Opinión
La ineludible gestión del riesgo de desastres por la Falla de Boconó en el occidente venezolano

Mauricio R. Pernía-Reyes *

En el anterior artículo presenté algunos datos históricos, geológicos y económicos relacionados con los terremotos del 24 de junio de 2026 en Venezuela, así como sobre dos estudios realizados con información relevante para el desarrollo de políticas públicas concretas en la Gestión del Riesgo de Desastres, uno realizado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (2005) y otro por la Academia Nacional de la Ingeniería y Hábitat (2017), entre muchos otros trabajos producidos en esta materia; y relacioné lo anterior con los conceptos de gestión pública y de derecho administrativo. Esta entrega se fundamenta en el concepto de Gestión del Riesgo de Desastres para los centros poblados vinculados con la Falla de Boconó, en el occidente venezolano.

Antes debo señalar que, más de diez días después de los terremotos de junio de 2026, los venezolanos hemos presenciado innumerables muestras de la valentía ciudadana, de la organización de vecinos, de un orden basado en el sentido común, de la solidaridad de jóvenes, estudiantes y miembros de la comunidad universitaria, de la Iglesia Católica y de centros religiosos, de la diáspora venezolana, de periodistas nacionales y extranjeros, de organizaciones de servicio y de la sociedad civil, de empresarios, de los grupos de rescate nacionales e internacionales; y todo ello, frente al modelo de acción elegido por el Gobierno, compuesto básicamente de un –cuestionado– decreto, de la militarización y la opacidad, lo que se traduce en una actuación altamente burocrática, una respuesta que, en definitiva, no demuestra una oportuna y apropiada planificación de contingencias.

Dicho lo anterior, conviene profundizar en esta última categoría. Una “planificación de contingencias” es el “proceso de gestión que analiza los riesgos de desastres y establece con antelación las disposiciones necesarias para dar respuestas oportunas, eficaces y apropiadas”, según lo establece la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres en el “Informe del grupo de trabajo intergubernamental de expertos de composición abierta sobre los indicadores y la terminología relacionados con la reducción del riesgo de desastres” presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los venezolanos estamos en capacidad de valorar hoy la actuación del gobierno respecto de esa planificación.

En este sentido, de acuerdo con expertos consultados, los epicentros de los terremotos del 24 de junio de 2026 se sitúan en el segmento norte de la Falla de Boconó –cuya orientación es del suroeste al noreste, corre a lo largo de los Andes venezolanos hasta la depresión de Yaracuy– y que repercutió en una zona de la Falla de San Sebastián que corre a su vez de forma paralela al litoral norte de Venezuela, con los devastadores efectos que se conocen. Como resultado de esto es ineludible que nuestros gobernantes y, en particular, las autoridades en materia de prevención y gestión de desastres inicien, sin retardo alguno, la actualización y difusión de los documentos de la “planificación de contingencias” en todas las poblaciones con riesgo sísmico y, en particular, las que pueden ser afectadas en el segmento Boc-a, conocido también como “Segmento La Grita” de la Falla de Boconó, si nos situamos en el otro extremo de los epicentros mencionados.

Ello responde a que el “Gran Terremoto de Los Andes”, originado por este segmento de la falla, ocurrió el 28 de abril de 1894. El hecho de que este tramo no haya registrado una actividad sísmica significativa durante el siglo XX y lo que va del XXI debe interpretarse como la oportunidad de profundizar en los planes de reducción de riesgos y desastres que, como señala el mencionado informe de la Oficina de las Naciones Unidas, tal reducción “(…) está orientada a la prevención de nuevos riesgos de desastres y la reducción de los existentes y a la gestión del riesgo residual, todo lo cual contribuye a fortalecer la resiliencia y, por consiguiente, al logro del desarrollo sostenible”.

Esto supone diversas actuaciones administrativas que van desde la revisión material y la certificación de la estabilidad de las edificaciones públicas y privadas, la revisión y actualización –en caso de requerirse– de las exigencias para las construcciones desde el ámbito municipal con apoyo de los gremios de ingenieros y de abogados, hasta la revisión general de las infraestructuras críticas, como las que proveen de servicios públicos, además de aquellas relacionadas con el tránsito, la educación y los centros de salud. La actividad administrativa del Estado, a través de los órganos y entes competentes en esta materia, deben proceder mediante las técnicas de policía administrativa, de fomento y de planificación para que la gestión pública priorice en la agenda la atención de este riesgo. Aún existen obras públicas por hacer en infraestructuras de servicios públicos como, por ejemplo, en la tubería de 42 pulgadas del Acueducto Regional del Táchira en las Vegas de Táriba, municipio Guásimos del estado Táchira, que puede afectarse por activación de este segmento de la falla.

En tal sentido, el diseño e implementación de políticas públicas, planes, proyectos y presupuestos orientados a garantizar los recursos financieros, humanos, materiales y normativos necesarios para la prevención y gestión de desastres, es ineludible e indispensable. Los acontecimientos del 24 de junio pasado deben impulsar la cultura de la prevención en toda la sociedad venezolana. El territorio del estado Táchira es una zona de riesgo sísmico, por lo que debe tenerse presente que estos eventos resultan devastadores y que cualquier medida tomada con anticipación puede traducirse en vidas salvadas, en la reducción de los daños materiales y en el fortalecimiento de las comunidades para el conocimiento de los riesgos y de las medidas frente a un terremoto. La sociedad en su conjunto está llamada a promover esta toma de decisiones sin dilaciones por lo que, desde las universidades, los gremios, los empresarios, las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil, junto con el sector público, deben priorizar las actuaciones para la prevención de riesgos ante estos desastres.   

Hacer lo anterior nos aproxima al concepto de Gestión del Riesgo de Desastres, que se entiende como “(…) la aplicación de políticas y estrategias de reducción del riesgo de desastres con el propósito de prevenir nuevos riesgos de desastres, reducir los riesgos de desastres existentes y gestionar el riesgo residual, contribuyendo con ello al fortalecimiento de la resiliencia y a la reducción de las pérdidas por desastres.”, según la Oficina de las Naciones Unidas ya mencionada.

En las próximas entregas trataré sobre la gestión urbanística y la participación ciudadana en la prevención y gestión de desastres.

*Doctor. Profesor-Investigador UCAT.

Miembro directivo de CEDE y de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo. Especialista en Derecho Administrativo y en Gerencia Pública.