Venezuela revisará relaciones con gobiernos del G7
27 de noviembre de 2024
La abrupta interrupción de las conversaciones en Oslo demostró, a pesar del auspicioso comunicado de la cancillería noruega, que posiciones tan contrapuestas dificultan las reales posibilidades de un acuerdo entre el totalitarismo madurista y la oposición democrática. A pesar de esta realidad, la reunión en Nueva York entre el Grupo de Contacto y el Grupo de Lima, dos iniciativas políticas entre la cuales no existía una suficiente interrelación, logró orientar sus esfuerzos al proponer una solución política y pacífica de la crisis humanitaria de Venezuela, mediante el protagonismo de nuestro propio pueblo en la construcción de esa solución. Al mismo tiempo se ratificó, en el correspondiente comunicado, que “el impacto de la crisis requiere que la región y la comunidad internacional jueguen un rol más activo para restablecer la democracia en Venezuela mediante la convocatoria a elecciones libres y justas”, resaltando la gravedad de la crisis humanitaria y el éxodo de 3,7 millones de venezolanos que han abandonado su país obligados por la hiperinflación, el hambre, la represión oficial y el colapso de todos los servicios públicos
La rueda de prensa de Nicolás Maduro, ofrecida el martes 4 de junio, en la cual le informó a la opinión pública su decisión de declarar en sesión permanente al Consejo de Defensa y Seguridad de la Nación ante los supuestos “planes desesperados de Estados Unidos y la oposición venezolana contra su gobierno” es una retadora y aventurera respuesta a la presión internacional realizada fundamentalmente por el Grupo de Contacto y el Grupo de Lima en procura del retorno a la democracia mediante un proceso electoral transparente y equitativo. Pienso que Nicolás Maduro pretende, con esa respuesta, obtener tres objetivos fundamentales: demostrar a la Fuerza Armada Nacional y a sus seguidores que aún mantiene un importante control sobre el Estado y la sociedad venezolana; que las negociaciones no conducirán, de inmediato, a elecciones libres y justas al mantener en sus funciones, por encima de todo, al actual Consejo Nacional Electoral y, sostener su engañosa e inaceptable estrategia de convocar a elecciones parlamentarias, en un breve tiempo, generando confusión y división en la oposición, convencido de que ello le permitirá obtener un seguro triunfo.
Esta nueva y criminal ofensiva de Nicolás Maduro no logrará otra cosa que incrementar nuestra tragedia nacional, impidiendo el avance de cualquier esfuerzo que pueda conducir a una posible solución pacífica y electoral de la crisis venezolana. Ante esta realidad, percibida por nuestra sociedad desde hace mucho tiempo, la oposición democrática venezolana y la comunidad internacional deben decidir la respuesta que darán a la dictadura madurista mediante un eficaz conjunto de acciones que neutralice esa estrategia y ponga punto final a esta aberrante usurpación. Es decir, la dirigencia opositora tiene, por su parte, un importante reto: lograr un amplio yunitario acuerdo político que permita enfrentar exitosamente la nueva ofensiva madurista. Así también lo ha planteado Mike Pompeo. De igual manera, la comunidad internacional debe entender, que ese “rol más activo” que alude en su comunicado, debe traducirse en acciones más eficaces en pro del fin de la usurpación. Pensar que sólo los venezolanos pueden “construir una solución” es una quimera. Mientras tanto, la usurpación madurista, incrementará nuestra catástrofe y perturbará la paz y estabilidad regional.
Por su parte, el reto que deberán enfrentar la Organización de Estados Americanos y los distintos grupos internacionales constituidos para intentar contribuir a resolver la crisis humanitaria venezolana requiere interpretarcon claridad el concepto de Intervención Humanitaria: “una acción específicamente militar de uno o varios Estados dentro de otro para frenar las graves y masivas violaciones de derechos humanos”. La Intervención Humanitaria implica una excepción a tres principios fundamentales del derecho internacional: la soberanía estatal, la no intervención en los asuntos internos de otros Estados y la prohibición de usar la fuerza armada. Dichos principios constituyen pilares fundamentales de las relaciones internacionalesplasmados en la Carta de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial. Al contrario, la Intervención Humanitaria no aparece explícitamente en dicha Carta, sólo pudiéndose justificar su aplicación mediante una interpretación extensiva de los supuestos que, según el capítulo VII, permiten tomar medidas coercitivas contra un Estado a fin de evitar se violen los derechos humanos
Actualmente, el resurgimiento de las tensiones geopolíticas que existieron durante la Guerra Fría, las cuales siempre limitaron la aplicación de medidas coercitivas en defensa de los derechos humanos al utilizarse el derecho al veto por las grandes superpotencias en el Consejo de Seguridad, lo vuelve a impedir. De allí que sea imprescindible que los países americanosasuman que los intereses regionales deben sobreponerse a los enfrentamientos por el poder mundial. La OEA ha mantenido una firme posición de rechazo a la violación por Nicolás Maduro de los valores democráticos y de los derechos humanos. Lamentablemente, la situación se ha ido agravando al incrementarse la conducta criminal del régimen madurista contra toda manifestación de disidencia. Por ello creo que se hace necesario reflexionar, despojándose del atavismo cultural de la soberanía, sobre lo que significaría una Intervención Militar Multilateral de carácter humanitario basado en el principio de la Responsabilidad de Proteger (R2P), aprobado en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas, en el año 2005, como medio para ponerle punto final a la tragedia venezolana. En este sentido, es importante recordar el reciente planteamiento del presidente del Ecuador, Lenín Moreno, sobre la Doctrina Roldós. En caso que tan extrema situación llegase a ocurrir, el gran responsable ante la historia sería Nicolás Maduro, quien, por su desmedida ambición, ha impedido una solución pacífica, electoral y constitucional de la crisis política venezolana.
(Fernando Ochoa Antich) /[email protected].
Más de 20.000 personas imputadas por corrupción
27 de noviembre de 202432 años de la rebelión cívico-militar de 1992
27 de noviembre de 2024
