Opinión
Las Asociaciones Público-Privadas: Un modelo probado 

Dr. Mauricio R. Pernía-Reyes*

En la anterior entrega traté sobre la relevancia de la infraestructura vial y las Asociaciones Público-Privadas (APP). En esta tercera entrega trataré algunos casos en el desarrollo de infraestructura mediante estas figuras en Iberoamérica.

Como investigador en Derecho Administrativo, he tomado casos de APP en Iberoamérica de los últimos diez años para exponer su aplicabilidad nacional y local, pudiendo señalar que este modelo se consolida como una herramienta estructural en el esquema de políticas públicas para gestionar activos complejos. Mi lectura de los casos en Colombia, Chile, Perú y Brasil revela una maduración institucional que, pese a las tensiones políticas e imperfecciones, ha logrado resultados tangibles en la competitividad regional.

En Colombia, se destaca el proyecto Conexión Pacífico 2. Bajo el marco de la Ley 1508 de 2012, esta obra de infraestructura vial en Antioquia representó un giro en la gestión de riesgos. Con una inversión de $310 millones USD, el debate público no fue menor; se centró en la viabilidad ambiental del cañón del río Cauca y la carga tarifaria de los peajes para los transportadores. Sin embargo, el impacto se midió técnicamente: una reducción del 25 % en los tiempos de viaje y la generación de 4.800 empleos. La Agencia Nacional de Infraestructura confirmó que fue una de las primeras concesiones de cuarta generación en alcanzar la etapa de operación plena en 2021, demostrando que la seguridad jurídica atrae el financiamiento necesario.

Chile, por su parte, puede tratarse la expansión del Aeropuerto Arturo Merino Benítez (Terminal 2). Basado en el DFL 164 de 1991, el proyecto requirió $900 millones USD. El debate público escaló durante la pandemia, cuando la caída del tráfico aéreo llevó a la concesionaria Nuevo Pudahuel a un arbitraje contra el Estado, exigiendo reequilibrios económicos. A pesar de la fricción, la obra se inauguró en 2022. El impacto es medible en capacidad operativa: El terminal pasó de atender 16 millones, a 30 millones de pasajeros anuales. Según datos del Ministerio de Obras Públicas, la eficiencia en el procesamiento de pasajeros mejoró en un 30 % gracias a la segregación de flujos nacionales e internacionales.

En el caso de Perú, la Línea 2 del Metro de Lima y Callao representa la complejidad de las APP ferroviarias. Amparada por el Decreto Legislativo 1362, esta obra de $5.658 millones USD ha enfrentado un debate público crítico sobre la expropiación de terrenos y la burocracia en permisos municipales. En el análisis de este proyecto se subraya que el impacto se mide en movilidad urbana masiva: La conexión de 10 distritos en 45 minutos. ProInversión reporta que, con la puesta en marcha de las primeras etapas en 2023, el sistema ya moviliza miles de ciudadanos diariamente, con una proyección de 660.000 pasajeros diarios al completarse.

Finalmente, Brasil ha dado un giro hacia el saneamiento ambiental con la concesión de CEDAE en Río de Janeiro. Impulsada por la Ley 14.026/2020, esta operación movilizó $10.000 millones USD (entre cánones e inversiones). El debate público fue intenso, con sectores sociales oponiéndose a la privatización del agua por temor a alzas tarifarias en zonas vulnerables. No obstante, el impacto se mide bajo metas de universalización: el compromiso de alcanzar el 90 % de cobertura de alcantarillado para 2033. Datos del BNDES indican que la inversión ya está permitiendo la recuperación de la Bahía de Guanabara, un referente ecológico y social para la región.

Estos casos demuestran que las APP se consolidan como una herramienta de gestión de impacto social y económico medible y viable.

Para Venezuela representan una oportunidad inexplorada de manera masiva y que, con su amplia aplicación en nuestra región, hay lecciones de las que podemos sacar provecho.

*Profesor -Investigador UCAT

Miembro directivo de la Corporación para el Emprendimiento y Desarrollo Empresarial (CEDE)