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23 de noviembre de 2024
En reciente rueda de prensa con medios internacionales, el presidente Nicolás Maduro insistió en señalar que a finales del año entrante se celebrarán las votaciones presidenciales. Desde el punto de vista de los eventos políticos previstos, este es el más importante, porque está en juego el Ejecutivo nacional, de modo que habría que prestarle la mayor atención. A los precandidatos les correspondería competir en primarias hacia mayo o junio del próximo año y para la fecha de la votación faltarían unos 15 meses. En otras palabras, es un proceso que está encima.
La celebración de estas elecciones representa el medio más indicado para canalizar la situación conflictiva que ha vivido el país, por lo que hay que proceder desde ya a crear las condiciones para que sean un instrumento útil para la estabilización de la vida política de la nación. Para ello no bastaría con la organización misma del proceso, la preparación del cronograma o los acuerdos procedimentales que brindan garantías a los competidores, sino que es necesario enmarcar ese proceso electoral en un horizonte mucho más amplio, que visualice el período constitucional 2019-2024 como parte de un acuerdo de coexistencia y de gobernabilidad de los factores en pugna, lo que a su vez permitiría mayor fluidez en el caso de una alternancia que resultaría de un triunfo de la oposición, lo que hoy se ve como muy probable. De modo que si se apunta en esta dirección, habría que comenzar desde ya las negociaciones sobre las votaciones, puesto que la experiencia indica que las alternancias sin rupturas y sin violencia cuando hay antagonismos pronunciados requieren un trabajo laborioso de conversaciones, para hilvanar acuerdos y tejer compromisos.
Por supuesto, hay sectores muy importantes de la oposición que no son partidarios de una alternancia sin rupturas. En este caso las opciones son las de un derrocamiento del Gobierno antes de diciembre de 2018. Desde esta perspectiva estratégica, en los últimos años se han realizado varios intentos. El último de ellos ha sido el que comenzó en abril y que finalmente no dio los resultados esperados por sus promotores.
La otra opción, en la que actúan quienes consideran que no se debe esperar hasta el año entrante, es la de una intervención extranjera. En función de ello, estimulan un embargo comercial y financiero, que va a generar mayores dificultades económicas al país de las que ya tiene, lo que provocaría más penurias en la población y pudiera traducirse en una explosión social. Suponen los promotores de esta estrategia que en ese cuadro habría un pronunciamiento militar que depondría al Presidente o se crearían las condiciones para justificar una intervención militar en el país, como la anunciada por el presidente estadounidense, la que ha sido respaldada por una porción del liderazgo opositor.
Ahora bien, estas opciones de derrocamiento o de invasión no se sabe hacia dónde conducen en realidad. Aunque ya hemos visto durante los últimos cuatro meses una pestaña de lo que pudiera ocurrir.
(Leopoldo Puchi)
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