sábado 22 enero, 2022
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El fiscal y la ruptura de la coalición gobernante

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Carlos Casanova Leal

Histórico para Venezuela el hecho de que el gobierno de Nicolás Maduro esté enfrentando el inicio de un proceso formal de carácter penal en la CPI y  haga histórica compañía a otros gobernantes enjuiciados antes, como lo son: Omar al Bashir, expresidente de Sudán, quien previamente enfrentó cargos por corrupción y lavado, y la CPI autorizó que se presentaran cargos en contra de Al Bashir por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, por ataques en contra de ciudadanos en la región occidental de Darfur; Hosni Mubarak, de Egipto, acusado de varios delitos, como conspirar para matar a los manifestantes y corrupción; Augusto Pinochet, de Chile, sometido a juicio por cargos de crímenes contra la humanidad; el general Efraín Ríos Montt, de Guatemala, acusado de genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Este proceso no ha individualizado aún las responsabilidades dentro del gobierno, fuerzas armadas y policiales, sobre los delitos cometidos de lesa humanidad y violaciones de los DD.HH.; el indicio de investigación es sobre la línea de mando y tendrá la investigación que determinar responsables de las órdenes que se impartieron, hasta su ejecución, desde el 12 de febrero de 2014, en las protestas de 2017 y del 2019, por la posible comisión de delitos de lesa humanidad contra la población civil.

Importante aclarar ¿qué es un delito de lesa humanidad?: Son aquellos delitos cometidos contra la vida, integridad física, libertad, y que necesariamente se producen en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. A diferencia de los delitos por violación de DD.HH., que son aquellos que se cometen contra el derecho a la vida, a la salud, libertad, inviolabilidad del hogar; en líneas generales, aquellos que se cometen contra los derechos ciudadanos, ya que se establecen en su favor.

Todo comenzó aquí, en el Táchira, por lo que los primeros en ser interrogados por la CPI serán Vielma y el prisionero ahora de Maduro, Rodríguez Torres, que hablará de la participación de colectivos y de las propias Fuerzas Armadas; declararán los militares a cargo en las regiones, y como ven, el abanico es amplio para determinar responsabilidades, donde unos dirán “yo no fui, fue fulano”, y así, sucesivamente.

En los procesos de transición, desde dictaduras, totalitarismos y autocracias, a la democracia, con frecuencia en regímenes sólidos por su cohesión en el ejercicio del poder, se produce como un imponderable constituido por lo que se denomina “la ruptura de la coalición gobernante” Esto en razón, en primer lugar, del destino que lleva el país, una crisis humanitaria compleja que no se proponen resolver, las investigaciones internacionales por sobornos, lavado, tráfico y corrupción, a las que se les suman las actuaciones de la CPI a instancias de informes previos de comisión de delitos de lesa humanidad, y de lo que nadie duda ya en el mundo, violación sistemática de los DD.HH., cuando ya somos seis millones de venezolanos en éxodo.

La realidad le cambió a Maduro, que había logrado definir una estrategia para desmontar y/o flexibilizar las sanciones (que son a sus altos funcionarios, no al país), y con ello tratar de desmontar la línea de presión sobre su gobierno, estrategia que pasaba por solicitar una nueva integración de la mesa de negociación y acuerdo, derivada del resultado electoral.

Es ahora necesario ejercer más presión internacional, con una eficaz presión interna dirigida ambas a un solo propósito, reorganizarnos es fundamental, el ritmo en que se mueve el gobierno se altera, el peligro es que se radicalice y arrase con todo, cosa que no creo que suceda, ya que elevaría mucho el costo de su permanencia.

No regresaremos a la prosperidad democrática sin lucharla, por lo que es indispensable asumirla como forma de vida, organización y presión social por nuestros constitucionales derechos, es la tarea.

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