El Art. 83 constitucional da derecho a la salud y la vida: ¿no es delito el yugularlas?

Oswaldo Carmona es doctor en Ciencias Médicas (LUZ), dirigió la Unidad de Microbiología y Enfermedades Infecciosas del Hospital Vargas por más de 20 años y es profesor titular de la Cátedra de Microbiología de la UCV (Vargas). El eminente médico (vive en España) me informó en carta personal de febrero de 2020, esto:

Hay muchas cepas de coronavirus: unas inofensivas y muy virulentas, como la del actual coronavirus de Wuhan, menos peligroso que el SARS y el MERS (afectaron a humanos en 2002 y 2013), cuya letalidad fue del 19 % (SARS) y 30 % el MERS. La mayoría de muertes fue en mayores de 55 años. El coronavirus es más contagioso y peligroso que la influenza. Su letalidad está cerca del 2 % y en la influenza estacional menor del 0.1 %. La máscara quirúrgica de tela no protege, como sí la máscara 95, usada por obreros para no respirar polvo. El coronavirus infecta a través de nariz y boca, y se cree que por la conjuntiva ocular. La pandemia puede controlarse espontáneamente, como pasó con el SARS, o puede entrar en un patrón estacional o convertirse en una gran pandemia. No hay vacuna; pero se recomienda la vacuna contra la influenza a mayores de 55 años (en quienes síntomas gripales serían sospechosos de coronavirus). A la consabida precaución, agregar el no llevarse las manos a la cara.

La Ley de Medicamentos (año 2000) manda a producir dosis individualizadas a los laboratorios farmacéuticos (Art. 51) para poder elegir entre cajas o dosis unitarias, lo cual es un derecho establecido en el Art. 117 constitucional; pero muchos laboratorios no acatan esas disposiciones, perjudican al pueblo y al máximo a quienes por su limitación económica les resulta muy oneroso o hasta imposible el comprar cajas completas de medicamentos. Hay contumacia en tal desacato continuado porque la Sala Constitucional del TSJ les declaró sin lugar el recurso de nulidad que, contra aquel Art. 51 eiusdem, interpusieron.

En EE.UU. es obligatorio el suministrar dosis individualizadas de medicamentos, cuya venta siempre reviste tal exclusiva forma de presentación, adaptada a la necesidad y posibilidades del paciente, quien las recibe de las farmacias en recipientes etiquetados con su nombre y el del médico que los prescribió y en qué fecha, dirección y teléfono de la farmacia; posología exacta, modo de uso y fecha de “discard” o descarte, y advertencia de “no refills” o no recargar o no volver a llenar ese medicamento.

Es indignante que los mismos laboratorios farmacéuticos que en EE.UU. sí producen medicamentos en dosis individualizadas, se nieguen a producirlos así para el pueblo venezolano: podrían, ¡y deberían!, producirlos a granel para ser vendidos en dosis unitarias que, dicho sea al pasar, es como los recetan la mayoría de médicos venezolanos.

De estallar esta pandemia en Venezuela, el Estado no está preparado para afrontarla por insuficiencia de medicamentos: los laboratorios alegan que no los importan hasta que Venezuela les pague las divisas que se les debe; pero Venezuela tiene décadas pagándoles precios mucho más caros que en toda Suramérica y, encima, dándoles dólares preferenciales (desde CADIVI) para poder comprarlos más baratos… El precio de la caja de medicamentos en Venezuela fue la más cara de Latinoamérica, según un estudio encargado por los laboratorios a Ims Health de Venezuela, C.A.: esa caja se vendió aquí a 12 dólares, mientras en Brasil y Méjico el precio promedio, per cápita y por año, fue de 8 dólares.

Y lo más importante es que por la persistente violación de las leyes por los laboratorios, estos han causado un colosal daño económico a los venezolanos –que interesa no solo al Derecho civil sino al penal–, y es harto lamentable que la Sala Constitucional del TSJ no haya sentenciado en el juicio interpuesto, por juristas de mucho predicamento, contra esos laboratorios extranjeros que deberían haber sido condenados a pagar grandes sumas de dinero a Venezuela: además sufre un descomunal daño humano y económico por el criminal bloqueo, que también le impide comprar medicinas (es de lesa humanidad el querer rendir a un pueblo por enfermedades y hambre) y por el gigantesco despojo patrimonial de Guaidó and company…

El presidente de EE.UU., Trump, “acusó a las farmacéuticas” e “inició su cruzada contra los altos precios de los fármacos en EE.UU.” (Diario Las Américas, 11-5-2018): “Es hora de poner fin a los abusos de una vez por todas. He instruido (…) para que la solución a esta injusticia sea una prioridad”.

Es muy significativo lo expresado por el Nobel de Medicina, R.J. Roberts, en una tan interesante cuan valiente declaración al diario español Vanguardia, republicada por Ecoportal.Net el 11-6-2019: “A la industria farmacéutica no le interesa curar, sino cronificar nuestras enfermedades. (…) Denuncia que los fármacos que curan no son rentables y por eso no son desarrollados (…) No es válido que la industria de la salud se rija por los valores del mercado capitalista, que se parecen mucho a los de la mafia”.  // Alejandro Ángulo Fontiveros

Alejandro Ángulo Fontiveros