La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, calificó como una “agresión” contra el país la recién aprobada Ley de Presupuesto de Estados Unidos.

“Esa legislación prevé la asignación de 400 millones de dólares para Venezuela, por medio de la Ley de Ayuda de Emergencia y Asistencia a la Democracia, que serían supuestamente destinados a asistencia humanitaria dentro del país y a refugiados y migrantes venezolanos”, observó.

En este sentido, la vicepresidenta Rodríguez fijó la posición del Gobierno al considerar que “repudia y rechaza el paquetazo desestabilizador e intervencionista, aprobado por el Congreso de Estados Unidos, contenido en su Ley de Presupuesto, que busca socavar la soberanía de Venezuela y apoyar acciones terroristas y desestabilizadoras de la oposición extremista venezolana”.

Por su parte, el canciller Jorge Arreaza fue más amplio en relación con el caso.

De acuerdo al comunicado que dio a conocer el Ministerio de Relaciones Exteriores, en su texto, “rechaza de manera categórica la nueva agresión injerencista, emprendida desde la élite dominante de Estados Unidos de América, al pretender aprobar una legislación, irónicamente bautizada como Ley de Ayuda de Emergencia, Asistencia a la Democracia y Desarrollo para Venezuela, concebida para profundizar los ataques contra el pueblo venezolano, desconocer su soberanía y orden constitucional interno”.

Detrás de esta cadena de “eufemismos”, prosigue, “se oculta un instrumento que pretende acentuar la implementación de las medidas coercitivas unilaterales, que resultan ilegales, en tanto que son violatorias de la Carta de las Naciones Unidas, en la medida en que atentan contra los derechos humanos de más de 30 millones de venezolanos. Adicionalmente, en un delirio de arrogancia imperial, el Congreso estadounidense pretende mediante este acto legislativo, abrogarse (sic) el derecho de castigar a países que mantengan relaciones comerciales con Venezuela”.

El comunicado subrayó, además, que la “ley busca la restauración neoliberal sobre Venezuela, además de expoliar sus recursos, para lo cual plantea un pretendido régimen de tutelaje legal sobre Venezuela, en el cual hasta los propios aliados políticos se verían atados al gobierno estadounidense”.