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Venezolanos varados en el interior están solapados por los repatriados

7 de julio de 2020

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Una escuela del Táchira fue habilitada para atender a venezolanos de las regiones que se fueron a trabajar a la zona fronteriza antes de que comenzara la cuarentena y ahora esperan regresar a sus pueblos de origen porque ya se gastaron sus ahorros

Los más de 60.000 migrantes venezolanos que el gobierno de Nicolás Maduro, asegura que regresaron al país han sido «ayudados» e ingresados a espacios habilitados como refugios, para luego de hacerles la prueba de coronavirus y tras haber cumplido con la cuarentena, enviarlos a sus estados de origen. Se han hecho más de seis vuelos de repatriación desde el inicio de la pandemia, pero todo pinta a que esos venezolanos son prioridad y no aquellos que se quedaron varados en otros estados del interior.

Según Luis Alberto Salazar, presidente del Comité de Usuarios de Transporte Público, en conjunto con Venetur se creó un programa público llamado «Retorno a casa», con el que «se está beneficiando con un 90% de participación a los usuarios que quedaron aislados desde la contingencia en Caracas», y a penas a un 10% a los varados que están en las regiones.

El vocero señaló que han movilizado aproximadamente a 500 venezolanos por todo el territorio nacional, «teniendo como eje los buses de Venetur y toda la logística que permite la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) en Fuerte Tiuna,» y que espera que en los próximos meses puedan ayudar a movilizar a más migrantes internos. Sin embargo, mientras eso ocurre, la pandemia sigue desgarrando el bolsillo de los venezolanos y hace cada vez más difícil que el varado pueda mantenerse en el lugar en el que lo agarró la cuarentena sin ningún tipo de ingreso.

Bonerges Valiente y su esposa, ambos venezolanos y adultos mayores, están varados en Escuque, en el estado Trujillo, desde que inició el período de confinamiento. El lugar en donde han vivido por varios años está a unos cuantos kilómetros del estado andino, pero si estuviesen más jóvenes se fueran hasta caminando, pues lo que les cobran por llevarlos hasta su hogar, en Barcelona, Anzoátegui, redobla lo que reciben de pensión.

Él, de 64 años y dueño de un cyber para garantizar la comida en su casa, tiene más de tres meses sin trabajar y «estoy en casa de un familiar, sin ingresos aquí, imagínate. A expensas de una hermana, y la situación tan fuerte que está», comentó el anzoatiguense.

En la casa de Valiente no quedó nadie, razón por la que podría correr el riesgo de que los que les gusta lo ajeno hagan de la suyas. Para evitar que eso pase, algunas de sus hijas que viven allá van cada cierto tiempo a darle una vuelta a la casa, pero «nunca es lo mismo», la preocupación es recurrente.

Día #20 de la cuarentena para evitar la propagación del COVID-19 en Venezuela ¿Qué ha sido lo más complejo para usted? Los leo en #ShirleyRadio.

— Shirley Varnagy (@ShirleyVarnagy) April 3, 2020

A pesar de los padecimientos del corazón y también problemas respiratorios que tiene, Valiente ha contemplado la idea de irse en una cola con los productores de plátanos de la región. Sin embargo, cuando recuerda su condición, la letalidad del virus y los 58 años que tiene su compañera de vida, la desecha inmediatamente.

«Yo he intentado irme por mis propios medios, pero no he podido resolver por dos cosas: una por el salvoconducto, otra porque están cobrando 150 dólares desde Trujillo hasta Anzoategui, y somos dos, mi esposa y yo. Estuve en la ZODI de Valera, pero no tienen ninguna forma de ayudarme», dijo Valiente, al tiempo de afirmar que lo ideal sería que le facilitaran un transporte hasta su casa, pero sin tantos pasajeros, pues eso representaría un gran riesgo de contagio de coronavirus para ambos abuelos.

La ZODI no da respuesta

Han pasado más de tres meses desde que Joe Barboza se quedó varado en el estado Zulia debido a la orden de confinamiento que dio la administración de Nicolás Maduro el pasado 14 de marzo. Para el señor de 57 años de edad, un viaje que no duraría más de un par de semanas se ha convertido en una pesadilla.

La muerte de su padre lo obligó a movilizarse desde Bolívar hasta Maracaibo. Ya han pasado tres meses desde entonces y el único deseo que tiene es el de regresar a su casa, pues aunque en estos meses ha estado viviendo con su mamá, los gastos se le han duplicado porque no ha dejado de ayudar a su esposa e hijos que están en Los Pijiguaos, al sur de Bolívar.

Después de tener más de un mes enviando 20 tweets diarios al gobernador Omar Prieto y a la ZODI sin obtener respuesta alguna, decidió ir hasta la sede que el ente militar en Maracaibo para solicitar un permiso de viaje, algo que no había hecho debido a lo complejo que es trasladarse desde donde se está hospedando hasta dicho lugar.

