La corrupción es proporcional a la pobreza, a mayor corrupción mayor pobreza, así tenemos entonces que los datos que nos proporciona Transparencia Venezuela sobre la inversión en el sistema eléctrico durante el gobierno de Chávez fue de 8.978.011.194,53 dólares, y durante el mandato de Maduro, 5 años, la cantidad de 4.801.547.578,51 dólares.
Solo en 2014 se aprobó la ejecución de 40 proyectos, por un monto de 37.691 millones de dólares, más los recursos asignados por la vía de endeudamiento. ¿Dónde terminó esta mil millonada de dólares? Terminó en los bolsillos de quienes entregaban y los que recibían los contratos, no se realizaron, Venezuela quedó en modo de apagón, y los beneficiarios viviendo en la luz del exterior.
Con ello, la afirmación inicial cobra relevancia, a mayor corrupción más pobreza, y es así en razón de que sin energía eléctrica no hay industria, ni comercio, no hay energía para mantener los alimentos en buen estado y muchísimos electrodomésticos dañados, sin que el Estado reponga los daños ocasionados.
Ahora bien, se robaron el dinero, pero el gobierno ni los órganos que deben encargarse de perseguir la corrupción lo han hecho, ¿por cuál razón no los persiguen, ni procuran que los dineros regresen?
Usted se da cuenta de que igual sucedió con Pdvsa, con el gas, y otros sectores, la crisis es inducida para crear un estado de pobreza generalizada que permita un control social por parte de la revolución. La revolución montó 400 empresas vinculadas al gobierno, a las cuales les dio en tiempos de bonanza créditos en dólares y ninguna dio beneficios, luego todas declaradas en quiebra.
En tiempos que el gobierno buscó a los cubanos para asesorar de lo que no saben, llegaron al tema eléctrico y desmontaron lo que los ingenieros y técnicos venezolanos crearon, como fue el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, creado para sostener el fluido eléctrico en todo el país y cubrir las poblaciones que no contaran con el servicio; entonces, como ves, no solo es que no llueve, cuando por cierto está lloviendo.
La conducta del gobierno nacional, regional y de Corpoelec, de no dar explicaciones serias, creíbles y verificables de lo que sucede, es una violación al derecho del ciudadano de estar informado de lo que hace el gobierno, y más aún, una violación a la obligación que tienen de rendir cuentas de su actividad.
En condiciones normales se les habría dado acceso a los medios de comunicación para estar en el lugar donde suceden los episodios de colapso eléctrico, para que la información sea entonces veraz, pero es lo que no sucede.
Otra causa de esta situación, responsabilidad de lo que se dice oposición, es el hecho que desde el 2017, la Asamblea Nacional no aprueba la Ley de Presupuesto y, por tanto, no les entregan ni siquiera el proyecto, entonces los diputados no saben cuál es la distribución del presupuesto por sectores.
En tiempos de democracia, desde Uribante-Caparo existía una línea de alta tensión que llegaba al  Norte de Santander, a Termotasajero, planta generadora, por donde le vendíamos electricidad a Cúcuta y que podía ser por donde se compre para estas contingencias, pero eso no está como prioridad del gobierno, que prefiere doblegar al ciudadano.
El informe FIDH, junto con Provea, indica que “la producción de electricidad ha caído el 74 %, lo que ha provocado 174.000 cortes de corriente durante el 2021, afectando al 74,2 % de la población”.
¿Tiene el gobierno planes de normalizar el fluido eléctrico, o normalizar el racionamiento eléctrico? Pues eso se responde si miramos los planes de inversión del gobierno, si no anuncia planes de inversión, teniendo recursos, pues prefiere el racionamiento.
Nos acostumbramos a lo anormal, que los diputados se conforman con la explicación “es que no llueve”.
Dios nos bendice.