El poder transformador de la resurrección en tiempos de desesperanza
19 de abril de 2025
Antonio Sánchez Alarcón
La práctica de reformar frecuentemente las Constituciones puede generar una serie de consecuencias negativas que afectan la estabilidad política y social de un Estado. Los cambios constantes en la Carta magna tienden a debilitar la autoridad normativa del documento, creando un clima de incertidumbre y desconfianza tanto en la ciudadanía como en los inversores. En contraposición, las Constituciones con una larga trayectoria han demostrado ser el cimiento de sistemas políticos sólidos, capaces de resistir crisis y consolidar instituciones democráticas.
Frecuentes enmiendas o nuevas constituciones reflejan, en muchos casos, la falta de consenso y la volatilidad política. Cada cambio implica una reinterpretación de principios fundamentales que, de haber sido asumidos y profundizados, habrían contribuido a fortalecer el Estado de derecho y la gobernabilidad. Giovanni Sartori ha argumentado que la perdurabilidad y la coherencia de las normas constitucionales son esenciales para el funcionamiento de una democracia estable, ya que permiten a la sociedad construir sobre una base común y aceptada a lo largo del tiempo. Desde esta perspectiva, la insistencia en la reformulación de la Carta magna puede ser vista como un síntoma de inestabilidad política, en la que la falta de compromiso con principios firmes deriva en una búsqueda constante de soluciones provisionales.
Asimismo, Bruce Ackerman sostiene que las enmiendas constitucionales deben ser el resultado de momentos extraordinarios en la historia de un país, y no prácticas habituales de gobernanza. Para Ackerman, una Constitución debe ser el reflejo de un consenso duradero, y su modificación repetida revela una crisis de representación política y un déficit de diálogo social. La transformación constante de la norma suprema impide que se consoliden las instituciones y se profundicen los valores democráticos, pues cada reforma arranca de cero el proceso de construcción de un marco legal compartido.
Más allá de las implicaciones teóricas, en la práctica, los países que han recurrido a la modificación frecuente de sus Constituciones han experimentado periodos de inestabilidad y conflicto social. La incertidumbre normativa dificulta la implementación de políticas públicas coherentes y la consolidación de un proyecto nacional que trascienda los vaivenes políticos del momento. En contraste, aquellos países que optan por profundizar y actualizar de forma gradual los principios consagrados en una Constitución antigua logran una mayor cohesión social y una respuesta más coherente ante crisis internas y externas.
En lugar de emprender reformas constantes que fragmentan y desestabilizan el marco jurídico, la aspiración de un país debería centrarse en fortalecer y actualizar los principios fundamentales ya establecidos en su Constitución. Esta estrategia no solo promueve la estabilidad política y social, sino que también fomenta un compromiso a largo plazo con la democracia y el estado de derecho, creando un ambiente de confianza y continuidad esencial para el desarrollo sostenible.
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