El Gobierno nacional afirmó que en el país no han ocurrido crímenes de lesa humanidad y aseguró que el Estado está activo para garantizar la justicia

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, intervino este martes, en la 52ª sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en la ciudad de Ginebra, Suiza, donde ratificó el compromiso de la nación caribeña con los tratados internacionales en el sistema de justicia, al tiempo que rechazó las medidas coercitivas erigidas en contra del país, así como el secuestro del diplomático venezolano Alex Saab.

En este contexto, durante su discurso, Gil recordó la rebelión popular del 27 de febrero de 1989, como una expresión dolorosa de violación de los derechos humanos.

“El día de ayer recodamos la inédita rebelión popular y antiimperialista que protagonizó el pueblo de Bolívar, en contra del capitalismo y la burguesía; durante esas jornadas, nuestro pueblo fue víctima de una feroz represión, la cual causó más de cuatro mil muertes, de lo que mundialmente se conoció como El Caracazo, una expresión dolorosa de la política de violación sistemática de los derechos humanos, a la que fue sometido nuestro pueblo durante décadas”.

También resaltó que quedó en evidencia la desigualdad entre las naciones del mundo: “A dos años de la pandemia de la COVID-19 y sus secuelas, han quedado en evidencia las profundas inequidades, desigualdades y exclusiones que aún persisten en el mundo, así lo ha demostrado el acceso desigual a las vacunas y el desigual disfrute del derecho a la salud”.

Medidas coercitivas

El Gobierno nacional denunció ante la Corte Penal Internacional (CPI) la agresión mediática y geopolítica contra el país para acusar a la nación de supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido y reafirmó que el Estado venezolano está activo permanentemente para garantizar la justicia, a través del ejercicio de su jurisdicción, en defensa de los Derechos Humanos (DDHH).

“En su escrito, Venezuela aportó abundante información que evidencia el carácter político del proceso iniciado en la CPI en 2018, como parte de la estrategia de ‘cambio de régimen’ impulsada por el Gobierno de Estados Unidos. Asimismo, demostró que el Sistema de Justicia venezolano se encuentra activado permanentemente para garantizar la justicia, a través del ejercicio de su jurisdicción”, explica parte de un comunicado publicado por el Gobierno venezolano.

Igualmente, el Gobierno de Venezuela ratifica que “seguirá ejerciendo todas las acciones a su alcance para hacer prevalecer la verdad y defender sus derechos como Nación”. (VTV)