Cesar Pérez Vivas

 

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La estampida humanitaria generada por la dictadura madurista constituye un drama que merece nuestra atención permanente. La semana anterior dediqué mi trabajo a examinar el cambio de condiciones, que se está produciendo en buena parte de Sur América respecto de la  llegada masiva de nuestros compatriotas.

 

Hoy quiero detenerme, un poco más,  en la forma como Colombia está asumiendo esta complejo problemática. La respuesta de la administración Duque al ingreso masivo de los venezolanos a territorio colombiano se corresponde con la naturaleza civil, democrática y humanista de su liderazgo. No estamos observando una política militarista.

 

Estamos frente a una política humanitaria, que a la vez que busca ordenar el fenómeno social, para garantizar seguridad a propios y extraños; también ofrece acogida y reconocimiento de los derechos fundamentales,  a los más de dos millones de compatriotas que han buscado refugiarse en la República hermana.

 

El Presidente Duque y su gobierno ha comprendido cabalmente la porosidad de nuestras fronteras, y lo inconveniente que resultaría una política represiva contra los miles y miles de venezolanos que diariamente se presentan en su territorio, bien para quedarse, o bien como transito a otros destinos.                                          

 

Se trata de decisiones difíciles para un país que tiene dificultades y problemas por atender. Los temas de la pobreza, criminalidad, infraestructura y servicios son complejos y requieren de grandes inversiones para ser atendidos. La migración venezolana, ciertamente, incrementa sus dificultades. La importancia de la política migratoria del gobierno colombiano, cobra mayor significado por el acoso interno que factores de la izquierda radical y antidemocrática  adelantan contra su democracia.                                                    

 

El Presidente Duque complementaria su política si lograse convencer a nuestros vecinos, más hacia el sur, de que es más útil a su seguridad, economía y vida social darle a los venezolanos un estatuto de protección,  que acudir al expediente de la expulsión, previa persecución y hostigamiento, que siempre termina en tristes episodios de violación a los derechos humanos.

 

Nadie mejor que el gobierno democrático de Colombia para adelantar esa gestión. Siendo el primer país receptor y el de mayor número de venezolanos instalados en su territorio, podría llamar con mayor atención el interés de toda la comunidad internacional frente a la tragedia ocasionada  por la dictadura de Maduro.

 

América Latina debe proceder a una acción política y diplomática más firme frente a los desmanes autoritarios de la camarilla roja. No se trata solo de una declaración de los países amigos. 

 

Nuestra tragedia ha demostrado que los Acuerdos Internacionales para la protección de la democracia y de los derechos humanos, como el Tratado de San José de 1969 y la Carta Democrática Interamericana de 2001, tienen una severa falencia, al no haberse podido establecer un conjunto de cáusales objetivas, que hacen a un gobierno usurpador sujeto de sanciones efectivas para lograr la restitución de la democracia.  Hay una tarea pendiente en el derecho Internacional Público respecto de esta materia. 

 

Por eso nuestra tragedia, con su estampida humana de cerca de 6 millones de seres humanos, debe convertirse en un espejo en el cual observarse las demás naciones del continente.

 

COLOMBIA ha asumido una política solidaria. No solo su gobierno, sino también su pueblo. Las acciones aisladas de personas o funcionarios subalternos contra nuestros compatriotas son realmente muy pocas, respecto de la magnitud de la solidaridad y afecto con que se han acogido a los nuestros.

 

Mientras ésta solidaridad se hace evidente,  la dictadura comunista de Maduro, como respuesta, lanza agresiones verbales contra el Presidente Duque, incrementa la hostilidad hacia su gobierno, no crea condiciones en la frontera para humanizar el fenómeno, y refuerza su política de acogida y empoderamiento a los guerrilleros del ELN y a los disidentes de las FARC, que han encontrado aquí respaldo para continuar sus ataques a la paz y tranquilidad del pueblo colombiano. 

 

Maduro y su camarilla, antes que agradecer y reconocer la solidaridad de Colombia promueve la violencia apoyando y acogiendo a la guerrilla narco-comunista. Colombia tiene derecho a defenderse de esos grupos armados, protegidos y apertrechados por la dictadura. De modo que no puede alarmarnos sus decisiones de organizar, en su territorio, los mecanismos de protección y defensa de sus infraestructuras, instalaciones y personas atacadas por las bandas armadas que operan desde nuestro territorio. 

 

Los venezolanos debemos agradecer a Colombia y a su gobierno su solidaridad, y condenar de forma firme a la dictadura madurista que produce la estampida, pero que además, permite la presencia en nuestro territorio de los agentes de la violencia y el terrorismo de la vecina y hermana nación colombiana.