«Fui hasta allá, cosa que no es fácil ya aquí el transporte público por el problema de la gasolina es precario y tuve que caminar desde la casa hasta el centro, aproximadamente 20 kilómetros, para poder agarrar el único transporte que pasa por la ZODI Zulia» contó Barboza, quien tuvo que «darse ese maratón» tres veces más porque cada vez que iba le pedían un requisito nuevo.

El lunes 15 de junio, día en que logró entregar los documentos completos, le dijeron que se pondrían en contacto con él, pero hasta el momento en que se escribió este reportaje eso no había pasado, razón por la que consideró como una pérdida todo el esfuerzo y dinero que tuvo que cambiar para comprar efectivo, pagar el pasaje y sacar las fotocopias de los documentos que le pedían.

Meses antes de ir hasta la ZODI, Barboza intentó regresarse por sus propios medios, pero ya todos los terminales estaban cerrados. Los piratas eran los únicos que estaban trabajando y cobraban 200 dólares sólo hasta Barquisimeto.

«Ya te podrás imaginar, y para ese entonces el cambio era de 90.000 bolívares por dólar», detalló.

Barboza dijo que durante una de las cadenas de radio de Nicolás Maduro logró anotar el número telefónico de un lugar en donde posiblemente podrían ayudarlo, pero allí sólo lo refirieron a otro lugar, y le dijeron que debía ir hasta los refugios en donde está confinados quienes regresan de otros países. Esa opción no fue viable para él, pues aunque se quisiera ir, tenía miedo a contagiarse.

Atrapado en el mismo estado

José Camacho, un trujillano que vive en Sabana de Mendoza, en la zona baja de Trujillo, fue en la semana del 10 de junio hasta Carache a buscar verduras y otros alimentos que le habían ofrecido algunos familiares que están en Miquía. Debido a la difícil situación económica que está viviendo y las tres bocas que debe alimentar, no lo pensó dos veces y se fue en una cola en los camiones de «los gochos».

Pero a varios días de haber llegado, impusieron de nuevo la cuarentena estricta en ese estado. De hecho, en el propio Carache ya habían sido reportado los primeros casos de coronavirus. Desde entonces, Camacho tiene casi un mes intentado regresar a su casa.

«Un autobús de los rojos sale lunes y viernes para Valera, es puesto por la alcaldía de aquí de Carache para trasladar a las personas que tienen enfermedades crónicas, los que se están dializando y las personas que tienen controles estrictos. Los requisitos que piden son exámenes médicos e informes recientes para constatar que de verdad van a ir al doctor», dijo el padre de familia, quien por sufrir de epilepsia cree que le podrán dar un justificativo que le sirva para viajar a casa.

Una vez llegue a Valera, espera hacer el mismo recorrido que hizo en un primer momento y el que dice hacen diariamente muchos venezolanos. Se irá por las trochas, en donde asegura no hay alcabalas ni autoridades que puedan solicitarle documento alguno.

Un refugio para migrantes internos

El pasado 19 de junio, William Gómez, alcalde del municipio Bolívar del estado Táchira, habilitó el colegio Manuelita Sáenz, ubicado en El Palotal, como Punto de Asistencia Social Integral (PASI),para atender a los venezolanos que durante los últimos meses se habían trasladado desde otros estados del país hasta la frontera, a fin de conseguir trabajo, pero que por la pandemia tuvieron que paralizarlo, disminuyendo así su actividad comerciales casi 90%.

Algunas de estos venezolanos, que en su mayoría vivían del comercio informal, mantuvieron la esperanza de que el coronavirus sería algo pasajero y se quedaron «varados» en un estado que no era el suyo. Otros jugaron vivo y picaron adelante antes de que las restricciones de movilización se lo impidieran. Tristemente no es el caso de Albert Ereú, quien contó a La Nación que junto a su esposa e hija fue desalojado de la residencia donde vivía en Ureña, debido a que no pudo pagar los 1000 pesos de alquiler que le correspondía.

Este joven vivía en territorio venezolano, pero iba todos los días a Cúcuta a trabajar en un local nocturno. Eso dejó de ser así cuando «la llegada del virus hizo que perdiera mi trabajo», comentó el oriundo de Lara, lugar al que espera regresar pronto debido a que en estos tres meses ya se gastó todo el dinero que había logrado ahorrar durante el año y medio que estuvo viviendo y trabajando en la frontera.

«Aunque allá hay muchos establecimientos cerrados, pocas horas laborales, allá está mi casa, y estaría con mis padres. Tengo un año sin verlos y ahorita que estoy regresando, la expectativa es que lleguemos sanos», acotó Ereú.

Tal Cual

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