Opinión
Refundación meritocrática de las universidades venezolanas

Luis F. Ibarra*

Venezuela atraviesa una de las estafas sociales más silenciosas de su historia: La demolición de la excelencia universitaria y el fraude de los títulos vacíos. Bajo el manto de un igualitarismo malentendido y el gremialismo que terminó copiando los vicios de la administración pública, las casas de estudios superiores han pasado de ser faros de luz a convertirse en estructuras de acomodo, tráfico de influencias, nepotismos y mediocridad protegida. La reconstrucción de un país se inicia en las aulas, y exige sacudir el tablero anti académico universitario. La crisis salarial, con sueldos que insultan la dignidad humana, junto al inexorable efecto vejez, provocaron un éxodo masivo de mentes brillantes. Sin embargo, el vacío no quedó solo en el silencio de los pasillos; fue llenado por un fenómeno aún más peligroso: El ingreso de algunos individuos con mínimos credenciales, apuntalados por nexos políticos o familiares, quienes hoy se atornillan en las cátedras, esperando que un eventual aumento de sueldo les premie por el simple hecho de estar allí, no por lo que saben o producen, y menos por méritos tangibles. En Venezuela, acceder a un cargo académico resulta fácil. La universidad venezolana absorbió la corrupción del entorno. El sistema de ingreso, que debería ser un templo de la meritocracia, se vició con concursos arreglados y una cultura del “guiso” donde el título se transacciona y el esfuerzo se desprecia. Hemos permitido que remedos de universidades, carentes de rigor científico y volcadas al proselitismo, defrauden a la juventud con títulos que no tienen respaldo en el conocimiento. Es una piratería académica que condena sus egresados al desempleo, a mediocridad profesional, e incluso, les expone a futuras responsabilidades judiciales derivadas de incompetencia manifiesta. Continuar bajo ese esquema es seguir timando a las nuevas generaciones. Imposible vencer la oscuridad con luces deficientes que arruinan la institucionalidad. La reconstrucción de las instituciones superiores exige una terapia de choque. No basta con asignar recursos; hay que auditar la idoneidad de quienes los reciben. La propuesta es clara: El sueldo debe ser digno por derecho, pero el aumento debe ser ganado por mérito. Necesitamos un sistema de permanencia basado en un baremo de productividad individual. No es aceptable que un profesor que investiga, que publica en revistas de alto impacto mundial, que promueve su universidad en congresos científicos, o que siendo evaluado como excelente por jurados imparciales, perciba lo mismo que aquel que se limita a apropiarse de aportes ajenos mediante copia y pega, y cuya única credencial es la lealtad al grupo, al partido, o al operador que facilitó su ingreso a la universidad. El salario debe estructurarse sobre un piso base, pero con bonificaciones agresivas por productos académicos reales tales como: Patentes, publicaciones indexadas, libros en el área de competencia, tutorías exitosas, ponencias en eventos científicos, asesorías externas controladas por la institución, proyectos de ingresos propios, trabajos de ascenso relevantes, y una docencia validada por jurados externos que incluya estudiantes de alto rendimiento. Para limpiar el sistema, se debe enfrentar la realidad de los títulos inmerecidos. Una nueva Ley de Universidades debe establecer revalidación obligatoria e incluir auditoría de credenciales. Todo aquel que haya ingresado o ascendido bajo la sombra de la opacidad debe someterse a un examen nacional de suficiencia. El plagio y la falsificación de méritos, deben acarrear la muerte civil académica. Sin un sistema de justicia independiente que respalde estas medidas, la meritocracia sería devorada por el primer juez corrupto que firme un amparo a favor del oportunista. Por ello, una trasformación universitaria exige el respaldo de una reforma judicial. Numerosos cambios pueden ser implementados para corregir vicios donde aparezcan. Por ejemplo, para proteger la sociedad de la piratería profesional, en áreas críticas como medicina o ingeniería, realizar una certificación de suficiencia