Aldeas fronterizas se alzan contra la explotación de minas de carbón en el Cerro Capote
20 de abril de 2024
Francisco Corsica
Colombia ha permanecido durante las últimas semanas en el radar internacional. No solamente por los acontecimientos en territorio apureño que son de incumbencia tanto para la hermana nación como para nosotros, sino por la polémica «Ley de Solidaridad Sostenible», impulsada por el gobierno de Iván Duque, y las subsiguientes protestas en las principales ciudades neogranadinas.
Tratemos de comprender mejor estos eventos. El mencionado instrumento jurídico se trazó como fines “financiar el gasto público, saldar el endeudamiento generado por la crisis sanitaria y darle continuidad a los programas sociales del Estado en beneficio de la población más vulnerable”. Desde una perspectiva normativa alberga fines encomiables, pero la realización de esta titánica tarea requiere vastos recursos que las arcas públicas no atesoran.
De allí el problema: en realidad, la ley no es más que una reforma tributaria. Ahora todos debían pagar más impuestos. Por supuesto, los más perjudicados serían los miembros de la clase media, que desmejorarían su estatus económico. De haberse ejecutado, el tesoro nacional habría percibido unos 25 billones de pesos colombianos —casi 7 millardos de dólares estadounidenses— adicionales.
Como consecuencia de este proyecto, se han presentado una serie de manifestaciones a lo largo y ancho de la nación andina. Otras de sus causas son el impacto económico de la pandemia del 2020 y el lento proceso de vacunación. Varios de los disturbios han sido muy violentos y destructivos, rayando en el vandalismo. No digo que no haya motivos para sentirse inconformes, pero destrozar sus propios servicios públicos y los bienes de aquellos que nada tienen que ver con el problema no ayuda a mejorar la situación general.
La economía de cualquier país, afirman sus estudiosos, es un «cuero seco». Esto es, si lo pisan por un lado, se levanta por el otro. El tema que nos congrega ejemplifica perfectamente esta premisa. Modificar y crear impuestos caldeó el ánimo social. Si lo miramos bien, tiene su lógica: lo menos que desea una sociedad en crisis es pagar más por lo mismo. En el caso venezolano, lo podemos equiparar al fenómeno hiperinflacionario. Los colombianos, en cambio, no quieren tributar más.
En el siglo XX, crisis como la Gran Depresión llevaron a los expertos a plantearse alternativas para la recuperación. Aumentar tributos era una opción, pero esta medida conllevaba al aumento de precios, el cierre de empresas y mayor desempleo. Motivado a ello, se inclinaron por políticas de austeridad —gastar menos— y, sobre todo, de inyección de capitales —fomentar el consumo— para reactivar las economías nacionales.
Así las cosas, no tiene sentido que, en plena recesión, las autoridades opten por aumentar los impuestos. Sí es plausible cualquier intento por mejorar las finanzas públicas, después de todo, esos fondos sirven para lograr las metas trazadas por el polémico proyecto de ley y otras más. No pongo en duda las intenciones del gobierno neogranadino, pero en estas circunstancias no parece la vía más conveniente.
La verdadera apuesta en cualquier parte del mundo —incluyendo a nuestro país— debe ir orientada a la generación de riqueza. Que la gente de a pie y las empresas comiencen a disponer de mayores cantidades de recursos. Esto ayudará a mejorar las condiciones de vida de la población y el gobierno podrá cobrar más sin modificar los tributos. Como dice el dicho, “la riqueza no trae la felicidad”, pero vaya que contribuye a alcanzarla.
Mientras esto ocurría en Colombia, casi todos los demás países iban en dirección contraria. La mayoría de ellos han aprobado billonarios rescates inyectando capital. Su prioridad ha sido reactivar los sectores que hacen vida económica en cada país.
Para fortuna de los detractores, el mismo presidente Duque retiró el proyecto de ley a pocos días de iniciadas las protestas. Desde entonces, las que se hayan llevado a cabo obedecen a las otras causas mencionadas. Asimismo, las autoridades están buscando otras formas de llenar el erario público. Que hayan suspendido su aprobación no quiere decir que no hagan nada para recaudar más. Estemos claros: gobiernos y gente común persiguen mayores ingresos.
Esta es una lección que todos los líderes deben aprender. Naturalmente, unos más que otros. Son teorías tan viejas que me da pena tener que recordarlas en pleno siglo XXI. Lamentablemente, el presidente Duque la aprendió por las malas. Aun así, su concesión hacia los manifestantes habla de su carácter tolerante y abierto al debate.
NOCHE DE RONDA 038
20 de abril de 2024
Plebiscito busca «resguardar» seguridad del Gobierno
20 de abril de 2024
Lo más visto
