Opinión
Escombros

Fredy Contreras Rodríguez *

En estos días, el gobernador Freddy Bernal informó sobre el estado de deterioro material e institucional en el que recibió el gobierno del Táchira. Dijo -palabras más palabras menos- que encontró una Administración devastada, desarticulada y habló de la tarea reconstructiva que deberá hacer para retomar el trabajo ordenado y útil en todas las estructuras de la Administración estadal, con la idea de incluir al pueblo en la gestión pública.
De la cauta información del gobernador, se  intuye que  la situación de sus despachos es crítica. Pero, más que una intuición, las noticias que llegan de las direcciones e institutos autónomos del gobierno regional hablan de la existencia de la más grave crisis que ha vivido la gobernación. Ejemplo de ello, lo que encontraron los nuevos jefes en organismos como el Instituto de Vialidad Tachirense -IVT-, la Fundación  para  el Desarrollo de la Economía Social del Táchira -Fundesta-, la Corporación de Desarrollo del Táchira -Corpotáchira-, la Compañía Anónima Industrias Mineras del Táchira -CaimtaI-, el Instituto de Beneficencia Pública y Bienestar Social -Lotería del Táchira-, y la Corporación de Infraestructura del estado Táchira -Corpointa-, cuyos estados actuales informan de una crítica situación económica, financiera y presupuestaria, material, operativa y ética, que se resume en la palabra “Escombros”.
El asunto tiene muchas repercusiones y reviste importancia capital para el futuro de los tachirenses, puesto que una Administración pública reducida a chatarra representa una grave limitante para atender los graves problemas acumulados que tiene el gobierno en la agenda, pero, además, pone en el debate aspectos medulares de lo público, como lo son la debilidad presupuestaria, la responsabilidad individual en el ejercicio de la función pública, el grave y endémico problema de la corrupción, la debilidad de la participación ciudadana y la debacle moral, ética, de principios, que arropa a la mayoría de los actores que participan en los asuntos públicos.
Apegado al Principio de Legalidad, revisar a la Administración anterior hasta el hueso es otra tarea del gobernador, como si ya no tuviera infinidad de problemas que atender. El gobierno, su equipo de trabajo y el partido deben recoger los escombros dejados por el huracán devastador que resultó ser la gobernadora saliente, cuyo saldo de gestión son las flagrantes evidencias de ineficiencia institucional, burocratismo, desidia, corrupción e  incapacidad, encontradas en sus despachos.
Este episodio, infame pos su naturaleza, debe servir para sentar precedentes y resolver problemas de raíz. Con el Programa de Gobierno como guía, el gobernador, el tren ejecutivo y el PSUV deben ejecutar un cronograma de actividades que en el más breve plazo produzca una profunda reorganización administrativa; el saneamiento institucional; la reducción sustancial de la nómina, comenzando por los centenares de funcionarios que se fueron del país y el sueldo sigue llegando a sus cuentas (así dicen); la liquidación y extinción de institutos autónomos, y la fusión de algunos de ellos; la mejora sustancial de sueldos, salarios, beneficios y protección social a los funcionarios, y la tarea permanente, diaria, incansable, de combatir y liquidar la corrupción, el burocratismo y la ineficiencia, esté donde esté, venga de donde venga y sea del color que sea.
En esta coyuntura, está prohibido olvidar la gravedad de estos asuntos. Nos corresponde volver a la Constitución y poner en práctica sus mandatos como la Corresponsabilidad y de la Participación Ciudadana; ejercer la Contraloría Social para activar a los ciudadanos en el cuidado y atención de lo público, denunciando la corrupción y la ineficiencia; avanzar en el propósito -lento y retardado- de refundar la república, ordenado en el preámbulo, que no se logrará  si no superamos con valentía y determinación las taras y defectos del modelo político clientelar y corrupto, que heredamos del bipartidismo y que desafortunadamente, 20 años después, no hemos podido cambiar.
Por cierto: Ojalá y los hechos denunciados por el gobernador no ocurran en las alcaldías. Muy lamentable sería que, aparte de tener que dedicar trabajo, recursos y tiempo a investigar los escombros de la gobernación, haya que investigar escombros municipales. Del color que sean.
*Abogado. Agricultor urbano