Antonio Sánchez Alarcón

En Venezuela, el eje electoral sigue siendo la única brújula desde donde políticos y analistas intentan orientarse frente al régimen de Nicolás Maduro. A pocas semanas de las elecciones del 25 de mayo, la discusión pública continúa encerrada en la misma disyuntiva agotada: Votar o no votar. No hay discurso que escape de esa órbita. No hay reflexión que no gire, sin escape gravitacional, alrededor de un evento electoral diseñado para ser funcional al régimen.

Lo curioso —y también lo trágico— es que tanto quienes llaman a participar en unas elecciones sin garantías como quienes proponen la abstención por la ausencia de condiciones mínimas comparten, aunque desde trincheras opuestas, el mismo síndrome: el de la salida electoral. Una patología nacional que consiste en creer que todo proceso de cambio, toda posibilidad de transformación política, toda esperanza de ruptura debe forzosamente pasar por una boleta electoral, por un candidato carismático, por una campaña publicitaria o por una denuncia ante algún observador internacional imaginario.

Lo decimos sin cinismo y con plena conciencia del peligro que representa otro camino: No se trata aquí de exaltar soluciones violentas, ni de romantizar una salida insurreccional que, en las condiciones actuales, sería poco menos que un suicidio colectivo. La dictadura venezolana no solo controla los poderes formales del Estado, sino que se apoya en una maquinaria represiva con décadas de experiencia y un umbral de crueldad ya probado. Nadie sensato desea un escenario de sangre.

Pero si el único horizonte que se plantea es el electoral, incluso en las condiciones más adversas —con partidos ilegalizados, candidatos inhabilitados, padrones manipulados y árbitros comprometidos— entonces no estamos ante una estrategia, sino ante una capitulación adornada de ritual democrático. La oposición, o lo que queda de ella, ha sido incapaz de salirse de ese bucle. Peor aún: Ha renunciado a construir poder social real en los territorios donde el régimen todavía no tiene el control absoluto.

Uno de esos territorios es, paradójicamente, el más olvidado: el sindical. La lucha obrera y gremial, durante buena parte del siglo XX, fue el eje de la movilización política en América Latina. Pero en Venezuela, después de 25 años de fracasos electorales consecutivos, la idea de recuperar el poder sindical ni siquiera asoma en las agendas de los partidos, mucho menos en los discursos de sus líderes. Se sigue viendo al movimiento obrero como un apéndice decorativo o como una correa de transmisión de intereses partidistas, en lugar de lo que verdaderamente puede ser: Un motor autónomo de organización, protesta y presión sostenida.

Los pocos sindicatos que aún resisten, con salarios de hambre y amenazas cotidianas, han demostrado que todavía existe dignidad organizada. Pero están aislados. Nadie los convoca. Nadie los escucha. Nadie los articula. Se prefiere esperar a que llegue la próxima elección, como quien espera al Mesías, sin importar cuántas veces se haya demostrado que el camino está cerrado desde el principio.

Quizás ha llegado el momento de cambiar de eje. De sustituir la obsesión electoral por la reconstrucción del tejido social. De mirar menos a los partidos y más a los trabajadores. Porque si algo está claro es que votar —o no votar— no basta. Y, peor aún, puede ser exactamente lo que el régimen espera que sigamos haciendo.