La “disciplina” lleva al restaurante Cordero de Venezuela al top 50 latinoamericano
29 de noviembre de 2024
Marco Tulio Arellano
“Tanto va el cántaro al agua, hasta que por fin se revienta”
(Refrán popular venezolano)
Los jubilados de la industria petrolera y petroquímica nacional que conformamos un colectivo de más de 29 mil miembros, agrupados en Ajip, Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera y Petroquímica Nacional y otras agrupaciones que han surgido en los últimos años, quedamos “como pajarito en rama” a raíz de la última medida tomada por Pdvsa,en relación a pagos pendientes vinculados al Fondo de Pensiones.
Como ya lo hemos reiterado ante la opinión pública venezolana, a lo largo de este año 2020 que ya finaliza y en las puertas del esperado 2021, la lucha por las reivindicaciones y el rescate de nuestros haberes e intereses del Fondo de Pensiones, nunca ha cesado y al contrario se ha arreciado en los últimos meses, a pesar de la pandemia.
Los jubilados petroleros – en su mayoría personas de la tercera edad – hemos tenido que salir a la calle para exigir a Pdvsa y al propio gobierno nacional, que se haga justicia y se respete el Estado de Derecho sobre todo en relación al despojo de que fuimos víctimas, de unos ahorros o recursos en divisas, los cuales estaban en un Fondo constituido con el fin de garantizar el futuro de los años de nuestra jubilación y del bienestar de nuestras familias.
De una manera alegre e irresponsable – a lo Jalisco – se nos fue arrebatado un recurso que según las auditorias desde el año 2014, ya rondaba por el orden de los 7 mil millones de dólares y el cual con la llegada de la Revolución Bolivariana, con el Comandante Hugo Chávez y la gestión de Rafael Ramírez Carreño, al frente de Pdvsa, nos fue incautado dicho recurso.
Para la administración del mismo – según los estatutos – fue creado el Fondo de Pensiones, una institución financiera privada que depende de una Junta Administradora, creada por la propia industria petrolera (APJ-PDV), la cual administra los gananciales y los haberes de los jubilados, al igual que las cuotas de los alquileres y los ingresos derivados de inmuebles y locales, adquiridos con dichos recursos.
Los dineros pertenecientes a los jubilados, en su mayoría invertidos en divisas (dólares y euros), en los mercados bursátiles internacionales, generan ganancias que hasta la llegada de la Revolución, eran distribuidas entre los acreedores o los jubilados, pero a criterio de los administradores de Pdvsa, quienes en base a los estatutos del Fondo de Pensiones, los distribuían entre más de 29 mil jubilados del país.
Pero como donde hay bastante dinero “la tentación es mucha” – decía mi viejo Higinio (+) allá en los Andes – la tentación de los administradores de Pdvsaa través de la APJ-PDV, decidieronsupuestamente meterle la mano.
Es así como los primeros intentos de arrebato de los recursos de los jubilados petroleros, se vieron amenazados en la administración de Rafael Ramírez, cuando el famoso “caso Illaramendi”, hecho que trascendió a la opinión pública cuando un gestor financiero, con la autorización de la Junta Directiva de Pdvsafue descubierto en los Estados Unidos, haciendo triquiñuelas y violando las leyes de inversiones y del mercado financiero norteamericano.
En aquella oportunidad – que se hizo pública y comunicacional – a través de los medios de comunicación, se habló de una cifra estimada en más de 350 millones de dólares, que por cierto quedaron atrapados en los tribunales del Norte, donde se hizo un juicio al señor Illaramendi, representante directo de Rafael Ramírez, al ser acusado de transacciones fraudulentas y violación a las leyes de los Estados Unidos.
Desde aquellos momentos, las alarmas con los recursos de los jubilados se encendieron. Los manejos impropios y manipulaciones financieras se hicieron presentes y fueron denunciados en altas instancias del Estado.
El presidente para entonces de Pdvsa el “Virrey de las Finanzas Públicas”, el “rojo rojito” Rafael Ramírez Carreño, con sus asesores que deslumbraron al Comandante Chávez, ya le garantizaban fondos sin decirle de donde procedían.
Entre estos magos financieros que obnubilaron al propio Rafael Ramírez, estaba su primo de apellido Salazar y otro economista encumbrado de apellido Zerpa, quien salió de la Gerencia Corporativa de Finanzas de Pdvsa y hasta no hace muy poco tiempo, para ser también ministro de Finanzas del Gobierno del Presidente Nicolás Maduro.
Desde allí comenzó el festín y los ahorros de más de 29 mil jubilados con más de 30 años de servicio en la industria, se volvieron sal y agua. Lo último que hicieron, luego de cambiar los estatutos del Fondo de Pensiones, fue “despacharse y darse el vuelto”. Es decir, se les ocurrió la brillante idea de utilizar los recursos de un Fondo Privado como el Fondo de los Jubilados, para hacerse préstamos.