a egresados de los últimos 10 años. Quien no apruebe, no podrá ejercer hasta completar módulos de nivelación en una universidad prestigiosa. Con protección al denunciante, se pudiera habilitar un canal para que estudiantes y profesores honestos denuncien corruptelas como: concursos arreglados, modificación de notas, aprobación inmerecida de asignaturas, etc. Ante una revisión correctiva de privilegios heredados, es de esperar la típica reacción gremial: “Nos están violando la estabilidad laboral y los derechos adquiridos del personal”. Al gremialismo ultra hay que indicarle que la estabilidad laboral es un derecho del docente idóneo. No existe el derecho adquirido a cobrar por enseñar lo que no se sabe o por no investigar. Al contrario, el derecho del estudiante a prepararse en entornos de calidad, debe estar por encima del sindicalismo parásito a ultranza. Se conoce que la selección tradicional de autoridades, convirtió las elecciones en un descarado festín de compra-venta de “votantes”. Suena extraño que un “académico” ceda su voto ante dádivas, pero ocurre. Las entidades responsables del control electoral interno, siempre han conocido de esos manejos viciados del proceso electoral universitario. Sin embargo, sus responsables miran para otro lado. Ese desregulado privilegio autonómico destruye la meritocracia interna. También, mediante entrega de facilidades a la dirigencia estudiantil, muchos cargos compran el respaldo de su elección. El intercambio de prebendas a cambio de votos supera el estilo de los políticos populistas nacionales. En consecuencia, la vacía consigna de “la casa que vence las sombras”, evolucionó hacia una desafiante casa que negocia con impunidad en las sombras. Los aspirantes a la jerarquía de dirección universitaria tienen que comprometerse con el Estado, y sus votantes a ser guardianes de la nueva institucionalidad, negarse a ser cómplices del silencio, y comprometerse a erradicar el arraigado clientelismo universitario. El facilismo ciudadano de aprobar sin aprender y graduarse sin saber, es otro muro a derribar. Necesario auditar la acreditación de postgrados o doctorados de escasa exigencia académica, en ocasiones certificados por funcionarios indolentes entre licores y madrugada. Son programas orientados al resuelve económico del grupo atrincherado en la estructura de postgrados. Esos engañosos y facilistas estudios tienen que ser reconducidos. El liderazgo emergente debe entender que un país sin academia de altura es un país sin futuro. La universidad debe dejar de premiar la permanencia inerte y empezar a financiar la excelencia. Las Alma Máter tienen que volver a ser el lugar donde el hijo del obrero se doctora por su inteligencia y su esfuerzo, no por el facilismo, su carnet partidista, o su vinculación con los jefes de la casa de estudios. Las universidades deben recibir suficientes fondos del Estado, y rendir cuentas a la sociedad, demostrando pulcritud en el uso de recursos. Solo rescatando el mérito de las garras de la corrupción, los universitarios podrán alardear con propiedad que laboran en universidades que realmente pueden vencer las sombras. Quienes deseen regir el destino de la educación superior venezolana tienen que desprenderse de los vicios que hoy ensombrecen la gestión académica. Es imprescindible justificar tan cuantiosa inversión pública, y corregir desviaciones de un presupuesto cada vez más inalcanzable. Al final, el Estado venezolano pudiera cabalmente decirle al país: “Estamos pagando sueldos de primer mundo, pero solo a quienes producen conocimiento de primer mundo“. La nación venezolana necesita una élite de ciencia y no una masa improductiva de presión política. El liderazgo universitario deberá alejarse del gremialismo cómplice que iguala hacia abajo. Sus gestores deben ser exigidos a facilitar la meritocracia que impulse hacia arriba. Por una Universidad que más allá de consignas vacías se enfile a vencer sombras con la luz de la verdad. La autonomía universitaria no es para servicio de la impunidad, fue creada para proteger la libertad de pensamiento.

 *Exvicerrector administrativo de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET)