Opinión
Los huérfanos del sismo: una obligación jurídica y humana irreversible

María Ninoska García de Morales

El drama humano que se vive en las zonas afectadas por el reciente terremoto, particularmente en localidades severamente golpeadas como La Guaira y diversos sectores de Caracas, excede el recuento de los daños materiales y el colapso de más de dos centenares de edificaciones. Detrás de los escombros y de las complejas labores de rescate —las cuales se ejecutan con una rigurosidad manual casi arqueológica para preservar la vida— se esconde una crisis humanitaria silenciosa y profunda: la situación de los niños, niñas y adolescentes que han perdido a sus padres y referentes de cuidado.

Desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, la orfandad sobrevenida por desastres naturales no puede ser abordada meramente como una fatalidad del destino o una estadística asistencial. Activando los principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Estado y la sociedad civil están obligados a poner en practica con urgencia los siguientes pilares de protección:

• El interés superior del niño como consideración primordial: Este precepto jurídico exige que cualquier decisión administrativa, judicial o de asistencia humanitaria sitúe las necesidades de desarrollo integral, seguridad y estabilidad emocional de los menores por encima de cualquier otra consideración logística o burocrática.
• El derecho a la protección integral y a la identidad: Los testimonios de los sobrevivientes más pequeños, rescatados de estructuras colapsadas tras haber estado acompañados de sus familiares en los momentos más críticos, evidencian el quiebre abrupto de su red de soporte primario. Garantizar su seguridad inmediata, su derecho a no ser separados de sus entornos familiares extendidos y evitar la institucionalización masiva son deberes estatales ineludibles.
• El fenómeno de la vulnerabilidad estructural y el duelo: El impacto psicológico en la niñez ante las fases del duelo colectivo —que transita entre la negación, la culpa y el miedo— requiere de una infraestructura de salud mental especializada. Los niños no solo enfrentan la pérdida de sus padres, sino la pérdida de su hábitat y su seguridad ontológica.

La solidaridad comunitaria y civil que hoy se moviliza a través de suministros e insumos es indispensable y loable. Sin embargo, la respuesta institucional debe apuntar a la exigencia de políticas públicas de protección especializada a largo plazo. No basta con remover los escombros; es imperativo reconstruir con urgencia el tejido de derechos que ampara a la infancia desprotegida, asegurando que ningún niño quede a la deriva tras la catástrofe.

Por un Derecho vivo, crítico y humanista

Doctora en Innovaciones Educativas (UNEFA). Magíster Scientiarum en Derecho Procesal Penal (ULA). Especialista en Docencia en Educación Superior (UCV) y en Derechos Humanos (Unilibre-Colombia). Abogado (ULA). Profesora de Posgrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la ULA Mérida. [email protected]