Fue allí como la magia de “leguleyos” entre ellos la suegra de Rafael Ramírez, facilitaron los pasos legales para darle utilidad a los ahorros de los jubilados petroleros para hacer pagos del Estado venezolano. Es decir, se utilizaron recursos privados para saldar deudas y nacionalizaciones como la CANTV y Corpoelec y además, hacer préstamos millonarios para la Misión Vivienda.
Pudiéramos de buena fe pensar que si bien existen soportes legales para los préstamos, con pagarés firmados y legales alusivos o dependientes del Fondo de Pensiones de los jubilados de Pdvsa, los mismos tienen soportes y se reflejan en cifras de más de 3.700 millones de dólares, a tasas técnicas por el orden del 9.5%.
Todo este malabarismo financiero fue hecho por la APJ-PDV, según las leyes del mercado financiero venezolano, con firmas que asumieron dicha responsabilidad, a altos niveles financieros de PDVSA y sus delegados.
Todo bajo la mirada complaciente del Estado, donde se han depositado documentos y correspondencias aclarativas en instituciones del Poder Moral, como la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y la propia Fiscalía General de la República que conoce suficiente sobre el asunto, a través de una de sus fiscalías.
En las últimas de cambio, luego de un proceso de destape de una olla podrida, por parte de nuevos directivos de Ajip como lo representó en su momento, la actuación del trio conocido como “los tres mosqueteros” Héctor Villalobos (sigue en la presidencia de Ajip) y los ex asesores y miembros de la Junta Directiva de los jubilados (ya no están en la directiva) Helena Pino Blanca y Omar Antúnez.
Desde allí quedaron pendientes las negociaciones iniciadas para los pagos a los jubilados, con cifras de auditorías reconocidas en el país y las cuales se remontan a los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 (finalizando).
En los últimos días la Junta Administradora del Fondo, APJ-PDV (quien ha reconocido legalmente la deuda y existen precedentes jurídicos) ha venido reuniéndose con representantes de la Asociación de los Jubilados, petroleros y petroquímicos del país, AJIP, y con su presidente Héctor Villalobos para honrar pagos pendientes de intereses.
Los jubilados quienes hemos tenido que salir a la calle y a las plazas públicas del país, exponiéndonos ante una pandemia mortal como el COVID 19, lo hemos hecho corriendo un gran riesgo, a la edad de los adultos mayores o de la tercera edad, para reclamar lo que por justicia nos pertenece.
Es insólito que el actual presidente de Pdvsa, ingeniero Asdrúbal Chávez – en los últimos meses – después de reunirse con representantes de AJIP y de la HR (Hoja de Ruta) y otros representantes del colectivo de jubilados, nos hiciera promesas y luego se esfumó como el viento para no volver a dar la cara.
Los representantes de APJ-PDVquienes parecieran – presuntamente – representar los intereses de un prófugo como Rafael Ramírez y no del Estado venezolano, no han cumplido con los jubilados y nos han jugado “quirigüike” a los ex trabajadores petroleros.
Los últimos acuerdos han dejado desconcertados al colectivo de jubilados y tan sólo se habla de honrar intereses de pagarés del año 2018, mientras quedan por fuera los otros años anteriores (2014-2015-2016-2017).
Los pagos son a cuenta gotas y se han visto disminuidos en sus montos. Para colmo, se han establecido cuotas en dólares que se diluyen en pagos irrisorios de 15 dólares por jubilado, cuando es reconocido y auditado un monto de 660 dólares mensuales por jubilado y reconocido que la última deuda del 2018 en intereses, superaba un capital por más de los 2.700 millones de dólares, en tasa activa del 9.5 % para distribuir en cada jubilado.
Los reclamos de los jubilados petroleros ya no son un comentario de pasillo o un chisme de vecinos. ¡No! las deudas que debe honrar el Estado venezolano están a derecho, legalmente establecidas y soportadas y además, demuestran como en base a un adefesio jurídico se cambiaronlos estatutos del Fondo de Pensiones, para arrebatar así conquistas y recursos que pertenecen al colectivo de jubilados de Pdvsa.
Los jubilados de la industria petrolera seguimos siendo burlados y humillados, e incluso afirmamos que han sido pisoteados nuestros derechos humanos y con ellos, el Estado de Derecho de nuestro país.
En los últimos acuerdos, por culpa de las autoridades dePdvsa lideradas por Asdrúbal Chávez y su Junta Administradora APJ-PDV, nos han dejado a los jubilados petroleros a finales del 2020 y para recibir el nuevo año 2021, “como pajarito en rama”.
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