Eduardo Marapacuto

          Tal vez, las causas de la política agresiva, hostil y de amenaza constante por parte de los Estados Unidos contra Venezuela, habría que buscarlas en la propia naturaleza del imperio norteamericano que, en su afán de dominación y sometimiento de los pueblos, ya han aplicado sanciones contra muchos países en el mundo, tal es el caso de Irán, Siria, incluso China y Rusia, actualmente. En el caso de América Latina, Estados Unidos mantienen sanciones contra Cuba, Nicaragua y Venezuela. En el caso venezolano, las sanciones o medidas coercitivas unilaterales (MCU) han tenido consecuencias directas sobre la población venezolana, vulnerando sus derechos fundamentales como es el derecho a tener acceso a los alimentos y a las medicinas como garantía de la vida. Los Estados Unidos han bloqueado todas las instancias para que el Estado venezolano no pueda comprar alimentos y medicinas en el mercado internacional. Por supuesto, esto ha tenido un fuerte impacto sobre los derechos humanos en el país.

          De acuerdo con Luis Brito García  la soberanía de un Estado comprende la potestad absoluta y perpetua de darse sus propias leyes, aplicarlas con sus propias autoridades y decidir con sus propios órganos jurisdiccionales, para resolver libremente sus problemas y situaciones internas; por lo que se hace uso pleno de la soberanía como expresión de la verdadera independencia política. De allí que el Estado venezolano ni su pueblo, bajo ninguna circunstancia deben permitir que otro Estado ni bloque de poder político y económico (caso de la Unión Europea) pretendan interferir en los asuntos internos ni imponer normas. 

          La escalada de aplicación de las MCU contra Venezuela la inicia el presidente Barack Obama con la Ley Pública N°. 113-278, de Defensa Pública de los Derechos Humanos y de la Sociedad Civil en Venezuela, emitida por el Congreso de los Estados Unidos el 18 de diciembre de 2014. De esa manera la “ley se convierte en el marco legal para que el presidente de Estados Unidos pueda imponer sanciones dirigidas a las personas responsables de violaciones de derechos humanos contra los protestantes antigubernamentales”.

          Atribuyéndose arbitrariamente el poder de imponer MCU, los Estados Unidos argumentan bajo una falsa bandera, que en Venezuela se violan los derechos humanos y que, además no se garantiza los estándares de seguridad pública a la población; considerando en consecuencia a Venezuela en uno de los países más corruptos y violentos del mundo. En tanto, la ley otorga ese poder al gobierno del Estado norteamericano para “imponer sanciones de activos y de expulsión de EE.UU., así como la no renovación de visas o de otra documentación a cualquier persona que haga parte del régimen venezolano”.

        Así comienzan las agresiones directas e indirectas contra el país, lo que le va a permitir “a los presidentes norteamericanos a partir de ese momento, imponer unilateralmente medidas sancionatorias o congelar bienes”. Luego vino la Orden Ejecutiva N° 13-692, del 8 de marzo de 2015, emanada de la presidencia de EE.UU., encabezada por Barack Obama, en la cual Venezuela es calificada como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, porque según en Venezuela había persecución política contra los opositores al gobierno, no había garantías para la libertad, el gobierno usaba la violencia, se violaban los derechos humanos con la detención arbitraria de los manifestantes.. En marzo de 2016, a través de decreto, la administración estadounidense renueva por un año esta Orden Ejecutiva.

        Tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2017, la imposición de sanciones contra Venezuela continúa, centrándose en lo político, lo económico y lo social. Con Joe Biden no han cesado, al contrario continúan en pleno desarrollo.

Politólogo, MSc. en Ciencias Políticas.

Investigador RISDI-Táchira

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