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23 de noviembre de 2024
Nacional
Varias ONG venezolanas se pronunciaron contra la detención de Requesens
11 de agosto de 2018
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Varias ONG venezolanas se pronunciaron el viernes mediante el comunicado “Declaración por coacción es un grito de tortura” contra la detención de Juan Requesens, diputado a la Asamblea Nacional, realizada el martes.
Las organizaciones aseguraron que esta detención viola la inmunidad parlamentaria del ciudadano, pues un diputado solo podía ser detenido en caso de cometer un delito en flagrancia, y en ese caso, se debía trasladar a su residencia y no a una prisión.
También explicaron que Requesens ha estado incomunicado, lo que configura una violación del derecho al debido proceso.
Ambas situaciones fundamentan las dudas sobre la supuesta confesión del parlamentario, difundida en un video divulgado por Jorge Rodríguez, ministro de Información y Comunicación.
Las ONG exigen a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial que garanticen los derechos humanos del diputado y que realicen investigaciones con independencia y autonomía, porque no puede continuar la indebida intromisión del gobierno en la administración pública.
El comunicado está firmado por Acceso a la Justicia, Espacio Público, Foro Penal Venezolano, Proiuris, RedesAyuda, Provea, entre otras.
Texto integro
Declaración por coacción es un grito de tortura
Nosotros, representantes de la sociedad civil y organizaciones de defensa de los derechos humanos, expresamos nuestra profunda preocupación ante la detención arbitraria del parlamentario Juan Carlos Requesens Martínez.
El presidente de la República, Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno han acusado públicamente al diputado Requesens de estar vinculado con el supuesto atentado contra el Jefe del Estado, el 4 de agosto de 2018, durante la celebración del 81° aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en la avenida Bolívar de Caracas.
El pasado martes 7 de agosto, el diputado fue detenido en la residencia de sus padres, en Terrazas del Club Hípico, por una comisión de 14 funcionarios del SEBIN, los cuales lo aprehendieron sin una orden judicial y de forma violenta, a él y a su hermana Rafaela Requesens.
Este procedimiento está al margen del Estado de Derecho y viola la inmunidad parlamentaria consagrada en el artículo 200 de la Constitución.
Un diputado solo puede ser objeto de detención en caso de cometer un hecho ilícito en flagrancia, en cuyo caso se le debe trasladar a su residencia y no a una prisión. Desde el momento de su detención, el diputado Requesens ha permanecido incomunicado; ni sus familiares ni abogados de su confianza lo han podido asistir, con lo cual se configura una grave violación del derecho al debido proceso, establecido en el artículo 49 de la carta magna, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado venezolano.
Con el débil argumento de que Requesens habría cometido “delitos de naturaleza permanente”, el Tribunal Supremo de Justicia prescindió del antejuicio de mérito y, de ese modo, de la protección que brinda la Constitución a las funciones contraloras que desempeñan los parlamentarios.
En un procedimiento sumario, también violatorio del debido proceso, el TSJ convalidó la detención arbitraria de Requesens y remitió el caso a la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, que en pocas horas allanó su inmunidad parlamentaria, a efectos de que fuese juzgado en tribunales ordinarios a pesar de que se le imputa el delito de traición a la patria. En el caso de que un alto funcionario, entre ellos los diputados, fuesen imputados por delitos de naturaleza política, el proceso penal debe desarrollarse ante el Tribunal Supremo de Justicia, en única instancia.
Mientras el diputado Requesens permanecía incomunicado, el gobierno nacional, a través del ministro de Información y Comunicación, Jorge Rodríguez, divulgó un video que muestra al parlamentario admitiendo que facilitó un contacto a uno de los supuestos involucrados en el presunto magnicidio, en concordancia con la versión oficial que adelantó el propio presidente de la República.
El ordenamiento jurídico penal es claro. El numeral 5 del artículo 49 de la Constitución establece que ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma.
La arbitrariedad de la detención, el procedimiento sumario mediante el cual se allanó su inmunidad parlamentaria y la incomunicación a la que ha estado sometido fundamentan las dudas sobre la supuesta confesión de Requesens. Cualquier acto contra la integridad física, psicológica o moral en condiciones de detención constituye indicio del delito de tortura, el cual pueden ser juzgado como un crimen internacional de lesa humanidad, tomando en consideración los patrones de represión política que se han consolidado en Venezuela durante los últimos años. Las responsabilidades por este tipo de crímenes recaen individualmente sobre cada una de las personas que hayan participado.
La persecución penal contra el parlamentario se produce en el contexto de una sistemática criminalización de cualquier manifestación de oposición al régimen dictatorial que encabeza Nicolás Maduro. El Ministerio Público y el Poder Judicial, absolutamente controlados por el Poder Ejecutivo, han participado activamente en el forjamiento del Derecho para llevar a prisión a dirigentes de la oposición y, en general, a cualquier ciudadano que exprese ideas u opiniones contrarias al gobierno.
Lamentablemente, la Defensoría del Pueblo no ha cumplido con su deber de contener los abusos de poder; por el contrario, ha cohonestado los atropellos cometidos por cuerpos de seguridad, fiscales, jueces e integrantes de la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente.
Los representantes de la sociedad civil y las organizaciones de promoción y defensa de los derechos humanos que suscribimos este comunicado público exigimos a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial que garanticen los derechos humanos del diputado Juan Requesens, y que emprendan las investigaciones correspondientes para juzgar y sancionar a los responsables de su detención arbitraria y enjuiciamiento sumario.
También exigimos el cese de la indebida intromisión del gobierno en la administración de justicia, de modo que el supuesto atentado contra el presidente Nicolás Maduro sea investigado con independencia y autonomía.
Suscriben
AC Estrella de la Mañana
Acceso a la Justicia
Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI)
Asociación Civil Mujeres en Línea
Centro para la Paz y los DDHH “Padre Luis Maria Olaso”
CEPAZ
Civilis DDHH
Coalición Clima21
Codheciu Codheciu Sociedad Hominis Iura (SOHI)
Comisión de Derechos Humanos de la Federación del Colegios de Abogados de Venezuela del estado Tachira
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez)
Convite A.C.
Epikeia
Espacio Público
Excubitus DDHH
Federación Interamericana de Abogados- Capitulo Venezuela, seccional Anzoátegui
Foro Penal Venezolano
Fundación Aguaclara
Fundación Ángeles Chiquinquirenos
Funpaz
Humano Derecho Radio Estación.
Laboratorio de Paz
Movimiento Vinotinto
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Observatorio de los DDHH de las Mujeres
Observatorio Universitario de Derechos Humanos
Observatorio Venezolano de la Salud
Organización StopVIH
Proiuris
Promoción Educación y Defensa en DDHH – PROMEDEHUM
Provea
RedesAyuda
Uniandes
VotoJoven
Individualidades
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