Eliseo Suárez Buitrago                   

El vocablo responsabilidad, que no sabemos cuándo se empezó a usar, es trajinado incansablemente por la generalidad de las personas, no siempre con el debido acierto. Pues,  algunas de ellas no confiesan su propia irresponsabilidad, aunque les sea inocultable.

Si acudimos a los diccionarios encontraremos que el mencionado vocablo alude a obligación, a cumplimiento,  a deber moral, a solvencia. Nosotros, sin saberlo ni quererlo, desde el simple advenimiento a este mundo adquirimos involuntariamente una deuda.  Con él se nos dio el preciado don de la vida sin costo alguno  y,  más aún, sin siquiera haberlo pedido.  Allí  nació  en cada uno de nosotros una responsabilidad, una obligación  que debemos cumplir durante nuestra existencia. ¿Cómo cumplirla? El asunto es quererlo hacer, con  el talento, con la actuación,  con el trabajo material e intelectual que hagamos, con los servicios que prestemos a la comunidad, al país y a la Humanidad. O sea, con proponernos a ser útiles, a hacer el bien.

Indiscutiblemente,  ninguna persona natural o jurídica, como tampoco ninguna institución pública o privada  escapa a esa carga denominada responsabilidad en cualquiera de sus formas. A todos nos agobian obligaciones que  debemos cumplir. Así, por ejemplo, los padres las tienen con sus hijos, y éstos con sus padres; los patronos ante sus subalternos; los empleados y trabajadores con  la empresa; los ciudadanos entre sí y con las autoridades competentes. Igualmente, los funcionarios públicos con los ciudadanos y con el ente gubernamental al que le prestan sus servicios; los concejales, alcaldes y gobernadores con el estricto cumplimiento de las obligaciones  que les asignan las normas pertinentes.  En el mismo sentido,  los ministros, procuradores fiscales, y muy especialmente los jueces, a quienes corresponde  la noble y delicada misión de administrar  justicia.

El ejercicio del Poder Público, tanto a nivel Nacional,  Estadal o Municipal, acarrea muy serias responsabilidades  acordes a sus respectivas jerarquías. Al respecto cabe aquí formular esta interrogante: En un país presidencialista, por ejemplo, ¿A quién corresponde la mayor responsabilidad? Naturalmente, a quien ejerza la más alta función administrativa. En el presente caso, al Presidente de la República, quien debe demostrar ejemplar comportamiento ciudadano: respeto a las a las personas,  decencia, buen lenguaje, ética y educación y otras cualidades que le acrediten dignidad para representar al país. Como primer magistrado, le corresponde  asumir  las más altas responsabilidades en el cumplimiento de las normas que le imponen la Constitución Nacional y demás leyes.   Entre las tantas: el absoluto respeto a los derechos humanos y la satisfacción de las necesidades prioritarias de los habitantes del país. Tiene, además, la sagrada obligación no sólo de cumplir sino de hacer cumplir. Con todo ello debe dar el mejor ejemplo de responsabilidad, puesto que el Presidente debe tratar de ser como  el mejor maestro. [email protected]