Aldeas fronterizas se alzan contra la explotación de minas de carbón en el Cerro Capote
20 de abril de 2024
Dr. Carlos G. Jaime M.
El término carraplana significa un estado de miseria extrema, y ese es el estado en el que está la situación de salud hoy en nuestro país, pero como no podemos quedarnos solo en quejidos, sino que debemos analizar el ¿porqué está pasando?, por ello y en función de ilustrarnos, debemos revisar un poco la historia, por aquello que dice:” Aquellos polvos trajeron estos lodos”
Venezuela, hasta principios del siglo XX, era un país esencialmente rural, diezmado por endemias. Entre ellas las parasitosis intestinales (especialmente la anquilostomiasis) y el paludismo, como las más emblemáticas (Leer “Casas Muertas de Miguel Otero Silva). Ya en 1912 se había creado el servicio público de sanidad, que hizo su función en medio de las precariedades de esa época, pero es a partir de la muerte de Juan Vicente Gómez en 1935, y bajo el aporte económico del petróleo, cuando los gobiernos iniciaron una serie de políticas socioeconómicas y sanitarias, convirtiéndose la salud pública en objetivo prioritario, desde el período de 1936 hasta la década de los 90, incluyendo el inicio de la construcción de modernos hospitales, con Pérez Jiménez y su “política del cemento”, como la llamaron sus detractores.
El 1 de marzo de 1896, Eleazar López Contreras crea el ministerio de Salubridad, Agricultura y Cría, que posteriormente se llamará Ministerio de Salud y Asistencia Social, y para 1944 se funda el IVSS. En 1961 se asienta el derecho a la salud como precepto constitucional, para luego, en 1971, decretarse la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Salud y finalmente, para 1989, se decreta la descentralización y transferencia de competencias de los servicios de salud a los estados, dentro del proceso de descentralización con la COPRE, tratando de regionalizar las políticas gubernamentales, descabezando la rigidez paquidérmica del centralismo,
Lamentablemente, en el 2002, comienza una aparente restructuración dictando varias leyes para tal efecto, culminando con la que inicia el retroceso en el 2008 a raíz del decreto de recentralización, y aunque en los períodos iniciales los precios del petróleo permitieron el financiamiento de los gastos sanitarios y la importación masiva de alimentos, es a partir de ese año que los precios comenzaron a caer y, junto con las expropiaciones, se acentúa el deterioro del sistema de salud ya centralizado, con la diáspora de compañías importadoras, incidiendo inmisericordemente en la dificultad en adquisición de medicinas, insumos y tecnología.
Para abril de ese año, la prestigiosa revista médica “Lancet” publicaba un editorial dedicado al colapso de la salud en Venezuela, dada por los indicadores que mostraban el deplorable retorno de enfermedades que habían sido ya controladas como el sarampión, la difteria y el paludismo; en ese entonces, la escasez de divisas ocasionaba dificultades para la importación de insumos médico-quirúrgicos, así como también adquisición y mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica, y para completar el cuadro, el fenómeno de la hiperinflación, que causó un brutal descenso salarial, que a su vez estimuló la diáspora de personal de alto nivel técnico y profesional (unos 40.000 médicos según la FMV), buscando un mejor nivel de vida.
El ministerio comenzó a dar tumbos por la estulta desatención de los especialistas en salud pública, que son los que en base a las estadísticas de morbilidad y mortalidad planifican y diseñan las políticas sanitarias, y muestra de ello es que desde el 2013 han rotado por el ministerio 17 ministros, con un boletín epidemiológico anual ausente hasta el 2016, cuando la ministra Antonieta Corporale se atrevió a publicarlo; su sinceridad y atrevimiento fueron premiados con su destitución, puesto que dicho boletín mostraba el aumento en la mortalidad materna en un 65 %, y del 30 % en la mortalidad infantil, desnudando la injustificable situación crítica del sector.
La atención médica se ha deteriorado ostensiblemente, ya que el gasto público destinado a la salud, en el 2010 era de un 9,1 %, y para el 2014 estaba en un 5,8 %, por lo que ya no hay insumos y por lo tanto, los familiares de los pacientes deben llevarlos, al igual que la comida. Del mismo modo, tener que hacer exámenes de laboratorio, radiológicos, etc., en medios privados, llegándose hasta tener que contratar enfermería para la atención de los mismos en los hospitales, habida cuenta del inocultable déficit de personal para que puedan tratar las afecciones médico-quirúrgicas y recuperar su salud.
Los quirófanos están en su mayoría inoperativos y solo quedan los de las estrictas emergencias y por consiguiente, no se hacen operaciones electivas, lo que incrementa la deuda quirúrgica, y peor aún, con la pandemia se copan las camas de hospitalización para los afectados por el covid-19; además se han suspendido programas de trasplantes de órganos, sentenciando a muerte a estos pacientes, y a aquellos que no pueden pagar los medios que permitan recuperar su salud.
La situación es dantesca y según los expertos, hemos retrocedido entre 40 y 50 años, y aunque todavía queda personal con mística y longanimidad, la sobrecarga laboral asistencial merma su efectividad, agravada por el marcado déficit en equipos de protección, lo que ha ocasionado que somos el país con el más alto porcentaje de fallecimientos en personal de salud. La pandemia requiere prioridad en alcanzar “la inmunidad del rebaño”, que se obtiene cuando el 70 % de la población está protegido, pero apenas llevamos un 11 %, lo que ensombrece más el panorama asistencial, y por ello muchos se preguntan: ¿Hasta cuándo se aguantará esta situación?, la verdad es que no se explica este estado de anomia, pero la historia ha demostrado, fehacientemente, que aunque el pueblo llano aguante con la paciencia de Job, en cualquier momento llega el momento de entonar la Marsellesa, y seguir la letra de este canto con el accionar de su letra.
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