Opinión
Pasar a la minería: Gestión de la riqueza para el bien común

Dr. Mauricio R. Pernía-Reyes *

Realizar una consulta en línea sobre la actividad minera en Venezuela puede resultar complejo. Al ingresar el término “La minería en Venezuela” en Google, los resultados del buscador frecuentemente incluyen reportes, noticias, artículos e informes que abordan temas como el impacto ambiental, el desplazamiento de comunidades locales, el deterioro de las condiciones de vida, la limitada presencia estatal en el territorio, condiciones insuficientes de higiene y seguridad laboral para los mineros, el resurgimiento de enfermedades, evasión fiscal, extracción de minerales en zonas no permitidas y daño ecológico, entre otros aspectos negativos.

Estos resultados se ven reforzados por la limitada generación de información pública por parte de la Administración Minera Nacional y Regional respecto a los datos de producción, contratistas involucrados, cantidad de trabajadores, avance en el cumplimiento de los estudios de impacto ambiental y sociocultural, cierre de operaciones mineras, recaudación de regalías e impuestos, asignación de la renta minera, número de títulos mineros otorgados, identificación de los titulares de derechos mineros —ya sean concesionarios, socios en empresas mixtas, contrapartes en alianzas estratégicas o brigadas mineras—, extensión y ubicación de las hectáreas autorizadas para actividades extractivas, acciones de recuperación ambiental, contribuciones a la comunidad, vínculos con el entorno o consultas populares o consentimientos de poblaciones indígenas o rurales.

En consecuencia, la minería en Venezuela suele ser percibida de manera negativa por la ciudadanía, percepción que resulta comprensible dada la recurrencia de noticias adversas basadas en hechos y la falta de transparencia estatal. Esta situación contribuye al rechazo social y a una limitada comprensión del valor potencial de la industria minera cuando se gestiona adecuadamente.

En el ámbito internacional, la producción responsable de minerales críticos adquiere una importancia fundamental, dado que las cadenas de suministro enfrentan presiones significativas y su capacidad de resiliencia depende de productores mineros confiables. Estos deben llevar a cabo la explotación conforme a estándares de licencia social y ambiental, transparencia, acceso a información pública, seguridad jurídica, cumplimiento contractual, estabilidad, rendición de cuentas y otras categorías relevantes. Estos fenómenos están impulsados por factores como la transición energética y tecnológica, así como por las distorsiones derivadas de los conflictos entre Rusia y Ucrania, los eventos en Medio Oriente y las políticas arancelarias implementadas por Estados Unidos, que han provocado decisiones estratégicas de China respecto a la exportación de tierras raras, afectando el mercado y la seguridad del suministro.

En la actualidad, la Asamblea Nacional de Venezuela debate la Ley Orgánica de Minas, lo cual representa una oportunidad relevante para optimizar el marco jurídico minero, reorganizar el sector —cuyo proceso se inició recientemente— y mejorar la percepción pública acerca de la minería. Esto se fundamenta en la implementación de cambios verificables, mayor apertura y transparencia, así como en la adecuada asignación y utilización de los recursos derivados de la renta minera y de las proyecciones por venta de minerales, cuidado del ambiente y de las personas, en definitiva, gestionar la riqueza minera para el bien común. En este sentido, medios de comunicación han informado sobre la adquisición de oro por parte de un proveedor global de materias primas reconocido internacionalmente, quien, dentro del acuerdo, ha incorporado un programa de abastecimiento responsable cuyo propósito es “mejorar los estándares en el sector minero oficial de Venezuela, para que eventualmente sea aceptable en los mercados internacionales.” según reseña el portal “Rumbo Minero”. El desafío es pasar de la extracción ilícita a la minería.

En este contexto, es fundamental que la ciudadanía permanezca informada sobre los debates en torno a la Ley Orgánica de Minas actualmente en discusión en la Asamblea Nacional. Asimismo, se debe impulsar la participación ciudadana para garantizar que las consultas incluyan a sectores dedicados a la protección ambiental, defensa de los derechos de poblaciones indígenas, rurales y grupos vulnerables, así como universidades, gremios, asociaciones y profesionales especializados en las áreas relacionadas con la industria minera.

En siguientes entregas trataré sobre la importancia de este sector y del texto legal que finalmente se sancione y promulgue en esta materia medular del país, que debe estar dirigida a su desarrollo económico, para el bien común de los venezolanos y la defensa de la dignidad de la persona humana.

*Profesor-Investigador de la UCAT

Miembro directivo de CEDE y Vicepresidente País para Venezuela de la Alianza Minera de América Latina.