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10 de marzo de 2025
Antonio Sánchez Alarcón
Las universidades venezolanas enfrentan una crisis sin precedentes, debido al asedio político del régimen chavista, que ha socavado sistemáticamente su autonomía con el objetivo de someterlas al control estatal. La falta de asignación presupuestaria adecuada no solo limita su capacidad operativa, sino que también las coloca en una encrucijada: Si se enfrentan abiertamente al Gobierno, corren el riesgo de ser cerradas; si no lo hacen, de igual manera sufren ataques y restricciones que amenazan su existencia.
El régimen chavista ha aplicado diversas estrategias para debilitar a las universidades autónomas. Desde la designación de autoridades afines mediante procedimientos irregulares hasta el estrangulamiento financiero, la intención es clara: Desmantelar su independencia y convertirlas en herramientas de propaganda. Además, la represión a la protesta estudiantil y profesoral ha generado un ambiente de miedo y autocensura, afectando su rol como centros de pensamiento crítico.
Ante este panorama, es urgente explorar fórmulas innovadoras que permitan la continuidad de la educación superior sin renunciar a su esencia crítica. Una de ellas es la elección de autoridades con capacidad de negociación con el régimen, que puedan garantizar la protección de los espacios universitarios a cambio de una postura institucional de neutralidad política. Sin embargo, esta distinción entre evitar la política partidista y mantener el papel crítico de la universidad en la sociedad es delicada y difícil de sostener en el largo plazo.
La opción de negociar no está exenta de polémica, pero siempre se deberá tomar en cuenta el fin superior que es salvar la institución universitaria a toda costa.
Otra vía posible es el fortalecimiento de la cooperación internacional. Universidades extranjeras, ONG y organismos multilaterales pueden jugar un papel clave mediante donaciones de equipos, becas y recursos que ayuden a paliar la asfixia presupuestaria impuesta por el Estado venezolano. Estas colaboraciones pueden asegurar, al menos parcialmente, el acceso a materiales de estudio y tecnologías esenciales para la enseñanza.
La migración masiva de profesores universitarios ha dejado a las universidades venezolanas con un déficit alarmante de docentes. No obstante, esta diáspora también representa una oportunidad: a través de programas de educación a distancia, se podría canalizar el conocimiento y experiencia de los académicos que viven fuera del país. Muchas de estas personas cuentan con estabilidad económica y acceso a recursos que podrían beneficiar a los estudiantes dentro de Venezuela. La sistematización de estos programas permitiría aprovechar este potencial sin depender completamente del presupuesto estatal.
Las universidades venezolanas están atrapadas en una lucha desigual, donde cualquier acción puede ser utilizada en su contra por un régimen que busca su control total. Sin embargo, a través de estrategias asertivas y el apoyo de la comunidad internacional, es posible abrir vías de resistencia que permitan su supervivencia sin comprometer su esencia. La educación superior es un pilar fundamental para la reconstrucción del país y, por ello, su defensa debe ser una prioridad para todos los sectores comprometidos con la recuperación de Venezuela.
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