Opinión
Corte Penal y sanciones

Las sanciones, aunque pueden ser merecidas, no siempre funcionan y a veces son hasta contraproducentes. Pueden ser individuales y directas contra los personeros que gobiernan o colectivas afectando a la nación. Son deplorables cuando pagan justos por pecadores y no logran sus objetivos. El ideal es que procedan del Consejo de Seguridad de la ONU.
A partir del año de 1960, durante la administración Kennedy comenzó el embargo económico contra el gobierno comunista de Cuba, en retaliación a las confiscaciones de los bienes norteamericanos. No lograron asfixiar al régimen, ante el auxilio que recibió de la Unión Soviética, y en los últimos lustros de Venezuela. El bloqueo sirvió de pretexto, junto a una supuesta invasión de EEUU para amalgamar a la población en torno a un enemigo externo. Más de medio siglo después la oligarquía comunista continúa a sus anchas y Fidel Castro murió, tomándose a diario una botella de Vega Sicilia, valorada en unos cuantos millones de bolívares.
En Corea del Norte los castigos le han hecho daño a la tiranía. Sin embargo, se mantiene con la tercera generación en el poder, creando zozobra al amenazar al mundo con una guerra nuclear.
El presidente Reagan lideró las sanciones contra el régimen del apartheid en Sudáfrica, a las mismas se sumaron Europa y Japón, y terminó Mandela como presidente, conduciendo la nación a la paz. Obama fue artífice de las penalizaciones contra Irán, a las que se sumaron la Unión Europea, Japón, Rusia y China, lográndose unas negociaciones, que paralizaron el peligro atómico y abrieron el país al comercio internacional.
Ahora hay sanciones de EEUU contra Rusia al castigar su accionar en Ucrania y el uso del ciberespacio para tratar de alterar las elecciones presidenciales. Mientras tanto, las últimas a Venezuela, son las primeras que van más allá de propiciar penas a personalidades señaladas con millones de dólares, narcotráfico o terrorismo. Anuncian otras posibles, y queda el recurso de insistir ante la Corte Penal Internacional. El presidente Caldera firmó el Estatuto de Roma, que obliga a la República a respetar las decisiones que podrían decantar en órdenes de captura, ante las violaciones a los derechos humanos, las torturas y los delitos de lesa humanidad cometidos contra la disidencia. @OscarArnal