento, utilicé la cédula de identidad de mi cuñada, que es mucho menor”, cuenta.
La maniobra de Lilibeth ocurrió con el beneplácito de la enfermera, que la ayudó -y guardó el secreto- a cambio de una “colaboración y unos panes”.
El implanon de Lilibeth venció en septiembre de 2023. A fin de evitar riesgos y procurar su cuidado, debía sustituir el aparato por uno nuevo. El Hospital Central de San Cristóbal (HCSC) realizaría -ese mes- la colocación de implantes sin cobro alguno.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) precisa que el anticonceptivo previene el embarazo por cuatro años. De cada 1.000 mujeres que utilizan el implante, menos de una se embaraza en los primeros 365 días de uso.
Sin los recursos para costear la compra y aplicación del anticonceptivo, Lilibeth no podía perder la oportunidad de asistir a la convocatoria de la institución de salud tachirense. Sin embargo, no imaginó la asistencia masiva de mujeres al sitio con el mismo propósito.
“Llegué a al Hospital Central a las 7 a.m., y en vista de la cantidad de mujeres que estaban esperando ser atendidas, pregunté si era factible quedarme. Una enfermera me dijo que no, porque el número de asistentes superaba el número de aparatos disponibles”, afirma.
Más de 200 adolescentes y mujeres de distintos municipios del Táchira acudieron a la jornada del HCSC. A través de una publicación en un estado de WhatsApp, la mayoría supo de la inserción del anticonceptivo subdérmico en el centro de salud.
Las tachirenses se presentaron con guantes, agujas y demás elementos médicos solicitados como requisito por la entidad hospitalaria. No obstante, solo 130 mujeres accederían al procedimiento, informó la periodista Anggy Polanco para La Patilla.
Seis de cada diez mujeres en los municipios más poblados de Apure, Sucre y Táchira no pueden acceder a atención básica en salud sexual y reproductiva, y “88,6 % no asiste con regularidad a servicios de planificación familiar”, alertó la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa).
La única opción de Lilibeth se había agotado. Indagó en otros centros hospitalarios y permaneció atenta a los perfiles en redes sociales de organizaciones que -sabía- realizaban suministros de anticonceptivos. En los timelines nunca apareció nada.
Al arribar el mes de octubre, el implante de Lilibeth cumplía un mes vencido. El punto en su brazo izquierdo donde se encontraba alojado el dispositivo comenzaría a irritarse. Consternada, la venezolana acudió a su pareja.
La prima del novio de Lilibeth era enfermera, y le consultaron si conocía de un proceso gratuito próximo en el cual colocasen el aparato contraceptivo. Afortunadamente, la muchacha tenía conocimiento de un programa privado que sería efectuado en la Corporación de la Salud (Corposalud) de San Cristóbal. La esperanza inundaba de nuevo a Lilibeth.
El camino hacia el implante
“Le indiqué [a la enfermera] todos mis datos personales porque me dijo que esa jornada ocurriría por medio de citas. El jueves de esa semana nos llamaron, y ese mismo día debía presentarme en el lugar para el procedimiento”, aclara.
Una vez en las instalaciones de Corposalud, el equipo a cargo del proceso solicitó a Lilibeth un bisturí, un par de guantes quirúrgicos, agua oxigenada y gasa. La compra de los insumos no fue notificada con anterioridad, ni siquiera cuando le contactaron para confirmar su asistencia. En caso de no suministrar el material, Lilibeth no sería atendida.
El último boletín de la Encuesta Nacional de Hospitales arrojó que el desabastecimiento acumulado hasta septiembre de 2023 de insumos indispensables de emergencia alcanzó el 39 %. Es decir, “la capacidad de los hospitales del sistema público de salud está muy limitada”, señala el documento.
Lilibeth asistió a un programa privado. Solo las familiares o allegadas al personal responsable de la jornada se enterarían de esta, dirigida exclusivamente a mujeres que no hubiesen utilizado nunca el implanon o hubiesen extraído el implante antes de presentarse.
A punto de iniciar la intervención ambulatoria, cuando la mayoría de las pacientes regresaban de las farmacias, cortaron el servicio eléctrico en la zona. Dos horas trascurrirían sin luz. Ante la falta del servicio y de una planta eléctrica, informaron a las 20 asistentes que el proceso no podría comenzar.
Durante la espera por el restablecimiento de la electricidad, las mujeres recibieron una charla respecto al dispositivo anticonceptivo Levoplant. Aspectos relacionados a los beneficios, síntomas y efectos secundarios del aparato resultaron detallados.
Adicionalmente, abordaron la prevención de la violencia basada en género contra la mujer y cómo prevenirla; les alentaron a denunciar si eran víctimas de abuso o si conocían de alguien en riesgo.“Nos explicaron la procedencia de los anticonceptivos porque necesitaban tomarnos fotos a fin de enviarlas a los donantes”, expresa Lilibeth.
Los implantes que repartirían en ese operativo formaban parte de una donación, producto de la labor humanitaria que ciertos organismos internacionales desarrollan en Venezuela.
Tras finalizar la conversación, el consultorio seguía en penumbras. En un intento por aprovechar el tiempo, la ginecóloga al frente de la jornada invitó a las mujeres a comunicar sus dudas sobre el anticonceptivo.
Lilibeth levantó la mano con preocupación, quería participarle a la especialista el escozor en su brazo izquierdo. Esperando una respuesta capaz de tranquilizarla, se topó con un insospechado desafío.
“No es normal la picazón, pero si aún tienes tu aparato anterior incrustado en el brazo, no podremos atenderte porque nuestra pinza no está en las condiciones adecuadas para la extracción”, contestó la doctora.
