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24 de noviembre de 2024
Nunca perderemos la esperanza pero cada día que amanece el ambiente es más pesado y cruel, esto debido al conjunto de fuerzas “malignas” que se siguen imponiendo, pero que lamentablemente por parte de los que tienen la responsabilidad constitucional de direccionar la “economía política con políticas y medidas económicas” oportunas y pertinentes con nuestra realidad, no activan en definitiva de manera integral los mecanismos pragmáticos, congruentes y sensatos que permitan neutralizar y revertir de una vez por todas los efectos perversos y dañinos que se ejercen sobre las raíces mismas de la sociedad venezolana: en particular en lo moral y ético.
Ante este panorama cada vez más oscurecido y que irremediablemente obliga a una paralización sistemática de lo que queda de actividades económicas e institucionales que aún se resisten a fenecer, de nuestra parte y siendo fiel al Estado Constitucional de Derecho y en particular a lo que concierne a la Ley de Universidades seguimos insistiendo en la metodología del Índice de Poder Adquisitivo Pertinente (IPAP) y en el Plan Integral de Reconstrucción Universitaria (PIRU).
Con respeto al IPAP, el mismo representa mucho más que un aumento salarial o una simple tabla salarial. Esta metodología agrupa un conjunto de factores que al hacerlos converger gracias a las coherencia entre la política fiscal, monetaria y cambiaria, se permitiría efectivamente alcanzar un salario digno tal cual como se establece en el artículo 91 de la Carta Magna, pero a su vez se podría logra un impacto favorable sobre todas las variables macro y micro económicas y sociales: tal el caso del flagelo inflacionario.
Entonces, si en vedad se requiere construir una tabla salarial indexada se debe como principio ético esencial neutralizar las implicaciones de la estanflación mega-hiper, es decir la paralización y decadencia absoluta de la producción y el empleo nacional agravado con exponenciales niveles del sistema de precios; y en todo caso si se pretende insistir gremialmente en aumentos salariales, antes también se debe reconocer que el salario mínimo en la actualidad debería estar al menos en los Bs. 190 millones para finales del año 2018 (esto de acuerdo a los mismos criterios de ponderación que utiliza el organismo nacional con competencia en la materia).
Pero también se requiere un PIRU para reiniciar el proceso de reactivación y reconstrucción de la economía a favor de la sociedad en todas sus dimensiones. Por ello “es básico la inversión de capital e infraestructura en todas las Universidades, que complemente el justo y necesario presupuesto para gastos de funcionamiento y beneficios laborales (salarios entre otros) indexados: en pro de la formación integral de nuestros estudiantes y en beneficio de la sociedad a la cual nos debemos. En concreto (según estimaciones previas) se requieren invertir más de 2 mil millones de dólares en la ampliación, recuperación y potenciación de la infraestructura universitaria”
Finalmente y de forma reiterativa:
Internalizar los procesos de pensamiento y el accionar consciente e intencionado en la dirección de revertir la situación de quiebra, descapitalización, pobreza y miseria agravada que padece la sociedad venezolana, depende primariamente de una confianza renovada y la reducción de los altos grados de incertidumbre y conflictividad, que esté respaldada por la aplicación de una “economía política con políticas y medidas económicas” integrales, coherentes, sensatas, pragmáticas, disciplinada y pertinentes con nuestra realidad. Si esto lo logramos, el ingreso legal podrá cubrir a cabalidad el gasto real de los venezolanos.
Pedro Morales / Docente Universitario/ [email protected] ; tipsaldia
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