Opinión
La reconciliación pasa por la verdad: El fin de los derechos nacidos del vicio

Carlos Casanova Leal

En Venezuela, un problema del que poco se habla y es grave, es la desinstitucionalización que han creado una casta de funcionarios que operan fuera del marco de la ética pública. La reconciliación se hace imposible cuando el ciudadano común ve al funcionario indistintamente del grado y nivel que ocupe en la administración pública no como un servidor, sino como un agente de control social. Si no hay un proceso de justicia que señale no solo a la cúpula, sino a los perpetradores que abusan del poder en el día a día, la sociedad percibe que la reconciliación de la que habla la revolución gobernante pero que muy poco hace por ella, es una burla que deja intacta la estructura de opresión al ciudadano.

 Mientras el partido de Gobierno sea el único juez de sus propios funcionarios, la rendición de cuentas es inexistente. Para una transición real, y para un nuevo gobierno democrático, el desafío no es solo cambiar al Presidente, sino re-institucionalizar el servicio público, rompiendo el vínculo umbilical entre el carnet de militante y el ejercicio del poder administrativo.

Hoy, el llamado a la reconciliación parece ser menos un puente hacia la paz y más un mecanismo de autotutela para que el poder político purgue sus propios excesos.

Desde la óptica de la izquierda internacional, los DDHH suelen presentarse como herramientas de emancipación social; sin embargo, cuando el Estado se convierte en un “Estado de Partido”, estos derechos sufren una mutación peligrosa. La reconciliación que hoy se pregona desde las cúpulas ignora una realidad matemática aplastante: Un país donde el 90 % de la población se siente víctima de un modelo no puede reconciliarse mediante decretos de olvido, sino a través de la rendición de cuentas.

Un ejemplo descarnado de esta realidad es el conflicto de las estafas inmobiliarias y la infraestructura pública. Aquí en San Cristóbal por poner un ejemplo, una urbanización construida sin permisología, que además dejó en la zona recreacional una válvula de escape del gran Acueducto Regional del Táchira, cosa que está prohibida y que las autoridades no permisaron, la fiscalía determina estafa inmobiliaria y defraudación fiscal de 22 casas solo 5 ocupadas desde hace años ¿Se hizo justicia? Pero, ¿qué sucede con el daño permanente?

En el debate sobre la transición y la reconciliación en Venezuela, suele omitirse un tema fundamental: La validez de los derechos nacidos de la corrupción. No puede haber paz social duradera si la nueva institucionalidad acepta como legítimos aquellos beneficios, propiedades o sentencias obtenidos mediante el soborno o la prevaricación. La verdadera reinstitucionalización no solo exige un cambio de nombres, sino una rendición de cuentas real que permita revisar y anular actos que, aunque tengan apariencia de legalidad, son producto del aplastamiento del derecho ajeno.

Ejemplos de esta erosión abundan y afectan todas las capas de la vida nacional. Lo vemos en la deforestación masiva permitida por funcionarios que canjearon el patrimonio ecológico de las futuras generaciones por beneficios inmediatos

El problema medular es que la justicia actual suele ofrecer condenas cosméticas que no reparan el daño. Una sentencia penal contra un corrupto no sirve de nada si el afectado sigue despojado de su derecho legítimo. Por ello, la reconciliación exige una Ley de Rendición de Cuentas que establezca con claridad que el tiempo no purga el vicio de la corrupción. Esta ley debería permitir la revisión de casos administrativos y judiciales donde existan sospechas fehacientes de soborno o intención dolosa, independientemente del nivel del tribunal o del tiempo transcurrido.

La doctrina clásica de la “Cosa Juzgada” no puede ser un refugio para el crimen. Si una sentencia judicial fue producto de una transacción económica, no es justicia, es un contrato privado de despojo. Revisar tales decisiones no es persecución política; es la restitución del orden jurídico. El funcionario, activo o retirado, debe saber desde hoy que sus actos serán auditables en el futuro. Solo bajo esta premisa de responsabilidad permanente, el ejercicio del poder recupera su ética funcionarial.

¿Puede haber reconciliación cuando la víctima ve al beneficiario del soborno disfrutar del fruto del despojo? La respuesta es negativa. La reconciliación real nace del restablecimiento de los derechos vulnerados. Si un derecho legítimo fue anulado para favorecer a otro mediante un acto espurio, ese acto no puede generar protección jurídica. La paz nacional requiere que el ciudadano recupere la confianza en que el Estado no es un validador de injusticias, sino un garante de lo justo. Solo mediante una rendición de cuentas que alcance al funcionario y al beneficiario de su corrupción, podremos hablar de un país que ha decidido, finalmente, sanar sus instituciones.

Dios con nosotros