Opinión
Universidades en sombras del silencio

Luis Fernando Ibarra*

El desempeño del liderazgo universitario en Venezuela fue un faro ético para la sociedad. Hoy parece un ejercicio de equilibrismo burocrático y personal. Quienes ostentan cargos de representación rectoral, decanatos o vocerías gremiales en las principales instituciones de educación superior del país enfrentan una disyuntiva obligante. Tienen ante sí la opción de actuar como la reserva intelectual y moral en las horas más oscuras de la nación, o reducir sus funciones a la administración rutinaria de una ruina material. El silencio que impera en casi todos los despachos rectorales y los consejos universitarios, frente a la evidente realidad no es prudencia ni resguardo institucional. Es la capitulación ética de una institución que por definición ontológica nació para ser libre y defender la libertad.

La justificación detrás de este silencio es intuida por la comunidad como mecanismo de domesticación presupuestaria aplicado por el poder central. El Estado controla los recursos operativos, secuestra la nómina de personal y desconoce los derechos laborales. Además, bajo el desmantelamiento contralor, el poder descuida los procesos auditores internos para facilitar las tentaciones del funcionario para cuando sea necesario, tenerlo a disposición cual rehén canjeable. El estado ofrece migajas financieras para garantizar la mínima operatividad a cambio de sumisión institucional que muestre un silencio absoluto. El ahogo económico ha pulverizado el salario de los profesores y destruido los campus, además de doblegar el espíritu de sus autoridades. Se trata de un chantaje permanente; migajas financieras y tolerancia administrativa a cambio de sumisión institucional. Sin embargo, ceder ante esta coacción desnaturaliza la esencia misma de la academia y de los cuerpos gremiales. Cuando los líderes universitarios anteponen su comodidad personal, a la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos, están aceptando las reglas de una subordinación que destruye la autonomía con la misma eficacia demoledora que un decreto de intervención judicial.  

Existe una contradicción epistemológica cuando la universidad y sus sindicatos pretenden exigir respeto en las aulas y en las mesas de negociación, mientras sus cúpulas miran hacia otro lado ante el sufrimiento de sus propios miembros y de los problemas de su sociedad. El repliegue hacia una supuesta neutralidad tecnocrática o el refugio en la agenda solo reivindicativa no protege a la institución del opresor. La prudencia institucional y el cálculo sindical cuando se prolongan de manera indefinida ante la injusticia flagrante son factores cómplices de normalización del abuso estatal. No son excusas de supervivencia legítimas. Al callar ante cualquier violación, ya sea un salario de hambre, la censura del conocimiento, el acoso a la disidencia o la privación abusiva de la libertad, las autoridades y los gremios transigen que el miedo dicte las pautas de la convivencia nacional.

El silencio colectivo es un freno psicológico que no surge de la indiferencia. Por un lado, el temor a la represión ya sea política o institucional, establece un costo prohibitivo para la disidencia, transformando la prudencia en una forma de supervivencia. Por el otro, la conveniencia personal y el deseo de preservar la estabilidad cotidiana actúan como un poderoso sedante. Ante el riesgo de desestabilizar el entorno propio o perder el statu quo, el individuo opta por replegarse a su esfera privada. Así el silencio se racionaliza como una claudicación moral y auto preservación frente a las nada despreciables presiones del ambiente. De seguro, durante su ceremonia de entrega de gestión, el funcionario se presentará como el más universitario de los universitarios y muchos aplaudirán sin fijarse en su complicidad por omisión.

La historia demuestra que las universidades autónomas siempre desempeñaron un rol fundamental como catalizadores del cambio nacional, y sus integrantes fueron defensores de la dignidad colectiva. La verdadera autonomía no se mide por la capacidad de administrar la miseria en silencio, sino por la inquebrantable firmeza ética de sus líderes ante los abusos del poder, vengan de donde vengan. Quién se mete a santo, tiene que aceptar las velas. Quienes dirigen hoy las universidades venezolanas y sus organizaciones representativas están moralmente obligados a alzar la voz sin ambigüedades o discursos elípticos, ni complicidades veladas. Confrontar el atropello corporativo es un deber institucional, pedagógico y gremial.  Por definición ontológica, la Universidad nació para ser libre y defender la libertad en todas sus manifestaciones. La máxima histórica de “vencer las sombras” no es un eslogan publicitario para colgar en los pasillos, discursos o comunicados gremiales. Esta consigna representa un mandato ético ineludible. Es tiempo de demostrar que el pensamiento crítico y la dignidad humana son valores universitarios.

*Ingeniero de Sistemas