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Nacional
Venezuela pagó a petrolera rusa Rosneft $2.300 millones en 2018
5 de febrero de 2019
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Venezuela redujo su importante deuda con la petrolera semipública rusa Rosneft en 2.300 millones de dólares en 2018, indicó esta martes la compañía.
En una presentación destinada a sus inversores, Rosneft indicó que en 2018 Venezuela canceló 2.300 millones de dólares de los 4.600 millones (sin intereses) que le prestó la petrolera rusa en forma de avances.
Rusia es el segundo acreedor de Venezuela, por detrás de China. Moscú también es uno de los principales apoyos del gobierno de Nicolás Maduro frente al autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, que tiene el apoyo de Estados Unidos y 19 países de la Unión Europea (UE).
Una parte de la deuda venezolana con Rusia se reembolsa en forma de hidrocarburos, según varios acuerdos rubricados entre Rosneft y la petrolera estatal venezolana Pdvsa.
Oficialmente se trata de avances para contratos de entrega de petróleo y combustible, pero muchos expertos lo consideran un apoyo financiero directo al gobierno de Caracas.
Rosneft tiene participaciones minoritarias en cuatro proyectos petroleros de Pdvsa y es propietaria de varios plantas de gas en el país sudamericano.
“Los pagos siguen estrictamente el calendario”, dijo el vicepresidente de Rosneft, Pável Fedorov, en una conferencia telefónica. “No habrá retrasos”, afirmó.
El vicepresidente de Rosneft, el francés Eric Liron, dijo en una conferencia telefónica que “no está previsto bajar la producción en 2019 en los proyectos comunes con Pdvsa”.
La compañía estatal está bajo sanciones de Estados Unidos y sufre de años de falta de inversión.
“Supervisamos permanentemente la situación política y económica de Venezuela”, declaró Liron, considerando que “la inestabilidad de la situación política” es un “fenómeno temporal que no afecta de manera significativa a los proyectos existentes”.
2018, un año de buenos resultados
Rosneft, que se creó a partir de las ruinas del grupo petrolero Iukos, del exoligarca y opositor Mijaíl Jodorkovski desmantelado a principios de 2000, registró un crecimiento muy importante en los últimos diez años.
La petrolera está dirigida por un allegado muy influyente de Vladimir Putin, Igor Sechin, que aplica en la compañía las prioridades geopolíticas de Rusia, como en el caso de Venezuela, a pesar de las dudas de los inversores.
Aprovechando el aumento de los precios de los hidrocarburos, el grupo obtuvo en 2018 un beneficio neto de 549.000 millones de rublos, unos 7.300 millones de euros al cambio actual, es decir, 2,5 veces más que el año anterior.
La facturación creció por su parte un 37%, hasta 8,23 billones de rublos, unos 110.000 millones de euros.
Los resultados se explican por la progresión de los precios del petróleo, así como por un aumento de la producción tras el acuerdo de los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus socios, entre ellos Rusia.
Consecuencia de esos buenos resultados, Sechin anunció entre 1,2 y 1,3 billones de rublos (entre 16.000 y 17.400 millones de euros) de inversiones en 2019.
Tanto Igor Sechin como Rosneft son objeto de las sanciones occidentales contra Rusia por la crisis en Ucrania.
La petrolera dijo que las sanciones “provocaron la reducción del acceso al capital, un coste del capital más elevado e incertidumbre sobre el crecimiento económico”.
Una situación que podría tener “repercusiones negativas sobre la situación financiera, los resultados de explotación y las perspectivas comerciales futuras de la compañía”, reconoció.
Preocupada por las sanciones, la compañía energética italiana Eni se retiró recientemente de varios proyectos comunes con Rosneft en el Mar Negro.
Rosneft también tiene inversiones en otros países en crisis, como Irak, y este martes anunció haber pagado un avance de 1.800 millones de dólares a las autoridades del Kurdistán iraquí para un proyecto de oleoducto.
En 2017, la petrolera había anunciado la firma de un acuerdo con las autoridades de esta región semiautónoma para explotar sus inmensos recursos en hidrocarburos, que las autoridades locales se disputan con el gobierno central de Bagdad, muy crítico con ese pacto. AFP
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