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Francisco Corsica
En las calles de Venezuela, el miedo no es una emoción pasajera, sino un compañero constante que susurra en los oídos de cada ciudadano, una sombra oscura que se proyecta en cada esquina, devorando la tranquilidad de un país entero. La inseguridad, ese monstruo insaciable, ha logrado hundir sus garras en lo más profundo del tejido social, convirtiéndose en una realidad ineludible para millones de venezolanos. En un escenario socioeconómico desolador, donde la violencia y el crimen acechan en cada rincón, negándose a desaparecer, surge la inevitable interrogante: ¿cómo hemos llegado hasta aquí?
Con cada nueva estadística, cada nuevo informe, la realidad de un país atrapado en un ciclo interminable de violencia y desesperación se hace más evidente. Aunque algunos estudios y encuestas sugieren una mejora en la percepción de la seguridad en Venezuela —y específicamente en Caracas—, la realidad es que la inseguridad continúa siendo un problema de gran magnitud en el país.
Esta percepción puede deberse a diversas razones, como un aumento en la presencia policial en ciertas áreas o una disminución temporal en la tasa de criminalidad, pero no necesariamente refleja una mejora sustancial en la situación de seguridad para la población en general. Tampoco debe interpretarse como un síntoma del final de la crisis socioeconómica. La persistencia de zonas altamente inseguras en la capital venezolana es un claro indicador de que el problema está lejos de ser resuelto.
Hay que reconocer que la inseguridad no afecta a todos por igual en Venezuela. Mientras que algunas áreas pueden experimentar una disminución en la violencia y el crimen, otras permanecen sumidas en el caos y el temor constante. Esta disparidad en la seguridad profundiza las divisiones dentro de la sociedad venezolana y perpetúa la desigualdad.
De acuerdo con los datos de World Population Review de este año, Caracas, Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar emergen en las listas internacionales como algunas de las ciudades más peligrosas del mundo. Los informes y rankings no mienten: estas urbes venezolanas destacan no solo por sus bellezas arquitectónicas y sus lugares turísticos, sino también por su alta incidencia de violencia y delitos violentos.
Caracas, en particular, sostiene su título de la tercera ciudad más peligrosa del mundo; seguida por Ciudad Guayana, en el séptimo puesto; y Ciudad Bolívar, ocupando el décimo lugar. Este sombrío panorama nos revela una verdad incómoda: la inseguridad no conoce límites geográficos en Venezuela, extendiendo su sombra ominosa más allá de la capital hacia otras regiones igualmente vulnerables.
Según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), el 58,3% de las muertes violentas no fueron investigadas adecuadamente. La falta de justicia perpetúa un ciclo de impunidad que alimenta aún más esta compleja realidad en las calles venezolanas. Es evidente que el deterioro de las instituciones en el país ha contribuido significativamente a esta situación, erosionando la confianza de la ciudadanía en el Estado y sus capacidades para proteger sus derechos fundamentales.
Igualmente, la crisis económica que azota a Venezuela desde hace más de una década ha actuado como un catalizador para el surgimiento de nuevas formas de delincuencia. Ante la reducción de oportunidades para la delincuencia común, los grupos criminales han diversificado sus actividades, recurriendo a prácticas más lucrativas como la extorsión y el cibercrimen. Como toda la sociedad, estas fechorías también se han adaptado a los nuevos tiempos y a las “vacas flacas”.
Además de la violencia perpetrada por el crimen organizado, la inseguridad en Venezuela se manifiesta también en otros aspectos sociales y económicos. La pobreza y el desempleo, por ejemplo, son problemas interconectados que contribuyen al clima de inestabilidad y desesperanza en el país. Mientras persistan estas condiciones estructurales, será difícil lograr avances significativos en la lucha contra la inseguridad.
Hasta este punto, es evidente que la situación en Venezuela es un problema multifactorial. Como tal, requiere un enfoque integral y coordinado por parte de las autoridades y de la sociedad en su conjunto. No se trata solo de combatir el crimen en las calles, sino también de abordar las causas subyacentes que alimentan esta espiral de violencia y desesperación.
Es necesario fortalecer las instituciones del Estado, garantizar el acceso a la justicia y promover políticas públicas inclusivas que aborden las desigualdades sociales y económicas que perpetúan semejante problemática. Además, es fundamental recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y en el Estado de derecho. Esto implica no solo investigar y sancionar a los responsables de los crímenes, sino también garantizar la protección de los derechos humanos y la seguridad de todos los ciudadanos, sin distinción.
En última instancia, la inseguridad en Venezuela no es solo un problema de orden público, sino también un reflejo de una profunda crisis política, económica y social que ha sumido al país en la oscuridad. Solo mediante un esfuerzo conjunto y decidido de todos los actores involucrados será posible encontrar una salida a este laberinto que amenaza con devorar las esperanzas y sueños de todos los venezolanos.
Hace falta desarrollar con mayor exhaustividad lo que implica que Venezuela sea un país inseguro, más allá de números y porcentajes. Es un problema que causa dolor e incertidumbre y las cifras son demasiado frías para describirlo. Para una próxima entrega, sería útil abordar este tema desde una perspectiva más humana y vivencial, es decir, de la forma en que cualquier persona lo vive en carne propia.
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