“Yo tenía el implante en el brazo izquierdo, entonces no me lo podían quitar e insertar allí mismo, pero insistí. Les dije que de verdad necesitaba el implante pronto porque me preocupaba un embarazo no deseado; que no contaba con los recursos para hacerlo por mi cuenta; que podía usar otros anticonceptivos, pero no consideraba al resto tan seguros”, cuenta ahora.
UNFPA explica que este método contraceptivo es insertado bajo la piel, en la cara interior del brazo, a unos ocho centímetros del codo. Generalmente, las mujeres diestras deben usarlo en el izquierdo y las surdas en el derecho.
La ginecóloga recomendó a Lilibeth acudir a otros centros de salud donde fuese posible retirarle el implante vencido. La muchacha podría regresar a Corposalud para la colocación del nuevo dispositivo, si llegaba antes que la jornada culminase.
¿Lo lograría?
Los dos lugares sugeridos fueron el ambulatorio de Puente Real y el Antituberculoso, este último ubicado en Pueblo Nuevo. Lilibeth se decidió por la primera opción. El centro de atención en salud se encuentra a ocho minutos de distancia en transporte público de Corposalud, o más de una hora si el recorrido se hace a pie.
En compañía de su pareja Lilibeth emprendió camino a la institución hospitalaria. En cuanto llegaron, la electricidad se fue. Así, mientras se encontraban en un oscuro ambulatorio de Puente Real, el servicio sería restablecido en Corporsalud, donde comenzarían los procedimientos de colocación del implante.
En San Cristóbal, y demás municipios del Táchira, el esquema de racionamiento de electricidad lo implementa la empresa estatal proveedora del servicio, a través de cortes de luz por sectores por lapsos de dos a cuatro horas, según la zona.
Un cronometro imaginario comenzaba a acelerar el pulso de Lilibeth: tenía menos de una hora para extraer el aparato anterior y llegar a la jornada de inserción del nuevo dispositivo.
“Le comentamos a un vigilante [persona se seguridad] del ambulatorio cuál era mi necesidad. El señor buscó a una doctora para preguntarle si estaba disponible y podría hacer la extracción. Una de las especialistas accedió. Le explicamos el caso y nos aseguró que me practicaría el procedimiento, pero tan pronto llegará la luz”, detalla Lilibeth.
Sin embargo, la intervención no fue gratuita, aunque fuese practicada en un centro de atención de la salud pública. La profesional pidió a la venezolana una “colaboración” por la extracción. Lilibeth afirma que se trató de la compra de la cena.
Para la sorpresa de todos, la electricidad fue restablecida poco tiempo después. El proceso tomó casi 30 minutos. Si bien la remoción del implante pudo haberse efectuado con mayor rapidez, la demora se debió al encapsulamiento del implanon en el brazo de Lilibeth.
Los implantes son retirados usando anestesia local, a través de una pequeña incisión. El procedimiento es sencillo y demora un poco menos en comparación con la inserción. Lo recomendable es evitar esfuerzos significativos durante tres o cuatro días con el brazo en el cual se aloja el aparato.
Al finalizar, la joven preguntó a la doctora qué podría traerle de cenar, sin embargo, la mujer cambió de parecer y le indicó que prefería el dinero. La muchacha tenía consigo 20 mil pesos colombianos (5 dólares, aprox.), entregó el billete a la especialista y salió apurada en dirección a Corposalud.
En marzo de 2023, el Ministerio del Poder Popular para la Salud actualizó las tablas salariales de los trabajadores y médicos del sector debido al aumento del salario declarado por el Gobierno aquel mes. Las remuneraciones para profesionales de salud se ubicaron entre 130 y 420 bolívares, estipulaciones basadas en el cargo y la experiencia del personal.
A principios de este año, tales montos equivalían a 30 y 97 dólares respectivamente. No obstante, en diciembre de 2023 [cuando fue publicado este trabajo] las mismas cantidades representaban 0.84 centavos de dólar y 2.72 dólares debido a la desvalorización del bolívar desde entonces.
Por tal motivo, el sector salud ha protagonizado, junto a docentes y trabajadores de empresas básicas, distintas protestas en exigencia de mejoras salariales. La frase “héroes de la salud en modo esclavo” se alzaba en una pancarta durante una manifestación en Caracas, en alusión a las condiciones laborales en el rubro.
Un derecho convertido en reto
“Cuando llegué, estaban terminando con la jornada. De hecho, fui la última paciente en pasar. Me dijeron ‘llegó en la rayita’. Como me explicaron, no me podían colocar el implante en el brazo izquierdo. En realidad, fue lo mejor porque sentía mucho dolor allí. Por lo tanto, insertaron el aparato en el derecho”, reconoce.
Lilibeth gastó entre la compra de insumos, pago de traslados y “colaboraciones” casi 10 dólares (360 bolívares según la tasa del BCV). Acudiendo al sistema de salud pública y utilizando anticonceptivos producto de donaciones, jamás pensó que debería disponer de tal cantidad.
En Venezuela adquirir un método contraceptivo es un acto sujeto a desafíos. La elección del anticonceptivo tampoco se lleva a cabo en libertad, pues depende de la disponibilidad monetaria de las mujeres en un país atravesado por una crisis económica.
La planificación familiar resulta un privilegio, en tanto, para la mayoría de las venezolanas la posibilidad de decidir sobre su sexualidad y reproducción es la excepción, no la norma.
*Por solicitud de la fuente, su identidad se mantiene privada; en su lugar, fue utilizado un nombre ficticio.
Esta nota fue tomada del microsite de IPYS Venezuela, Tejiendo Redes como parte de la alianza entre Diario La Nación y la Red de Mujeres Constructoras de Paz
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