Se redujo de un 15 al 20 % el delito en Táchira
27 de diciembre de 2024
Fredy Contreras Rodríguez*
Un deleznable caso de latrocinio y ruina moral golpea nuestra conciencia y amenaza el futuro de la patria, en modo “epidemia”. Como rémora maligna que se resiste en abandonar el cuerpo social, de nuevo el lastre de la corrupción aparece en tiempos de dificultades y penurias para el pueblo, empeñado en construir un destino colectivo democrático, transparente, decente, justo y de bienestar y prosperidad para todos, como lo dice la Constitución de 1999.
Mucho se ha dicho y escrito sobre este cáncer social. Se le califica como lastre histórico; estigma y herencia de nuestro vergonzoso pasado colonial, español, forajido, ladrón y bribón; se dice que es problema endémico y estructural de las sociedades modernas; expresión de la cultura del capitalismo, acentuada por la economía neoliberal imperante, que es práctica legal en EEUU y la Unión Europea por lobbies y “puertas giratorias” entre las empresas trasnacionales y los gobiernos; que es pecado original, nacido con el mismo Estado y… muchas cosas más. Y cada vez que revienta un hinchón de estos, señalamos, criticamos, condenamos y, pasado el vendaval, muy poco hacemos para impedir y prevenir que ocurra de nuevo.
Una mafia de delincuentes y desalmados, ubicados en máximas instancias de gobierno con acceso al manejo de los dineros del petróleo, pone al descubierto la catadura ética de una insignificante minoría de funcionarios que, amparados en el ejercicio del poder, son la continuidad de lo que no acaba de morir, impidiendo el paso a lo que tiene suma dificultad en acabar de nacer; el nuevo Estado Bolivariano, cuya esencia describe el artículo 2 de la Constitución: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.
Al saber de este suceso, el ¡No volverán! ¡No volverán! que se corea en los actos públicos, cobra nuevo sentido y razón: Es cierto que No volverán, porque los corruptos no han terminado de irse de las instituciones públicas y es urgente que ocurra. Es necesario que terminen de irse; y para ello hay que sacarlos a patadas de las instituciones y tenemos el deber de “ayudarlos” a salir, para que los poderes del Estado sean dirigidos por republicanos educados en los valores de la Constitución y de la nueva sociedad, en construcción. Y hacerlo, es deber de la conducción política de la nación y en especial del PSUV.
Dentro del PSUV es la oportunidad de definir acciones, partiendo del dossier ideológico, doctrinario y programático del partido (Libro Rojo, Declaración de Principios, líneas estratégicas de acción política, tesis programáticas, 3R, golpe de timón, Plan de la Patria) para poner en praxis una política interna contra la corrupción.
El PSUV debe crear dentro de la organización del partido una vicepresidencia nacional y comisiones estadales y municipales de asuntos internos, con dirigentes de reconocida estatura ética y moral -a toda prueba y sin cola de paja- que desarrollen un plan de trabajo para depurar a la Revolución de oportunistas, aventureros y malandros; minoría insignificante y miserable que está causando el peor de los daños al pueblo en general.
El 99,9 % de la militancia del PSUV no puede seguir permitiendo que una despreciable minoría dé al traste con el gigantesco sacrificio colectivo que ha costado a todos, sangre, sudor, lágrimas y patrimonio durante años de dura lucha contra los enemigos internos y externos. La dirección máxima del PSUV tiene el deber de canalizar este esfuerzo; y para tal fin, debe crear un aparato interno que investigue a quienes sean señalados. Millones de hombres y mujeres militantes del PSUV, líderes de calle, de comunidad, de UBCH, de equipos parroquiales, municipales, estadales y estructuras nacionales, armados con los principios del desprendimiento material, la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad, el sentido comunitario, la honradez, la transparencia y la participación del pueblo, que hacen del ejercicio de la política un sacrificio, un oficio noble y un servicio social, así lo reclaman. Ni un corrupto más que dinamite la moral de la militancia del partido ni la moral republicana del pueblo venezolano.
Es desde lo político que se debe atacar el flagelo. No hay otro modo, demostrado como está que enfrentarlo desde lo jurídico formal ha sido un fiasco de impunidad y vergüenza para todos. La corrupción se nota y es como la gripe; a distancia se perciben las señales inequívocas de su inmundicia ética y moral, traducida en ritmos de vida imposibles de cubrir con los salarios, en gastos suntuarios que sobrepasan sus posibilidades económicas y en posesión de bienes que jamás podrían adquirir con sus ingresos por nómina; se nota y no es difícil saber -por ejemplo- cuándo un alcalde anda en hechos de corrupción si -por ejemplo- en 2 años de gestión se construye una mansión surgida de la nada, en su declaración jurada de patrimonio reporta una casita de interés social sin pagar y que llegó al poder con una mano adelante y otra atrás, tapando sus desnudeces materiales. Los hay y se deben investigar. Llegó la hora de cero impunidades, cero alcahueterías. O los enfrentamos o esto se lo llevará quien lo trajo. Prohibido olvidar que en 1998 el pueblo de Venezuela confió en Hugo Chávez porque estaba asqueado de la corrupción en las instituciones del Estado.
*Ingeniero. Militante del PSUV. Agricultor urbano.
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