Opinión

Placas colombianas

6 de marzo de 2023

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Cerrado por más de siete años y como consecuencia de la reanudación de relaciones diplomáticas, el libre paso de bienes y personas por la línea fronteriza entre Colombia y Venezuela produce una nueva realidad para los habitantes de la frontera, con marcadas diferencias respecto al pasado reciente.

Fredy Contreras Rodríguez*

Muchas cosas han ocurrido en estos años de ruptura diplomática formal; pero los pueblos de ambos lados de la línea fronteriza no dejaron de relacionarse y, en el caso de la región Táchira-Norte de Santander, con una población que tiene 200 años de estrechas relaciones culturales de todo tipo, familiares y consanguíneas, afectivas, políticas y económicas -en un intrincado lazo indisoluble- la ruptura de relaciones ralentizó los vínculos pero no impidió su ejercicio diario. Y ahora, con la reanudación formal de éstas, presenta nuevas realidades, escenarios, circunstancias y posibilidades.

Un elemento que ahora resulta novedoso es la presencia in crescendo de vehículos con placas colombianas en territorio tachirense. Tal hecho, pero a la inversa, fue y aún sigue siendo un hecho normal en Cúcuta y municipios nortesantandereanos: Miles de vehículos con placas venezolanas circulando a diario en sus calles y carreteras. Ahora estamos intuyendo que el fenómeno ocurrirá de allá para acá, sin subsidios ni gangas.

Con toda seguridad, en el curso de los próximos meses -probablemente años- nos iremos acostumbrando a ver en calles y carreteras del Táchira las placas amarillas de los vehículos colombianos; incluso sabremos que allá están municipalizadas y se nos harán familiares nombres como Chinácota, Villa del Rosario, Sardinata, Toledo, Herrán, Ragonvalia, Cácota, Durania, Tibú, Labateca, Pamplonita, La Esperanza, Ábrego, Puerto Santander, El Tarra, El Zulia, Los Patios, Cucutilla, Salazar de las Palmas, Arboledas, Teorama, Bochalema,  Cúcuta y 17 municipios del vecino Norte de Santander, sin dejar de citar otros nombres de municipios muy conocidos de otros departamentos neogranadinos como Barranquilla, Fusagasugá, Medellín, Pamplona, Bucaramanga, Arauca y hasta San Vicente del Caguán.

Pero no se trata de la llegada masiva y constante de turistas colombianos que vienen en sus carros nuevos para conocer el Táchira y nuestros singulares destinos turísticos. No. Se trata de venezolanos que están comprando vehículos en Colombia para usarlos acá en sus ocupaciones habituales. Empresarios, ganaderos, comerciantes, profesionales de ingresos altos y personas con capacidad adquisitiva -clase media y media alta- que están comprando vehículos nuevos en el mercado colombiano, aprovechando la modalidad de compra a plazos y sin cuota inicial, inexistente o muy difícil en el actual mercado vehicular venezolano.

 

Es un hecho innegable que en el ámbito comercial, la economía del Oriente colombiano dependía casi totalmente del Estado venezolano; y en el caso de Cúcuta, su circuito económico municipal siempre ha parasitado la economía venezolana. Antes, la población del Norte de Santander -Cúcuta como epicentro-  se proveía de vehículos y combustibles provenientes del territorio nuestro; la diferencia en los precios facilitaba su adquisición a la población colombiana, que durante muchos años disfrutó de los subsidios otorgados por el Estado venezolano en todo el espectro productivo nacional.

Se trata de un asunto del mercado. En Venezuela la venta de vehículos nuevos tiene poca oferta y mucha demanda, por lo cual la compraventa de vehículos se realiza al contado. En nuestro mercado vehicular no hay dónde se pueda comprar a plazos y mucho menos sin cuota inicial. En Colombia, sí. El mercado de vehículos nuevos tiene una oferta que supera ampliamente a la demanda y en tanto que los vendedores ofrecen ventas a crédito con varios años para pagar, incluyendo la venta sin cuota inicial.

Esta realidad con la frontera abierta va a presentar situaciones inéditas en el mercado vehicular binacional. Es muy probable que aparezca un mercado de intermediarios, que comprarían a crédito los vehículos en Colombia y los venderían de contado en Venezuela; es probable que las concesionarias de autos y la banca colombiana apliquen políticas de ventas exclusivas a venezolanos, facilitando la compra de carros con placas colombianas. Y muchas cosas más. En Colombia manda el mercado y aquí… ¡también!

Frente a esto, la administración pública venezolana debe estar atenta en muchas direcciones; una primera, para impedir la comisión de hechos delictivos que pueden ocurrir con ofertas engañosas, estafas y otras figuras tipificadas penalmente; una segunda, la posibilidad cierta de pechar vía tributos, la presencia de vehículos colombianos en nuestras vías sobre las premisas básicas de las figuras tributarias (impuestos, tasas y contribuciones) de exclusiva competencia municipal o competencia residual estadal. Es el momento de ir tomando previsiones, pensando en el interés general de la sociedad.

*Ingeniero industrial. Agricultor urbano.

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