Parte I. Los acuerdos no se decretan o se imponen:

En efecto, la situación es muy dura y empeora con pasar las horas. Por consiguiente, una de las múltiples calamidades que padecemos los venezolanos lo narra en su experiencia personal un usuario-pasajero que se disponía a viajar en una ruta extraurbana X (de cualquier terminal de Venezuela), el pasado lunes 09-07-2918 en horas de la mañana:

“Tratando de comprar pasaje por vía terrestre pero nos obligan a pagar la mitad en efectivo y la otra parte en transferencia en otro local ajeno a la empresa de transporte (donde también se paga un precio adicional por el servicio prestado), pero resulta que existe mala conexión por internet y no es posible realizar el pago de forma electrónica, y entonces nos exigen hacerlo completamente en efectivo el cual tampoco disponemos, pero entonces nos recomiendan otro local o negocio donde se puede comprar con la condición que se pague un sobrecargo de hasta 2.5 su valor nominal que igualmente no se tiene dado los salarios pírricos o de hambre que percibimos…que inestabilidad, zozobra e indignación.

Lamentablemente todo destruido. Por doquier coexisten la  miseria y calamidad, y es difícil que nadie lo niegue que el hambre más que estar oficializada es la marca o estigma que tenemos más del 99% de los venezolanos en Venezuela, y no revertirá esta situación con acuerdos basados en decretos, leyes o por la vía de la  imposición y la fuerza”.

Consecuente con el anterior relato muy verídico e irrefutable,  y en contrastación  con el artículo 1 correspondiente al objeto de la “Ley Constitucional de Precios Acordados”, es de esencial importancia para fines de eficacia y efectividad pragmática y  operativa, que se reconsidere la posibilidad de recomponer el orden como se establecen sus premisas normativas. Es decir debería fundamentarse de la siguiente forma:

“La estabilidad de los precios, la paz económica y la defensa integral de la Nación” se logrará o depende del  “acceso oportuno, suficiente y de calidad” de los bienes y servicios, dinero en efectivo y salario mínimo vital tal cual como lo establece el artículo 91 de la Carta Magna. Además debería agregar un parágrafo como por ejemplo: el salario ajustado a los niveles reales de inflación  no se negocia o será sujeto de acuerdo de forma unilateral y desconociendo a  sus genuinos  representantes. Además el gobierno nacional acuerda restablecer las condiciones necesarias para que el dinero en efectivo circule sin restricciones y sea utilizado por los trabajadores para adquirir los bienes y servicios que se requieran en los múltiples y variados establecimientos comerciales…

Parte II. Paralización obligada-forzada:

Es un hecho público y notorio la crítica situación que padecemos en Venezuela, producto del afianzamiento sostenido y sistemático de la emergencia compleja nacional, con afectación directa en la dimensión humana, particularmente a lo que refiere a la destrucción o ruptura del sistema de salud y a la persistencia del poder adquisitivo negativo. Muestra de ello la tasa creciente e indetenible de  la inflación a ritmo exponencial (en los cinco dígitos), la escasez inducida del dinero en efectivo (más del 80% de la liquidez monetaria) , la caída abrupta de la producción nacional y el empleo productivo (con una tendencia negativa),  el desabastecimiento de alimentos (casi el 100%), de medicinas e insumos médicos (superan el 90%) que se sintetizan en el empeoramiento sistemático de  los niveles críticos en desnutrición y casos de fatalidad humana por falta de atención médica calificada y colapso del sistema de salud nacional. Con el agravante de la masiva emigración a otros países de jóvenes talentosos y personal formado-capacitado.

No hablamos de aumento “salarial justo” porque lo que recibimos por nuestro trabajo decente ni se aproxima a lo que es “salario mínimo vital” constitucional, sino lo que representa es un “infravital” que no llega ni a nivel de una limosna digna. Sin embargo, también hay que decirlo, en la actualidad existen diferentes categorías de venezolanos con “poder adquisitivo positivo insustentable y agravante”. Entonces, lo que planteamos es un “salario pertinente” y este agrupa por lo menos tres aspectos inseparables para el caso venezolano: salario indexado (en función de diciembre 2007), liberación de la liquidez monetaria en su componente de efectivo circulante y la oferta de los productos de consumo masivo y prioritario en todos los abastecimientos privados creados para tal fin…

No hablamos de “cierre técnico” sino de nivel de “tolerancia cero o umbral de saturación”, porque desde los años 2008 y 2009 las universidades del país (pero en general todo el sistema económico nacional) empezaron a transitar por un camino nefasto, y contradictoriamente al insistir con el funcionamiento o tener las “puertas abiertas” de las universidades sin presupuestos operativos o de funcionamiento y de capital (para  repotenciar y consolidar toda su infraestructura), generó en cada momento mayores  pérdidas institucionales dado el inicio (sin oposición coherente y contundente) de un proceso de descapitalización y quiebra sostenida del sistema y estructura universitaria… Por tanto, la paralización de las universidades y el país ha sido decadente y en continua involución.

Parte III. Ley Constitucional de Precios Acordados:

Capitulo I. Disposiciones Generales. Objeto.

Artículo 1. La presente Ley Constitucional tiene por objeto establecer los principios y bases fundamentales para el Programa de Precios Acordados, mediante el diálogo y la corresponsabilidad entre los sectores público, privado, comunal, y de las trabajadoras y trabajadores, a través del estímulo a la producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios que el Ejecutivo Nacional declare como priorizados, considerando su estructura de costos, para garantizar el acceso oportuno, suficiente y de calidad a los mismos dado su carácter esencial para la vida, la protección del pueblo y de todos los actores que intervienen en la producción, distribución y comercialización, todo ello en función de la estabilidad de los precios, la paz económica y la defensa integral de la Nación.

Pedro Morales / Docente Universitario / [email protected]; @tipsaldia