Opinión

Proceso autoritario y elección presidencial

24 de abril de 2018

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La evolución hacia la dictadura, cada vez más abierta y descarnada, ha ido modificando el comportamiento de la ciudadanía, de los actores políticos, de la sociedad civil y de la comunidad internacional.

No llegamos a la ruina moral, política y económica en un solo acto. La situación actual es el resultado de un largo proceso al que concurren fundamentalmente elementos ideológicos, políticos, económicos, culturales, psicológicos, internacionales y, finalmente, delincuenciales.

Es importante destacar que el tránsito de la democracia a la dictadura comunista de Maduro se ha podido producir por el establecimiento de las bases autoritarias armadas por el difunto comandante Hugo Chávez.

A pesar de ese cuadro, podíamos desplegar una acción política con la cual desafiar al caudillo de Sabaneta en el terreno electoral.

Chávez gozaba de popularidad y disponía de recursos financieros espectaculares, que eran gastados a manos llenas, sin ningún tipo de control, para conseguir los votos con los cuales mantenerse en el poder.

Entonces, a pesar del ventajismo abusivo del régimen, los niveles de fraude en el sistema electoral no revestían la gravedad que hoy presenta.

A pesar del abusivo y vulgar ventajismo, los demócratas libramos importantes luchas en el campo electoral, perdiendo y ganando varias de ellas.

En todos esos años, ya con elementos abusivos y fraudulentos presentes, la oposición pudo dar la lucha en el campo electoral.

Si bien es cierto que fue un error la no participación en la elección parlamentaria del 2005, en los otros procesos fuimos creando una gran plataforma política y electoral con la cual enfrentamos en el campo electoral al régimen.

La muerte de Chávez, el estallido de la crisis económica, el estado de descomposición moral del régimen, por el efecto de la galopante corrupción y la constante violación a los derechos humanos, han producido una caída brutal en el apoyo popular a la camarilla roja que gobierna, lo cual le has llevado a una creciente instauración de nuevos elementos fraudulentos en el sistema electoral, para justificar su ilegítima e ilegal detentación del poder. En este orden de ideas, es menester poner de relieve el desconocimiento absoluto a la voluntad ciudadana con la cuasi clausura de la Asamblea Nacional, la confiscación del referéndum revocatorio y el establecimiento de una inconstitucional Asamblea Constituyente.

La consagración del fraude político, jurídico y electoral tiene ahora un conjunto de nuevos elementos, que se suman a los ya denunciados por la sociedad democrática, y que hacen inviable la ruta electoral como solución a la crisis política. De proceso electoral hemos derivado a una farsa electoral. Esta nueva situación es la que hoy impide a la oposición estar presente en la misma.

No han faltado agentes políticos o comunicacionales que, para cuestionar tal proceder, afirmen la existencia de las mismas condiciones electorales ahora, que en los anteriores procesos. Me han comentado algunos, pero si “ustedes fueron elegidos parlamentarios y gobernadores con este mismo Consejo Electoral, y con las mismas condiciones”. Y no han faltado los exagerados y alabadores que aseguran la existencia de mejores condiciones en el sistema electoral ahora, que en el pasado reciente. Tales afirmaciones no son ciertas. Hoy el sistema electoral está más intervenido y más oscuro.

Dentro de esos nuevos elementos fraudulentos es menester poner de relieve los siguientes:

Incertidumbre del calendario electoral

En Venezuela no se tiene ahora una seguridad de los tiempos electorales. Las fechas de los procesos electorales no se conocen con suficiente anticipación. La elección se produce cuando al Gobierno le conviene. Si es menester se atrasan o se adelantan.

     2. Negación del derecho al voto a millones de ciudadanos

La estampida humana que se ha producido en nuestro país en los últimos años ha convertido el voto de los venezolanos en el exterior en un elemento decisorio en los procesos de orden nacional.

La dictadura ha consagrado en el derecho positivo electoral una norma inconstitucional, mediante la cual solo permite ejercer el derecho al voto a un ciudadano venezolano residenciado en otro país si se encuentra con permanencia legal en el mismo

Establecimiento del voto controlado sobre millones de ciudadanos

Un elemento fundamental de una elección democrática es la libertad del voto. Por eso, el propio texto constitucional, en su artículo 63°, reza: “El sufragio es un derecho. Se ejecutará mediante votaciones libres, universales, directas y secretas”.  El establecimiento del Carnet de la Patria, la presión sobre millones de ciudadanos para entregar su comprobante de votación para lograr el famoso carrusel, el voto asistido y los puntos de control a las puertas de los centros de votación, han eliminado en la práctica la libertad del voto y lo han convertido en un voto supercontrolado.

Opacidad del proceso automatizado

El proceso automatizado, ya severamente cuestionado durante los últimos lustros, es ahora más opaco. A los importantes cuestionamientos existentes, se suman ahora los de la empresa que le servía de soporte hasta el año 2017, como lo es Smartmatic. Esta empresa se retiró, denunciando de manera clara la manipulación de los resultados por parte de las autoridades electorales. A ello se suman las limitaciones existentes en la oposición y las impuestas por el régimen para comprobar la seguridad del sistema automatizado. Hemos llegado inclusive a desconocer resultados arrojados por las máquinas, como ocurrió en la reciente  elección de gobernador del estado Bolívar.

Estos elementos, y otros más que podemos sumar, hacen absolutamente inviable el proceso electoral presidencial del 20 de mayo. Son elementos más que suficientes para entender por qué en esta ocasión la participación electoral no ofrece ninguna garantía de elegir y, por el contrario, es una forma de “colaborar” con la dictadura para que se mantenga en el poder.

La lucha de la sociedad democrática está planteada de manera clara, es la exigencia de un verdadero proceso electoral, democrático, equitativo y competitivo, que nos  permita a todos los ciudadanos venezolanos elegir las autoridades y el destino político de la nación.

(César Pérez Vivas)

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