Aunque parezca contradictorio, en un régimen que se autodefine a favor de los pobres para superar la odiosa separación entre ricos y desfavorecidos, sus acciones van por otro derrotero: “solo tienen derecho a existir”, a gozar de prebendas, a actuar con impunidad, los seguidores del partido. Todos los demás son parias, apátridas, merecedores del escarnio y el desprecio. Por tanto, no deben tener voz ni protagonismo. No pueden optar a viviendas, a las bolsas de alimentos o al reparto de cualquier bien.

La exclusión es la norma. Los ejemplos sobran. En cualquier país del mundo la cédula de identidad es el documento que abre las puertas para todo acto público. Aquí no, hay que tener el “carnet de la Patria…” Toda autoridad electa que no se identifique con el régimen no tiene acceso a lo que la Ley postula. No es raro que se nombre a uno de la tolda oficialista para que ejerza las funciones de alcalde o gobernador, dejando de lado o en la cárcel al electo por el pueblo. La situación jurídica de buena parte de los que han emigrado por diversos motivos, no tienen en las embajadas o consulados los que velan por sus derechos o necesidades: no pueden votar, ni son atendidos para renovar u obtener el pasaporte, ni para ser socorridos en sus necesidades o urgencias personales o familiares. Las representaciones diplomáticas actúan más como casas del partido que como servicio equitativo a la ciudadanía.

Los tribunales, la Defensoría del Pueblo o el Poder Moral, buscan con saña la paja en el ojo del adversario que la viga del ventajismo o la corrupción de los funcionarios del régimen. Los medios de comunicación social tienen sobre sí la espada de Damocles de Conatel, que pasó de ser una dependencia técnica a ejercer funciones policiales y judiciales, con inspecciones, multas, cierres, amenazas, tanto a los dueños como a los trabajadores, cercenando el sagrado derecho a la información y a la libertad de expresión. ¿Qué quedaría de los medios oficiales si se les aplicara el mismo rasero de las sentencias a los medios opositores?

Para no abundar, preguntémonos si la manera descarada de la escalada persecutoria contra la Asamblea Nacional, la Fiscalía, las manifestaciones… pueden calificarse de comportamientos democráticos apegados a la Ley y a la equidad. La exclusión es la antítesis de la igualdad. Su fruto nefasto es la parcialidad que genera una odiosa brecha, pues clasifica y juzga a las personas e instituciones con la vara de los intereses del poder. ¿Este “sueño” revolucionario es el que va a traer bienestar, paz, progreso para todos?

La crisis que vivimos tiene un nombre: el engaño y la mentira de la oferta falaz del “Socialismo del siglo XXI”. Por eso la sensatez de la mayoría de los venezolanos lucha por un cambio legítimo en el que todos tengamos las mismas obligaciones y los mismos derechos, con unos gobernantes en los que brille la coherencia entre el lenguaje y las realizaciones, el respeto a la pluralidad y la honestidad a toda prueba en sus acciones públicas y privadas. (Cardenal Baltazar Enrique Porras Cardozo)