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18 de abril de 2024
Enmanuel Sandia
Lo primero que habría que indicar es la génesis de la actual crisis pandémica que entre tantas consecuencias ha llevado a miles de venezolanos a retornar a la frontera que los vio salir. No hay una claridad exacta en la fecha, se documentaron los primeros infectados del virus COVID-19 en el rango de las últimas dos semanas del mes de diciembre del año pasado en la ciudad de Wuhan en China. El brote evolucionó de una manera abrumadora, tanto así que para el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró al virus como una pandemia. Progresivamente el Estado con control territorial en Venezuela a partir del 13 de marzo, fecha en la cual se confirmó el primer caso de contagio en el país adoptó medidas de contingencia.
Lo complejo del asunto es el contexto venezolano antes de esta atípica coyuntura, un país sumergido en una crisis multifactorial con afectación de los derechos civiles, políticos, así como los económicos, los sociales y culturales. En este sentido aquel emblemático pronunciamiento en julio del 2019 de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, el llamado “Informe Bachelet”, un hito para el movimiento por los derechos humanos venezolano, da cuentas de una realidad dolorosa e indignante. Es importante destacar datos relativos al derecho a la salud el cual se pone a prueba frente al COVID-19.
Se reportan cifras de la Encuesta Nacional de Hospitales, entre noviembre del 2018 y febrero del 2019 un total de 1.557 personas fallecieron por falta de insumos en los centros de salud, estamos hablando de más de 4 personas que fallecen al día por las carencias del sistema de salud público. Así mismo, se suman las violaciones al derecho a la salud por concepto la opacidad de información, por la ausencia de publicación de datos que son esenciales para una respuesta adecuada a la actual crisis sanitaria.
Básicamente el panorama nacional a la hora de enfrentar esta pandemia es una bomba de tiempo, esta coyuntura profundiza las desigualdades, la pobreza y el hambre. Muy pocos hogares están en capacidad de paralizar completamente sus actividades y continuar alimentándose decentemente. Por otro lado el conflicto político de larga data, con sus altos y bajos, que sin dudas ha desgatado a todos, con una crisis institucional compleja y un ejercicio autoritario del poder.
En relación al fenómeno migratorio venezolano que inició estadísticamente hablando a partir del año 2012 con cifras en aumento, ha variado en su comportamiento, en cuanto a los destinos y modos. No es lo mismo aquellas olas migratorias que salieron por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, a quienes salieron por el Puente Internacional Simón Bolívar, siendo los últimos años una migración por motivos económicos, irregular al no contar con una situación de protección legal y documentos en muchos casos, con un marcado carácter estacional al hacer escalas entre ciudades y países y en algunos casos forzada por motivos políticos. Actualmente según la plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes venezolanos, para el 06 de abril del presente año se contabilizan 5.093.987 venezolanos regados por el mundo.
Dicho esto, es importante realizar un primer abordaje del retorno en su dimensión jurídica. En primer lugar destacar el artículo 13 numeral 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio y a regresar a su país. Por otro lado, el articulo 12 numeral 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país. Y por último, la Constitución venezolana de 1999, en su artículo 50 dicta que toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio,… ausentarse de la Republica y volver,… los venezolanos y venezolanas pueden ingresar al país sin necesidad de autorización alguna.
En este sentido, es vital resaltar que no se trata de una concesión, una gracia o un favor el retornar al país, se trata de un derecho humano que está establecido y que en consecuencia debe ser garantizado. Un derecho que obliga al Estado a establecer protocolos y procedimientos adecuados para garantizar el retorno de los connacionales sobre todo en contingencias como la sanitaria que estamos padeciendo. Por otro lado a nivel de la arquitectura humanitaria, del sistema de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales internacionales existen experiencias y programas desde hace décadas encargados de asistir y articular soluciones integrales en conjunto con los Estados que perfectamente pueden y deben operar en la situación actual.
En segundo lugar, el asunto del retorno debe ser abordado con una mirada humanitaria y sobre todo humana, es un reto gigante para los venezolanos y principalmente para la región fronteriza. Hay una palabra transversal en todo esto y es sobrevivir. Muchos en el exterior viven de las actividades diarias, es decir no cuentan con trabajos estables ni mucho menos con protección social o legal, principalmente se dedican al comercio informal cubriendo medianamente las necesidades básicas. Por eso cuando el COVID-19 paraliza casi todas las actividades económicas de los países, los migrantes sin un techo digno, ni un trabajo estable y mucho menos sin ahorros, se encuentran en una situación sumamente vulnerable, no se fueron porque querían, ni regresan porque quieren, sencillamente sobreviven.
Por otro lado el retorno no se hace porque la situación en Venezuela haya mejorado sustancialmente, se hace porque aun en las precarias situaciones que se pueda vivir en el país, seguramente cuentan con un techo por el cual no pagaran alquiler, ni un pago de servicios públicos, porque en el país erradamente dependiente de la renta petrolera que les vio nacer el pago es irrisorio y fundamentalmente porque consideran que tienen una red de familiares y amigos en la cual apoyarse, así como programas sociales gubernamentales o de iniciativas privadas.
Desde el pasado 4 de abril comenzaron oficialmente a salir del territorio colombiano voluntariamente e ingresar a tierra venezolana a la fecha más de 6 mil connacionales, las reacciones han sido variadas pero mayoritariamente marcadas por una especie de sentencia definitiva sin debido proceso contra cada uno de los venezolanos que cruzaron el puente y volvieron a su tierra, pareciera que todos son portadores del coronavirus, que todos son delincuentes, entre otros lamentables estereotipos. No hay nada que deshumanice más al otro que un prejuicio y eso sobra en los últimos días, hay que ponerse por un instante en los zapatos de un retornado.
En este sentido la alternativa humanizadora en todo conflicto pasa por asumir valores como la compasión, el dialogo, la solidaridad y la integración. Con un ejercicio de disciplina, de constancia y de mucha reflexión, no en vano en el mundo predomina la cultura de la violencia, especialmente en nuestra región fronteriza. En algún punto hay que empezar a hacer las cosas de manera distinta, desde lo micro, desde la posibilidad de cada quien. Esta situación de los retornados supone un enorme reto el cual debe ser asumido desde una óptica hospitalaria y empática, por supuesto exigiendo que las autoridades garanticen los derechos de todas las partes y sean responsables con el manejo sanitario y epidemiológico, sin olvidar ni mancillar la dignidad de todos los seres humanos.
- Abogado y profesor universitario. Promotor de cultura de paz, derechos humanos, libertad de expresión y migración segura.
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