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Opinión
La frontera colombo-venezolana necesita un enviado especial de Naciones Unidas
5 de abril de 2021
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Francisco Javier Sánchez C. *
Los enfrentamientos entre militares venezolanos y grupos de insurgentes colombianos en el estado Apure, según comunicados del Ministerio de la Defensa en Venezuela, no hacen sino poner en evidencia ante el país nacional, ante Colombia -con cuyo departamento de Arauca limita aquel estado- y la sociedad internacional, lo sabido por los habitantes de la larga frontera común: la presencia activa de grupos insurgentes y otros al margen de la ley, que por lo general imponen su modus operandi y su modus vivendi ante la precariedad o la ausencia de los Estados en la zona, o incluso, con la anuencia de funcionarios corruptos.
La crisis política venezolana, con sus consecuencias en todos los ámbitos de la vida, hasta crear una Emergencia Humanitaria Compleja, escala cada día más, sin que se vislumbre una solución en el tiempo inmediato; todo lo contrario. Por otra parte, la situación interna colombiana, que, entre otros, atiende a la implementación eficaz del Acuerdo de Paz alcanzado entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ahora partido Comunes, y el enfrentar a disidentes de ese grupo insurgente, a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a los denominados grupos armados organizados al margen de la Ley (GAOML) y a las bandas criminales. En definitiva, ambas se encuentran y conjugan, para mal, en los estados y departamentos adyacentes al límite internacional.
La peor parte de esta situación límite la viven los ciudadanos de esas regiones de frontera, devenidas en espacios donde la informalidad y la ilegalidad, en sus diversas expresiones, se ceban en quienes se esfuerzan por seguir adelante con sus vidas de manera decente, y que persisten en mantener los vínculos de diversa naturaleza establecidos entre colombianos y venezolanos a lo largo de la historia. Estos estrechos lazos han llevado incluso a generar en la región de Táchira y Norte de Santander una suerte de sociedad civil transfronteriza, ‘tachironortesantandereana’ podría denominarse, que no ceja en el empeño por mantener sus vínculos y exigir a los gobiernos de ambos países el fin de los obstáculos formales, que les impiden relacionarse como tradicionalmente lo han hecho.
Dadas las terribles circunstancias en Apure y Arauca, que con diversa intensidad, también se dan a lo largo de las zonas a ambos lados del límite internacional, la sociedad civil de Colombia y Venezuela ha reiterado su preocupación y entiende que los Estados por sí solos no podrán restablecer el imperio de la ley, además, con la idea de generar confianza entre gobiernos vecinos que pueden ejercer el control territorial pero cuyas relaciones formales están rotas desde hace dos años, han solicitado al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de un comunicado, que nombre un enviado especial para la frontera común, y pide a los gobiernos que permitan su acción en el terreno, de manera que, en forma imparcial, pueda conjugar los esfuerzos de los actores en la zona: gobiernos, comunidad internacional y sociedad civil, en función de restablecer la normalidad de la vida allí y restaurar los vínculos formales entre gobiernos, a fin de atender a los ciudadanos en esos espacios, independientemente de la más amplia política exterior de cada uno frente al otro.
Solo creando confianza por medio de una persona de dilatada trayectoria en el manejo de situaciones complejas y potencialmente peligrosas, en la prevención de conflictos como el que escala en la frontera colombo-venezolana, que goce del respeto y reconocimiento de ambos países, y directamente nombrado por el secretario general, hechas las consultas a los Estados necesarios en Naciones Unidas, puede restablecerse el orden legal en la zona, pero además, podría generar un nivel de confianza de tal magnitud que permita, en un marco multinivel de diplomacia directa, con ese tercero independiente, interesado y confiable, así como con el involucramiento de la sociedad civil y expertos, establecer las bases para un posible acuerdo entre los actores políticos relevantes de Venezuela que lleve al fin del conflicto político que consume a los venezolanos, que también afecta a los generosos vecinos colombianos y a la región entera.
El comunicado y los nombres de las más de 300 personas y oenegés de ambos países que lo han suscrito, puede leerse aquí: https://bit.ly/3rNGzLM
*Abogado. Experto en Derecho internacional, relaciones internacionales y estudios políticos. Profesor del Centro de Estudios de Fronteras e Integración (CEFI), Universidad de los Andes.
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