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Nuestra parte

Fredy Contreras Rodríguez*


Desde 1988, los científicos están advirtiendo al mundo sobre el cambio del clima y su transición a desastre. Lo saben la comunidad internacional nucleada en la ONU, las grandes potencias y sus sistemas políticos hegemónicos, los gobiernos de todos los países, de todos los colores y todas las ideas, las universidades, los centros científicos del orbe y hasta el invisible “Estado profundo” que domina a la humanidad tras bastidores con el garrote del sistema financiero internacional, la dictadura del dólar y el conglomerado de empresas monopólicas trasnacionales.

En seis (6) contundentes informes, publicados entre 1990 y 2022, los científicos del clima han confirmado que la acción del hombre sobre la tierra es la causa de los desastres ambientales y que su principal indicador es el aumento de la temperatura del planeta.

El problema es global y la solución, también. Y estamos a tiempo; sin embargo, cada país debe asumir por su cuenta el abordaje del desastre climático a partir de los vectores que inciden a favor de este en su espacio territorial. Nuestra ubicación en la franja ecuatorial -país tropical- hace de Venezuela un ámbito espacial muy particular por la incidencia del sol y el aumento de la temperatura  del efecto invernadero. Para nosotros,  es  de primera necesidad asumir el cambio climático como problema prioritario de la sociedad y factor determinante de nuestras políticas públicas.

Por fortuna, la Política Pública sobre el desastre climático existe. Está definida en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2013-2019 -Plan de la Patria-, como política de largo plazo, ahora de corto plazo: “Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana”, desarrollada en el quinto objetivo histórico como el propósito nacional de construir un modelo económico productivo, basado en la relación armónica hombre-naturaleza que garantice el uso racional, óptimo y respetuoso de los recursos y los ciclos naturales.

Partiendo de esta Política Pública -que es ley de la República-, el gobierno nacional tiene el deber de acelerar las acciones que hagan posible equilibrar el modelo de desarrollo de la nación que se califica de productivo y ecosocialista, soberano, armónico y racional en el uso de los recursos, con la contención de las causas que estimulan el deterioro del clima y la reparación de los daños que causa el desastre climático en ciernes.

En días pasados y en coherencia con esta Política Pública, el presidente anunció una agenda “…contra la crisis del cambio climático, priorizada, urgente y estratégica, para que el gobierno nacional se ponga las pilas en prepararnos para evitar estos efectos; primero, evitarlos; segundo, adaptarnos y poder tomar medidas alternativas; y en tercer lugar, mitigarlos al máximo nivel con tiempo“, según sus palabras, pronunciadas en el Primer Congreso Nacional de investigadores sobre cambio climático; agenda de trabajo que contiene la creación de un Fondo de recursos financieros para atender la crisis climática, del Centro de Estudios de la crisis ambiental global, de la Revista Científica Nacional y del Observatorio Nacional de la crisis climática y el desarrollo de una Red Venezolana de Saberes, Experiencias y Conocimientos sobre los problemas del cambio climático y, la masificación de las Brigadas Juveniles contra el cambio climático.

La agenda del gobierno es previsiva y oportuna; sin embargo, en la observación y acato de la Política de “Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana”, las acciones deben ser más ambiciosas. El gobierno debe ir mucho más allá de la agenda anunciada por Nicolás Maduro y revisar y escudriñar  todos los  programas, planes y proyectos del Estado que se están ejecutando sin pasar por el tamiz del 5to objetivo del Plan de la Patria. En la correcta dirección de “ponernos pilas” el presidente debe ordenar una fiscalización -hecha por científicos y expertos del cambio climático- sobre todos los proyectos y planes de desarrollo económico donde la variable ambiental es determinante para conocer si están ajustados a la Política de preservar el planeta y salvar la especie humana.

Sobre los Principios de Corresponsabilidad y Participación ciudadana en los asuntos públicos, el Estado debe saber, por ejemplo, si a la luz de la Política de “Preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana” tienen sentido y razón el plan de desarrollo del archipiélago de Los Roques, la explotación de recursos no renovables en el llamado Arco Minero de Guayana donde el desastre ecológico está a la vista, los planes de protección de los Lagos de Maracaibo de Valencia y grandes cuencas hidrográficas, los planes nacionales de desarrollo urbano, el plan de explotación maderera de los bosques de Uverito, los planes de protección de los parques nacionales, entre tantos y tantos.

Si estamos conscientes de la amenaza que se cierne sobre la humanidad en lo que corresponde con Venezuela, el gobierno debe comenzar -como dijo el presidente Maduro- por “ponerse las pilas”, corrigiendo lo que sea necesario corregir, evitando lo que sea necesario evitar y tomando las medidas alternativas que sean necesarias para enfrentar el desastre climático, pues de nada sirve sortear las graves dificultades económicas que tenemos, aprovechando recursos primarios no renovables y destruyendo los ecosistemas donde estos subyacen.

 

*Abogado. Agricultor urbano

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