Fredy Contreras Rodríguez*
Los hechos de corrupción dejan en evidencia a una institucionalidad pública -territorial y funcional- permeable al estigma, poniendo en duda las buenas intenciones, propósitos, planes y el espíritu de servicio del funcionario público en general, pero lo más grave es el inmenso daño que causa al fin refundacional de la república, dicho en el preámbulo de la Constitución.
No se podrá conseguir la suprema aspiración si no se logran superar y liquidar las fallas y defectos del modelo político clientelar heredado del bipartidismo, que sigue siendo modo de gestión en alcaldías, gobernaciones y en la administración nacional.
Desde esta óptica, la corrupción, la ineficiencia y el burocratismo -taras crónicas de los organismos públicos- mellan el fin supremo constitucional e impiden el desarrollo de los planes de desarrollo económico y social de la nación -llámense como se llamen- y los lineamientos estratégicos, tesis ideológicas y programáticas, cuyos contenidos señalen como fin último refundar la república. En otras palabras: No habrá refundación de la República bolivariana, si no se liquidan la corrupción y la ineficiencia estatal.
Diversos actores de la vida pública han expuesto su preocupación por los casos de corrupción de los últimos tiempos llegando a decir que el país está sacudido en lo moral, social y en lo político por lo que ocurre en el cuerpo orgánico del Estado, personificado en los funcionarios implicados; que el PSUV y el gobierno responde rápidamente a los hechos condenando y expulsando a tales personas; que el país está en presencia de una circunstancia de vieja data pero que en la coyuntura que vive, hace más compleja su situación. También se dice que estos hechos conspiran contra el proceso revolucionario y pone en duda la calidad ideológica, política y ética de su liderazgo joven; incluso, se especula que se puede estar en presencia de una “infiltración ideológica” y que tales hechos son expresión del movimiento interno de los enemigos que actúan para implosionar la revolución.
Sea como fuere, el debate abierto debe sensibilizar a toda la gente contra la corrupción, pues se corre el grave peligro de banalizar el tema como ya lo advierten algunos, y que la corrupción se convierta en una práctica normal en las instituciones del Poder Público; que se convierta en cotidianidad socialmente aceptada como pareciera que ya ocurre, dejando de ser un hecho delictivo, condenable, ilegítimo, execrable que se expresa en todos los ámbitos, en todas las instituciones y de diversas formas. Debemos debatir y cuestionar la corrupción en todas sus manifestaciones, expresiones y modalidades; desde la que ocurre en las altas esferas del Estado -estafas a PDVSA, tajadas multimillonarias en los contratos internacionales- como la que se expresa en el viacrucis diario del ciudadano que gestiona en oficinas públicas y que hemos denominado corrupción famélica.
Reiteramos: El abordaje del problema debe hacerse desde lo político, sin atenuantes ni complejos. Imperativo es, como se está diciendo desde hace mucho, retomar el origen de este proceso para poder avanzar en la reconstrucción de la ética pública, de modo que se puedan legitimar las acciones de las instituciones, creando confianza en sus procederes. El PSUV como vanguardia de la Revolución, debe retomar el tema como problema prioritario del Estado que se debe resolver a corto, mediano y largo plazo. No debe existir impedimento alguno o alcabala distractora que obstaculice la tarea. Sin temor alguno se debe atender el problema de combatir la corrupción y la ineficiencia burocrática en todos los niveles de lo público, entendidas como la principal amenaza que hoy pende sobre el Estado venezolano. CONTINUARÁ.
*Abogado. Agricultor urbano.